Causa Triple A

Lluvia de balas para un intendente que molestaba

2012-02-08T00:17:00.000-08:00

El 14 de julio de 1975, la CNU asesinó al jefe comunal de La Plata, Rubén Cartier, por orden del gobernador Calabró.

Asesinado. El intendente Rubén Cartier, poco antes de ser asesinado por la CNU.

Poco a poco, la calefacción del Dodge Polara le ha devuelto el calor al cuerpo todavía vivo del intendente de La Plata, Rubén Cartier. El reloj que lleva en la muñeca izquierda marca las 20.45 y el frío de la noche del 14 de julio de 1975 es feroz. Los informes meteorológicos aseguran que forma parte de una ola que se prolongará por varios días. Cartier y sus acompañantes –su secretario privado, Alfredo Otero, y el director de Tránsito de la Comuna, Manuel Balverde– no hablan del frío, sino de un tema cada día más caliente: el enfrentamiento entre la ortodoxia política del Justicialismo, a la cual pertenece el intendente, con el gobierno bonaerense del sindicalista de ultraderecha Victorio Calabró, cuyos contactos con sectores golpistas ya son un secreto a voces. De eso tratará la reunión a la que Cartier tiene previsto concurrir en el Hotel República de la Capital Federal, donde lo espera el gobernador de una provincia del norte argentino, también enfrentado al sindicalismo y alineado con Isabel Perón.
El chofer Edgardo Villalba conduce con pericia, aunque un poco ausente. Es casi un reflejo que tiene para no distraerse con las conversaciones que el intendente suele mantener en el auto con sus ocasionales acompañantes. Ninguno de ellos sabe que esa tarde Alberto Bujía (a) el Negro, mano derecha de Calabró, ha salido con una orden precisa de la residencia donde el gobernador bonaerense se repone de una gripe. Tampoco que, por imperio de esa orden, un grupo de tareas integrado por culatas sindicales y miembros de la patota de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) que lidera Carlos Ernesto Castillo (a) el Indio ha abordado dos vehículos, una camioneta Chevrolet último modelo y un Ford Falcon 1974, para salir hacia Buenos Aires detrás del auto del intendente. La orden que han recibido es clara: tienen que hacerlo en el camino, lejos de La Plata.
Poco antes de las 21, el Dodge Polara ingresa a la avenida Mitre, última parte del trayecto a Buenos Aires. Entonces, los otros dos vehículos, que lo han seguido a más de cien metros mientras se desplazaban por el Camino Centenario, acortan la distancia. La camioneta –amarilla, con llamativas rayas rojas– encabeza la marcha, el Ford Falcon va atrás, como apoyo. Los asesinos no actúan todavía. Están esperando a que el auto del intendente entre en la jurisdicción de la comisaría de Sarandí, a la cual se le ha dado la orden de liberar la zona. No es una orden extraña para los policías, que se han acostumbrado a recoger los cadáveres acribillados que les deja la banda del Indio Castillo.
Faltan pocas cuadras para que el Dodge llegue al puente Sarandí cuando el conductor de la camioneta aprieta el acelerador y se pone a la par del auto del intendente. Nadie, dentro del Polara, presta atención a la maniobra. Villalba cree que la camioneta simplemente quiere adelantarse. Por eso, la lluvia de plomo que escupe la camioneta los sorprende. Son balas de ametralladora y de Itaka. Decenas de balas, que la CNU no acostumbra a economizar cuando se trata de matar. La mayoría se concentra en el asiento trasero del Dodge, donde están sentados Cartier y Balverde. El intendente muere instantáneamente; el director de Tránsito queda herido de gravedad y agonizará durante horas, antes de morir en el Hospital de Avellaneda. En el asiento delantero, Otero recibe heridas leves; el chofer Villalba demorará minutos en convencerse de que está milagrosamente ileso. El Dodge, perforado por las balas, queda detenido a un costado de la avenida Mitre. La camioneta y el Ford Falcon se pierden en dirección a Buenos Aires, con la misión cumplida.

Lavado de manos. Desde un primer momento, el gobierno de Victorio Calabró intentó endosarle el atentado a la izquierda peronista. La versión resultaba difícil de creer, ya que el intendente platense, aunque enrolado en la ortodoxia peronista e incondicional del gobierno nacional, no era un objetivo lógico para Montoneros. El gobernador, a través del secretario general de la gobernación, Juan De Stéfano, repudió el atentado. La CNU platense intentó despegarse del asesinato con un comunicado donde expresaba su “más enérgico repudio por este nuevo hecho de sangre que enluta al país y que, como muchos anteriores, forma parte de la estrategia del enemigo sinárquico, cuyos objetivos son la destrucción del Movimiento Nacional Justicialista y de la Nación Argentina”.
Como la versión del atentado por izquierda no cuajó, el gobierno bonaerense hizo llegar a periodistas de confianza otro rumor: que se trataba de un ajuste de cuentas por cuestiones de dinero y que, al ser asesinado, Cartier se dirigía a Buenos Aires llevando consigo una fuerte suma en pesos argentinos, dólares y pesos mexicanos con la intención de irse del país.
Esta versión también era completamente falsa. Cuando fue asesinado, Cartier iba a Buenos Aires para reunirse con el gobernador de La Rioja, Carlos Menem, quien se encontraba en la Capital Federal para participar de una reunión de gobernadores para elaborar un documento con dos ejes centrales: el apoyo a la gestión de Isabel Perón y un pedido de reorganización interna del Justicialismo. El documento –de más de mil palabras– fue dado a conocer el 15 de julio, con la firma de todos los gobernadores provinciales a excepción de uno: el bonaerense Victorio Calabró, quien según informaron los diarios del día siguiente, no había podido ser ubicado por sus colegas ni siquiera telefónicamente.
Muchos años después, en 2008, Carlos Menem confirmaría en una entrevista realizada por Pacho O’Donnell y publicada por la revista Gente, que Cartier iba a Buenos Aires para reunirse con él. “Eran tiempos de la ominosa Triple A. No tardaron en hacerme saber que me iban a matar. No le di mayor importancia –relató, canchereando, para luego seguir-. Había combinado una entrevista con el intendente de La Plata, Rubén Cartier, y lo esperé en mi habitación del Hotel República. Pero quienes llegaron fueron el gordo Gostanián y otros amigos, muy alterados, con la noticia de que a Cartier lo habían asesinado mientras se dirigía a nuestro encuentro. Entonces me trajeron a esta quinta (la de Gostanían, donde se realizó la entrevista con Pacho O’Donnell), tirado en el piso del auto, custodiado por algunos de la Federal que me eran leales y después, en cuanto se pudo, viajé a La Rioja, donde estaba más seguro.”

La ofensiva de Calabró. “El asesinato de Cartier fue consecuencia de la lucha política de la vieja ortodoxia justicialista con el sector gremial que había irrumpido en la dirección del Movimiento y que representaba a lo más rancio del viejo vandorismo. Calabró, además, ya estaba teniendo contactos con los militares golpistas. Cartier, que estaba alineado con Isabel, lo enfrentaba y lo resistía desde la intendencia de la capital provincial. Calabró utilizaba a la CNU para sacarse de encima a quienes lo enfrentaban; el atentado contra Cartier hay que leerlo en ese contexto”, dijo a Miradas al Sur un dirigente peronista que era concejal platense en 1975.
Muerto Rubén Cartier, la intendencia de La Plata quedó a cargo del presidente del Concejo Deliberante, Juan Pedro Brun, un dirigente del gremio platense del Turf. Desde que había asumido como gobernador –tras el desplazamiento de Oscar Bidegain-, Calabró había desplegado fuerzas en el Hipódromo de La Plata, que utilizaba para hacer caja. Como parte de esa ofensiva, había nombrado allí a varios notorios integrantes de la CNU. Como ya ha publicado Miradas al Sur, la CNU platense asesinó a varios delegados de los empleados del Hipódromo platense.
La primera directiva que el flamante intendente Brun recibió de Calabró fue casi una amenaza. De acuerdo con el reglamento, la presidencia del Concejo Deliberante debía quedar a cargo de su vicepresidente 1°, Babi Práxedes Molina, un dirigente que pertenecía a la izquierda peronista. “Si asume Molina, intervengo la intendencia”, le dijo Calabró a Brun. Para evitar la intervención, Molina renunció a la vicepresidencia del cuerpo y en su lugar asumió la concejal Centenari Heredia, afín al gobernador.

Por Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal

En 1975, la CNU se convirtió en una fuerza de ocupación en los colegios de la Universidad Nacional de La Plata.

2012-01-25T00:02:00.000-08:00

Por decisión del gobierno provincial de Victorio Calabró y de la intervención fascista en la Universidad Nacional de La Plata, los colegios universitarios de esa ciudad se transformaron, a partir del inicio del año lectivo de 1975, en área de operaciones y fuente de ingresos –mediante contratos docentes– para la Concentración Nacional Universitaria (CNU), integrada desde el año anterior al aparato terrorista del Estado. La presencia de conspicuos integrantes de esa organización y de familiares de sus ideólogos y mandantes en uno de esos colegios, el Liceo Víctor Mercante, no sólo muestra cómo la vigilancia y la represión de los estudiantes secundarios ocupó un lugar central en el accionar de la CNU platense sino que revela, a partir de una serie de legajos a los que tuvo acceso Miradas al Sur, una red de relaciones personales y familiares que conecta a los integrantes del grupo de tareas capitaneado por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio con el ideólogo de organización, el profesor de latín y literatura Carlos Alberto Disandro, con la Policía Bonaerense y con el subjefe del Distrito Militar La Plata, teniente coronel Mario Sila López Osornio, por entonces contacto de la CNU con el Ejército.
El desembarco de la fuerza de tareas de la CNU en el Liceo fue comandado por el médico policial Miguel Ángel Maldonado (a) El Cacique, primero como “asesor médico”, un cargo diseñado para incorporarlo al colegio y luego como rector. Con él llegaron Jorge Marcos Disandro, hijo de Carlos Alberto Disandro; Marila Rut López Osornio, hija del teniente coronel; Nora Raquel Fiorentino de Castillo, mujer de Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio; Ana María Fromigué, hermana del asesino Eduardo Fromigué (a) El Oso, y varios integrantes de la patota de Castillo, entre otros, Néstor Causa (a) El Chino, Ricardo Walsh (a) Richi y Guillermo Visciglia.

El doctor muerte. Miguel Ángel Maldonado (a) El Cacique, nacido en 1941 (L.E. 5.193.705), “doctor en Medicina, especialista en psicología médica y psiquiatría” –como se define de puño y letra en el legajo N° 1045 del Liceo Víctor Mercante– se desempeñaba por entonces como médico de la Policía Bonaerense y docente en el Colegio Nacional “Rafael Hernández”, también dependiente de la Universidad Nacional de La Plata.
Los alumnos de este último establecimiento lo tenían identificado, desde los tiempos de la dictadura autodenominada Revolución Argentina, como un médico estrechamente ligado a la represión policial. Uno de los autores de esta investigación, que lo padeció como profesor de Higiene en quinto año, fue testigo de un episodio que revela su personalidad. Corría 1973 y Maldonado estaba dando clase en una división de quinto año. Por lo general eran clases distendidas, ya que –para los no avisados– se mostraba generalmente como un tipo simpático, que permitía fumar en clase, menos afecto a desarrollar su asignatura que a conversar en confianza con sus alumnos, como manera solapada de sondear sus posiciones políticas. En medio de una de esas charlas descubrió (sucedió por el comentario desafortunado de un compañero de clase, que dijo: “Mire, profesor, lo que tiene fulano”) que uno de los alumnos había llevado al colegio un poster del Che Guevara. De pronto, el docente simpático y confianzudo se transformó en un tipo amenazante que miró fríamente a los ojos al desafortunado poseedor de la imagen y le advirtió con dureza, usando una triste frase de Juan Domingo Perón: “¡Tenga cuidado, señor, no saque los pies del plato!” Uno de los alumnos de esa división del Colegio Nacional, Roberto Rocamora, fue asesinado por la CNU en julio de 1975.
Maldonado ya era por entonces un hombre que participaba de la represión casi por un mandato hereditario. Su padre, portador del mismo nombre y también psiquiatra, había hecho de ella un culto. Luego del golpe del 24 de marzo de 1976, Miguel Ángel Maldonado (padre) fue nombrado director de la Escuela de Técnicos dependiente del Ministerio de Salud provincial. Desde el mismo día de su asunción, puso en práctica una política de terror con alumnos y empleados.Miradas al Sur pudo establecer a partir de varios testimonios que todas las mañanas, cuando llegaba a su despacho, obligaba a entrar primero a su secretaria o a algún otro empleado y los obligaba a revisar todos los cajones de la oficina, para ver “si hay una bomba”. Si había, que volaran ellos. También hizo correr su escritorio, que daba la espalda contra una ventana, para evitar que le dispararan “francotiradores subversivos”. Durante su gestión al frente de la escuela desaparecieron por lo menos siete personas que trabajaban allí, entre ellas tres enfermeras que también se desempeñaban en la Cruz Roja.
Tras la intervención de la Universidad Nacional de La Plata, a fines de 1974, Maldonado (hijo) fue nombrado vicerrector del Colegio Nacional como parte de la avanzada ultraderechista en los claustros. En marzo de 1975, sin abandonar ese cargo, también fue asignado al Liceo Víctor Mercante, como “asesor médico”. En septiembre de 1975, el rector de la universidad, el fascista Pedro Arrighi, decidió dejar de lado ese cargo de ficción y lo puso oficialmente al frente del colegio, como rector. Durante su gestión fue secuestrada y asesinada por lo menos una alumna.
Llegada la dictadura, Miguel Ángel Maldonado (a) El Cacique siguió trabajando como médico de la Policía bonaerense. Con la recuperación de la democracia se recicló en el justicialismo, partido por el cual fue precandidato a intendente de la ciudad de La Plata. Hoy se presenta como psiquiatra forense y consultor en psiquiatría y psicología médica, en cuyo carácter participa de programas televisivos y se desempeña como perito en causas judiciales. Quizá su actuación más recordada sea la que cumplió como perito de la defensa del odontólogo Ricardo Barreda –asesino de su mujer, sus dos hijas y su suegra–, causa en la que opinó que el acusado debía ser declarado “inimputable”.

Retrato de patota con familiares. Maldonado hizo entrar el terror por las puertas del Liceo Víctor Mercante y la CNU se transformó en una fuerza de ocupación dentro del colegio, que reprimía cualquier intento de actividad política y marcaba militantes. “Entraron al Liceo como bestias, pisando duro, con pata fuerte. Por entonces, todavía se podía resistir y lo hicimos. Hubo una rebelión, en marzo o abril de 1975, encabezada por militantes del Grupo de Estudiantes Secundarios Socialistas (Gress), con el apoyo de otras agrupaciones. Incluso paramos las clases por unos días y hubo una asamblea donde también hubo muchos padres que nos apoyaron. Pero después todo se fue diluyendo. Ellos fueron más solapados y la resistencia estudiantil fue aflojando, por desgaste y por temor”, relató a los autores de esta investigación un ex alumno del Liceo.
La investigación de Miradas al Sur identificó a varios de los integrantes de la CNU en el Liceo Víctor Mercante:
-Jorge Marcos Disandro (DNI 10.065.067, Legajo N° 1065), hijo del creador e ideólogo de la Concentración Nacional Universitaria, Carlos Alberto Disandro. Ingresó como preceptor a principios de 1975 y terminó desempeñándose en el estratégico cargo de Jefe de Disciplina hasta 1980, ya instalada la dictadura. No era activo participante de las acciones del grupo de tareas comandado por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, pero testimonios coincidentes de ex alumnos del Liceo lo definen como una pieza estratégica de la represión dentro del colegio.
-Néstor Causa (a) El Chino (Legajo N° 1025), ingresó al cuerpo de preceptores del Liceo el 1° de marzo de 1975. Conspicuo integrante de la patota de la CNU, la investigación de Miradas al Sur lo ubica en varias acciones de la banda, entre ellas el secuestro y asesinato del militante barrial peronista Jorge Ruda. En su legajo, denuncia que tiene otro empleo en el Hipódromo platense, otro escenario de las operaciones de la CNU por orden del gobernador Victorio Calabró.
-Guillermo Osvaldo Visciglia (DNI 10.679.774, Legajo N° 1041), ladero de Jorge Disandro, ingresó como auxiliar docente en marzo de 1975 y también fue reconocido por varios ex alumnos como integrante del aparato represivo montado en el cuerpo de preceptores. Su hermana Ana Rita también fue preceptora del Liceo en 1975.
-Ricardo Walsh (a) Richi (DNI 10.353.747, Legajo N° 1042), fue nombrado preceptor el 1° de marzo de 1975. En septiembre de ese año, Miguel Ángel Maldonado lo ascendió a “coordinador asistente del rector”, es decir, lo transformó en su nexo con el grupo de tareas que operaba dentro del colegio. Walsh participó de decenas de operaciones de la banda liderada por Castillo, entre ellas, el secuestro y asesinato de la delegada de los empleados de reunión del Hipódromo de La Plata y militante de la Juventud Peronista Luisa Marta Córica.
-Nora Raquel Fiorentino (DNI 10.353.781, Legajo N° 1027), viuda del CNU Martín Sala y por entonces mujer de Carlos Ernesto Castillo (a)El Indio. Ingresó como auxiliar docente el 1° de marzo de 1975. Trabajaba también en la Fiscalía de Estado y fue cesanteada en mayo de 1976, después de ser detenida cuando el grupo de tareas comandado por su marido fue desactivado por orden del jefe del Área de Operaciones 113 del Ejército, coronel Roque Carlos Presti.
Entre los nombramientos de auxiliares docentes de marzo de 1975, la investigación de Miradas al Sur encontró otro que resulta muy significativo. Se trata de la incorporación de Marila Rut López Osornio, hija del subjefe del Distrito Militar La Plata y contacto del Ejército con el grupo de tareas de la CNU, teniente coronel Mario Sila López Osornio. Este militar, junto con su hijo mayor, está relacionado directamente con por lo menos dos crímenes cometidos por la patota de la CNU: los asesinatos de Enrique Rodríguez Rossi (un militante de las FAL 22 infiltrado dentro de la organización) y el conscripto Marcelo Adrián Sastre, que revistaba en el Distrito Militar La Plata, ambos perpetrados en abril de 1975. Por esos días, López Osornio y su hijo también asesinaron a sangre fría, en plena calle, a Ricardo Manuel Guerra, de 31 años, un transeúnte que les pareció que los estaba vigilando. Como el hombre iba desarmado, le plantaron un revólver 38 corto y fraguaron un falso enfrentamiento en complicidad con policías de la Comisaría Primera de La Plata.
Miradas al Sur ha identificado también a otros integrantes de la Concentración Nacional Universitaria que operaron en el Liceo Víctor Mercante, pero por el momento no dará a conocer sus nombres para no obstaculizar esta investigación periodística.

Chicas muertas. El sábado 11 de octubre de 1975, en una de sus páginas interiores, el matutino platense El Día publicada un artículo titulado “Una joven fue hallada asesinada a balazos en la zona de Punta Lara”. En el texto se informaba que el cuerpo había sido encontrado por cazadores furtivos en el camino que une Villa Elisa con Punta Lara y que no se conocía la identidad de la víctima. “Se estima, según la rigidez que presentaba el cuerpo, que el asesinato se cometió alrededor del mediodía (del viernes 10), seis horas antes del hallazgo”, escribía un anónimo cronista. Recién el lunes 13 El Día dio a conocer la identidad de la víctima: Graciela René Astorga, de 20 años, alumna de quinto año del Colegio Nacional Mixto de Ensenada. También precisaba que la joven había sido asesinada mediante “disparos en la cabeza”, sin precisar el número. La policía, decía el artículo, no tenía pistas concretas para resolver el crimen.
El miércoles 15, el mismo matutino informó sobre el hallazgo del cadáver de otra joven, en este caso una adolescente, en la misma zona. La víctima fue identificada como Susana Aurora Zanandrea, de 17 años, alumna de quinto año del Liceo Víctor Mercante. “El crimen corresponde al mismo episodio del que fue víctima Graciela René Astorga. Ambas eran amigas”, precisaba El Día en la bajada del título. El cuerpo también presentaba impactos de bala en la cabeza.
Más de 35 años después, los autores de esta investigación han podido establecer, gracias a los testimonios de ex alumnos del Liceo cuyos nombres permanecerán en reserva, que Graciela René Astorga y Susana Aurora Zanandrea no sólo eran amigas, sino que ambas mantenían relaciones afectivas con sendos integrantes de la Concentración Nacional Universitaria que por entonces formaban parte del plantel de auxiliares docentes del Liceo Víctor Mercante. “Zanandrea estaba saliendo con uno de los preceptores, de los de la CNU, pero no se había dado cuenta de cómo venía la mano con esos tipos. Cuando algunos compañeros la avivaron, se abrió y cortó con él. Fue pocos días antes de que la mataran. A ella y a la otra chica”, relató a Miradas al Sur uno de esos ex alumnos del Liceo. Otra fuente, también del Liceo Víctor Mercante, dio otra versión a los autores de esta investigación: “Después del asesinato de las chicas, uno de los preceptores de la CNU se acercó a un grupo de estudiantes, entre los cuales había algunos militantes de izquierda que estábamos perfectamente identificados por ellos, y nos preguntó si sabíamos algo sobre el asesinato de Susana (Zanandrea). Estaba preocupadísimo y pensaba que podía haber sido algo preparado por una organización de izquierda, lo cual era ridículo. Después empezó a correrse la bola de que el secuestro y asesinato de las chicas tuvo que ver con un ajuste de cuentas de una patota sindical de Buenos Aires con la CNU platense, y que les habían pegado ahí, donde les podía doler”, explicó.
Miradas al Sur publicará los nombres de los dos integrantes de la CNU relacionados con las víctimas en un próximo artículo, dedicado exclusivamente al caso. Por ahora basta adelantar que, además de esa relación que conecta a las víctimas con miembros de la patota comandada por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, el lugar donde fueron encontrados los cadáveres era uno de los sitios que con más frecuencia utilizaba la CNU para ejecutar a sus víctimas.
La Justicia jamás investigó estos dos crímenes.

Listado

El 24 de diciembre pasado, los autores de esta investigación publicaron en Miradas al Sur un listado provisorio de 58 víctimas del grupo de tareas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) platense, comandado por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio. Hoy, menos de un mes después de la publicación, a aquella lista se deben agregar otros tres nombres. Y también es necesario aclarar el error cometido con una fecha.
Los nombres que se suman son los de Susana Aurora Zanandrea, de 17 años, alumna de quinto año del Liceo Víctor Mercante, y de Graciela René Astorga, de 20 años, estudiante del quinto año del Colegio Nacional Mixto de Ensenada . A ellos hay que agregarle el del por entonces intendente de la Ciudad de La Plata, profesor Rubén Cartier, asesinado el 14 de julio de 1975.
También, en la edición del 24 de diciembre pasado se decía que Luis Macor, militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) fue asesinado por la CNU en agosto de 1975, cuando en realidad su muerte fue perpetrada un año antes, en agosto de 1974. Con estas tres víctimas, la lista suma 61 muertos, pero aún dista mucho de estar completa.

Represores vigilantes

2012-01-11T00:10:00.000-08:00

Fogelman. De sabueso de Duhalde a custodio.

Promediando febrero de 2010, la Legislatura porteña dispuso que para marzo los registros de los dueños y empleados de las agencias de seguridad privada y sus antecedentes, deberían ser publicados en internet, para escrutinio de la sociedad civil. Transparencia PRO. En marzo, cuando Miradas al Sur publicó una nota sobre represores reciclados en el rubro de la seguridad privada en la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, los registros todavía se estaban digitalizando. Lamentándose por la dilación administrativa, un funcionario muy cercano al ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, dijo al ser consultado sobre el tema: “Qué complicación es eso, porque yo no sé si el Gobierno de la Ciudad tiene poder de vetar a un tipo. Yo lo que sí sé es que la responsabilidad por la contratación de un ex represor (sic) en definitiva es de la empresa privada, yo no sé el Gobierno de la Ciudad cuánto puede hacer, ¿no es cierto?”.
No sabía nada. La Ley 1913, sancionada en diciembre de 2005, establece en su artículo 5 los requisitos para integrar las firmas. El inciso g dice: “No haber sido condenado ni indultado por delitos que configuren violación a los derechos humanos”. A un marco de por sí laxo, el posterior decreto reglamentario 446 lo hace de goma: la Dirección de Seguridad Privada debe, “de creerlo pertinente”, solicitar informes sobre los postulantes al Ministerio de Derechos Humanos y Sociales, cosa no muy frecuente. Por esos vacíos legales transitan, como si fueran jubilaciones de privilegio, represores procesados, presos y sometidos a juicio, firmes sospechosos y ex comisarios y militares que predican desde sitios apologéticos de la dictadura. Incluso así, algunos vigiladores que hoy velan –con habilitaciones irregulares– por la suerte de instituciones, empresas, comercios, espacios públicos y personas, han sido indultados por sublevarse a la patria.
En la provincia el panorama podría ser peor. Los nombres de policías privados y empresarios del miedo no se difunden, pero casi todos los casos oscuros detectados en la Ciudad tienen su correlato provincial; a pesar de que la ley específica proscribe también a los procesados, Secretaría de Derechos Humanos bonaerense advirtió –sólo hasta 2009–, cuarenta casos con antecedentes, sin ninguna eficacia. Las nóminas públicas abrieron la caja de Pandora.

Los casos. El subprefecto retirado Jorge Marcelo de los Santos tenía 10 años cuando los hombres de Videla asaltaron la Casa Rosada. Sus ideas se fueron moldeando con la dictadura militar. Cuando cumplió los 21 años participó de los alzamientos de Semana Santa en 1987. Fue indultado en octubre de 1989. Hoy figura como vigilador habilitado de SSP Servicios de Seguridad Privada, que tiene la habilitación 00030 del gobierno de Macri, aunque rastrillando la web se lo puede encontrar con el cargo de gerente. Su empresa le presta servicios nada menos que a la Defensoría del Pueblo de la Nación, a Osde, al consulado de Perú, entre otros.
El subteniente Oscar Darío Minguitti también se sublevó aquella Semana Santa. Con De los Santos no sólo comparten el indulto de Carlos Menem, también su afición a la seguridad privada. Con su experiencia, Minguitti ganó el privilegio de ser uno de los escasos vigiladores autorizados a portar armas dentro de su empresa, Resguard SA, que opera en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires. Minguitti tiene responsabilidades varias. Entre sus custodiados se encuentra La Razón y Radio 10, pero también Pérez Companc, el Grupo Camuzzi y Esso.
Un tercer carapintada refuerza la seguridad de los porteños. Luis Alberto Brun cobró cierta notoriedad como carapintada: “Si Seineldín llega a morir pasaremos a ejecutar acciones especiales hasta asesinar a todo aquel personal que se oponga. Tenemos todos los medios para hacer lo que decimos”. Lo extraño es que fue contratado en 2004 por el entonces ministro de Seguridad León Arslanian como director de Planeamiento y Gestión del Ministerio y luego asignado a la coordinación entre los foros y el Ministerio. Nunca abandonó su hobby: hoy es jefe de Seguridad de Cooperativa de Provisión de Servicios en Seguridad Privada y renovó la habilitación el 14 de junio.
Estos ejércitos al mejor postor ofrecen una gama de servicios que va desde la custodia de edificios hasta la “investigación prelaboral de personal doméstico para countries”, como dice la plataforma de Trident Investigative. La Correpi asegura que los guardias privados son responsables de 2% de los 3.393 asesinatos desde 1983 hasta hoy: 63 muertes.
Sabiéndolo, no es menor la desidia de los gobiernos estatales para fortalecer las regulaciones y hacer cumplir las que existen. Este diario había anticipado en marzo de 2010 que Víctor Fogelman, el sabueso predilecto de Eduardo Duhalde, procesado por su participación en la represión ilegal en Bahía Blanca, era socio de la empresa Siccurezza, que tiene clientes como Lacoste y el Exxel Group, entre otros. Nada cambió desde entonces.
Similar es el caso del coronel retirado Jorge Luis Toccalino, que está siendo juzgado en Mar del Plata por decenas de privaciones ilegales de la libertad, tormentos, y dos homicidios en los chupaderos conocidos como La Cueva y la comisaría 4ª. Toccalino es el apoderado de Servicio de Guardi y Custodia SA, una agencia que tiene la bendición del alcalde y el gobernador.
Roberto Armando Balmaceda, jefe de la Sección Central de Reunión del Destacamento 101, un hombre de inteligencia preso por sus crímenes en La Cacha, es el director técnico de Grupo Seguridad Norte SRL, también con sedes en ambas jurisdicciones y autorizados a portar armas. Sus socios son Alicia González, su esposa, y uno de sus hijo, Ricardo.
Otros dos casos oscuros son los de los comisarios retirados de la Federal Rolando Nerone y Cayetano Nacarato. Nerone fue uno de los federales que desenmascaró Rodolfo Walsh, integrante de la célula que persiguió y secuestró exiliados cuando mandaba la Triple A. Participó del secuestro de la uruguaya Victoria Lucía Grisonas y el asesinato de su esposo Roger Julien. Julien alcanzó a herirlo en la pierna, lo que poco después le costó el retiro. En el legajo personal de Nacarato, su camarada, fue hallado el informe del comisario Alberto Obregón donde exaltaba la necesidad de “neutralizar en forma satisfactoria la actividad de organizaciones de tipo subversivo”, que utilizó el juez Daniel Rafecas hace unas semanas para procesarlo.
Nerone fue el centro de una polémica, porque la empresa que lo contrató hasta junio pasado –Anselmi SRL– custodiaba la Secretaría de Cultura de la Nación. Nacarato, por ahora lejos del banquillo, se mantiene indemne en sus sedes de la ciudad de Buenos Aires y de La Plata –a pesar de que la Secretaría de DD.HH. los observó en 2003– al frente de Audiseg SA, una agencia que ni siquiera tiene web.

Por Laureano Barrera
lesahumanidad@miradasalsur.com

Fiscal Demarchi será extraditado para juicio Triple A

2011-12-31T00:08:00.000-08:00

Sin obstáculos a la extradición

La Corte Suprema colombiana le negó asilo político al ex fiscal de Mar del Plata Gustavo Modesto Demarchi, quien está acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad cuando comandaba un grupo de Concentración Nacional Universitaria (CNU), una facción de ultraderecha que llegó a ser un apéndice de la Triple A. Demarchi, que fue candidato a intendente por el PJ en Mar del Plata, será extraditado a la Argentina para enfrentar un juicio, una vez que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, firme la orden de extradición.

Los magistrados de la Corte Suprema de Colombia rechazaron la solicitud de refugio de Demarchi “por improcedente”. El represor había alegado que está siendo perseguido políticamente en la Argentina por la Justicia, que había reclamado su extradición en una causa en la que está imputado junto a otros siete ex miembros de la CNU, detenidos con prisión preventiva. Se trata de Mario Ernesto Durquet, Raúl Moleón, José Luis Granel, Juan Carlos Asaro, Luis Roberto Coronel, Roberto Alejandro Justel y Juan Carlos Gómez.

Todos están acusados de los asesinatos de los militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) marplatense Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla Yanzi, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldenberg. Los jueces colombianos consideraron que “la discusión promovida ante el juez federal de la causa no es entre delitos políticos y delitos comunes, como lo afirma el defensor en este trámite de extradición, sino entre ‘delitos comunes prescriptibles y delitos de lesa humanidad imprescriptibles’