jueves, 11 de junio de 2020

Causa CNU: fuerte rechazo a la absolución del represor “Pipi” Pomares

Se trata de uno de los integrantes del grupo paraestatal CNU que cometía delitos de lesa humanidad en La Plata y Mar del Plata entre 1974 y 1976. Pomares junto a Carlos “El Indio” Castillo fueron juzgados en 2017
El Tribunal Oral Federal N° 1 dio a conocer el fallo donde absuelve al integrante de la banda paraestatal Concentración Nacional Universitaria (CNU) de La Plata, Juan José “Pipi” Pomares. . Organismos de derechos también expresaron su repudio y manifestaron que apelaran esta decisión

Pomares llegó al juicio como lugarteniente de Castillo y acusado por los homicidios de Carlos Antonio Domínguez (dirigente del gremio de los trabajadores del Hipódromo), Néstor Hugo Dinotto, Graciela Herminia Martini y la ‘sustracción de una persona con el fin de obligarla a hacer, no hacer, o tolerar algo contra su voluntad’ en perjuicio de Hugo Daniel Pastorini y Adelaida Úrsula Barón“.

En la sentencia del juicio a la CNU platense, el 28 de noviembre de 2017, Castillo fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en abril de 1976 pero Pomares fue absuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 por el “beneficio de la duda”. Sin embargo, esa absolución fue apelada  por otros querellantes, Justicia YA La Plata y otros-

En mayo de 2019, los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anularon el sobreseimiento y ordenaron al tribunal rever el fallo. Ayer, los jueces Pablo Vega, Germán Castelli y Alejandro Esmoris, del Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata ratificaron el sobreseimiento de Pomares.

Cabe recordar que una de las testigos del juicio, Claudia Bellingeri, perito judicial de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) sobre el archivo de la ex-Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba), describió un organigrama de la CNU La Plata realizado por ese organismo policial donde ubicó a Castillo como jefe y a Pomares como “capitán”.

Mientras que el sobreviviente de uno de los hechos cometidos el 4 de abril de 1976, Daniel Hugo Pastorino, durante el juicio lo señaló en un albúm como una de las personas que lo secuestró, persiguió, y fue quien más le pegó porque conocía a su propio hermano. También lo recordó como uno de los que lo llevó en el trayecto hasta la calle 2 y 32 donde lo liberaron. Ante los argumentos de ser un “testimonio ambiguo”, Casación remarcó claramente que los reconocimientos fotográficos son válidos, y que una declaración testimonial no requiere las exigencias de una rueda de reconocimiento.

Pomares fue parte del gabinete municipal entre los años 1991 y 2007; luego como miembro del Partido Justicialista se desarrolló como asesor en la legislatura bonaerense. En 2011 fue detenido por orden de la justicia federal, y en ese momento, trabaja con el senador provincial Carlos Mosee, del Frente para la Victoria (FpV).

Por su parte, desde HIJOS La Plata integrantes de una de las querellas (Justicia YA La Plata) aseguraron que “ninguno de los jueces platenses dudan de la pertenencia de Pomares a la CNU y su activo rol como parte de las acciones de la banda paramilitar, pero escudados en una cuestión técnica y poniendo en duda los valiosos testimonios de sobrevivientes directos de los hechos otorgan impunidad a uno de los asesinos más encumbrados de este grupo criminal”.  

Y concluyeron: “si con el fallo de 2017 se había logrado hacer reconocer que los crímenes cometidos por la CNU representan delitos de lesa humanidad pese a haberse cometido antes del 24 de marzo de 1976 ya que la banda actuaba con aquiescencia del Estado y estaba dirigida desde altas esferas del gobierno argentino, este nuevo fallo de impunidad significa un retroceso para completar las investigaciones, juzgar y castigar la totalidad de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado durante el tercer gobierno peronista”.

domingo, 7 de febrero de 2016

Un acto de justicia para una familia víctima de la Triple A

Un acto de justicia
El juez Norberto Oyarbide dictaminó que el asesinato de Carlos Banylis, delegado de la UTA, fue un delito de lesa humanidad y que toda su familia fue víctima de una privación ilegal de la libertad. Fue central el aporte de los archivos del Ministerio de Seguridad.

  Por Irina Hauser
Hubo un tiempo en que los colectiveros hacían malabares para cobrarle a cada pasajero y cortar el boleto, todo eso mientras manejaban. Esta destreza múltiple que debían desarrollar era un factor estresante por el que llegaron a cobrar un “plus por corte de boleto”. Carlos Banylis trabajaba en la línea 163 y era delegado sindical de la UTA cuando los choferes dejaron de recibir ese extra. Las protestas y el triunfo en una demanda judicial fueron el caldo de cultivo de una persecución feroz. Banylis era, además, militante del Partido Comunista. El 10 de junio de 1975 a la noche su casa en construcción, en Ituzaingó, se llenó de hombres armados, algunos con las caras semiocultas con medias de nylon, otros a cara descubierta, que entraron rugiendo su nombre. “¡Te vinimos a buscar, hijo de puta!”, gritó uno de ellos, tras empujar a su esposa, Nora, y sus tres hijos sobre la cama de donde lo arrancaron a él. Desde allí, acurrucados y encañonados, fueron testigos de su fusilamiento con sesenta balazos. Para ellos fue el comienzo de una pesadilla de diez años, en que peregrinaron por pueblos, escondiéndose. Porque en cada lugar donde llegaban los allanaban o amenazaban. 

Cuarenta años después, Nora se encontró en una situación a la que había renunciado casi desde siempre: sentada en un juzgado federal, mirando fotos, topándose de pronto con el rostro inconfundible de uno de los asesinos, el que le apuntaba a su hijo Alexis de cuatro años mientras otras bestias de la patota de la Triple A agarraban a su marido. Se llamaba Juan Carlos Yovino y era policía federal asignado en “comisión” al Ministerio de Bienestar Social de José López Rega, base de la banda parapolicial. Está muerto, pero su reconocimiento permitió que el juez Norberto Oyarbide dijera por primera vez que Banylis fue asesinado, que se trató de un delito de lesa humanidad y que toda su familia fue víctima de una privación ilegal de la libertad que prolongó sus marcas a través de los años.

Oyarbide firmó una resolución el lunes pasado y se las entregó personalmente a Nora y sus hijos en una pequeña ceremonia en su despacho en los tribunales de Comodoro Py. A ella le provocó un alivio inesperado, y una sensación de “reparación” que creyó que era utopía, según le cuenta a Página/12. “Por muchos años viví en las sombras. Tuve que callarme la boca, mentir y enseñarles a mis hijos a mentir cuando les preguntaban de qué había muerto el padre, para poder sobrevivir. Uno se calla, pero nunca se olvida. Por primera vez entiendo que yo también soy una víctima”, reflexiona. Alexis, quien hoy tiene 45 años, recuerda en voz alta, que la mentira que le salía decir era que su papá “había pisado un jabón, se cayó y murió”. No le gustaba mentir, pero a la vez se sentía dueño de un saber que otros no tenían sobre la existencia de la Triple A, la organización terrorista que mataba gente desde el aparato estatal. 

La sentencia, que tiene un carácter declarativo dice: “La familia Banylis ha vivido pánico, terror, silencios, soledad, abandono, persecución posterior, hambre, falta de escolarización, han postergado la elaboración del duelo propio de todo ello, no conociendo la verdad de lo ocurrido y por temor a continuar soportando consecuencias conmovedoras. Fue el Estado mismo quien lo causó”.

El hallazgo del ex subcomisario Rodolfo Almirón en España, en 2006, en una playa cercana a Valencia por una investigación del diario El Mundo, fue central. Almirón era pilar de la custodia de López Rega y fue lo que llevó a Oyarbide a reabrir la causa sobre la Triple A (que funcionaba desde el Ministerio de Bienestar Social en pleno gobierno de María Estela Martínez de Perón) que se remontaba a 1975 pero había sido archivada. El juez encontró que había un pedido de captura contra Almirón desde 1984, y España aceptó extraditarlo. También había ordenes de captura contra otros dos policías que custodiaban al “Brujo”, Juan Ramón Morales y Miguel Angel Rovira, quienes también fueron detenidos. En un comienzo, se les imputaron casos como el asesinato del diputado Rodolfo Ortega Peña, el abogado Alfredo Curutchet, del ex subjefe de la Policía Bonaerense Julio Troxler, del abogado Silvio Frondizi y su yerno Luis Mendiburu, del periodista Pedro Barraza y su amigo Carlos Laham, de Daniel Banfi y Luis Latrónica. Luego se sumó el del cura Carlos Mugica.

Los tres acusados iniciales murieron desde que se recomenzó la investigación. El expediente se convirtió en una megacausa. Llegó a acumular 680 casos de homicidios, secuestros y extorsiones. También se sumaron imputados, que formaban parte de la organización a través de relatos y documentación: Jorge Conti, Carlos Villones, Julio Yessi, Norberto Cozzani y Rubén Pascuzzi. Entre todo el enjambre de casos, estaba el de Banylis. En 2006, Alexis por coincidencia vivía en España y militaba en HIJOS allá. Sus otros dos hermanos, Valentina y Leónidas, se presentaron en el juzgado de Oyarbide y él se sumó después. Declararon y estuvieron sin noticias del juzgado por largo tiempo.

El aporte de carpetas con fotos que hizo el Ministerio de Seguridad, como parte de la documentación archivada que se remonta a los años setenta fue vital para la causa, y demuestra la capacidad que tienen muchos organismos del Estado de colaborar con el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad, con sus archivos, si existe una política enfocada en ese sentido. En este caso, a Nora primero la llamaron del juzgado para que hiciera un identikit de las personas que se acordara; más adelante, fue a ver fotografías. Cuando llegó a la número 57 empezó a temblar y se puso pálida. “¡Es éste!”, exclamó. Fue instantáneo. No tenía dudas. Se armó un pequeño revuelo en la oficina y los secretarios que estaban con ella llamaron al juez, que fue a contenerla. Después no reconoció a nadie más.

Carlos Banylis era rubio, de ojos claros, buen mozo y de origen lituano. Una persona, según lo recuerda Nora, que siempre se despertaba de buen humor. Tocaba la guitarra, cantaba y adoraba el folklore. Le gustaba charlar con los vecinos, que siguen yendo a los actos para recordarlo en el barrio. Su historia concentra la persecución terrorista a militantes del Partido Comunista y también del movimiento obrero. Banylis quedó casi sentado contra la medianera cuando le perforaron la cara y el resto del cuerpo de tantos balazos. Nora fue a la comisaría, y tuvo la sensación de que quienes le tomaban la denuncia habían estado en su casa. Cuando tantos años después pudo releer esa declaración original en el juzgado de Oyarbide, advirtió que habían cambiado su relato. Por ejemplo, ella había dicho que venían recibiendo amenazas telefónicas, y que la última había sido el fin de semana anterior, durante el cumpleaños de uno de los hijos. Eso no figuraba en el acta. “A Banylis lo vamos a hacer boleta”, escuchó una voz distorsionada cuando atendió ella el teléfono. Y su marido le dijo “esta vez es en serio”.

Nora no quiso volver nunca a la casa y, de hecho, tuvo que escapar con sus tres hijos. Primero fueron a Salta, donde tenían casa y amigos. Pero tuvieron un allanamiento ya después del golpe de Estado en 1976 y se fueron. Volvieron a estar en Buenos Aires, aunque rápidamente terminaron en Santiago del Estero. “Quería estar lejos y criar a mis hijos. Valentina ya había cambiado cuatro veces de escuela”, recuerda. En un pueblo, Campo Gallo, iniciaron una vida “normal”, los chicos empezaron a ir a la escuela, hasta que una de las maestras le contó que habían pasado preguntando por ella. A ella siempre le resonaba la frese que le había espetado uno de los hombres de la patota tras matar a su marido: “Ahora volvemos por vos”. En la desesperación quemó buena parte de sus pertenencias y le fue a pedir ayuda al cura del pueblo. Se llamaba Carlos, y le explicó a Nora que iría hasta el Arzobispado en Añatuya, en su Renault 4L, a hacer una consulta. “Nos advirtió que si veíamos que demoraba, nos fuéramos. Y que si tenía buenas noticias, a la vuelta daría una misa”, dice Alexis a este diario. “Por suerte volvió, y dio la misa, a nosotros nos bautizaron, fue todo muy emotivo”, cuenta. El recuerda algunos días que estuvieron viviendo en la parroquia. Que el sacerdote –”el Gordo”, como le decían– tenía una biblioteca inmensa y le gustaba jugar al ajedrez. “Como mi viejo era comunista, todo lo que tuviera que ver con la Unión Soviética me fascinaba. Tenía Los Hermanos Karamazov (la última novela de Dostoievski) y a mí me gustaba porque mi mamá sacó mi nombre de ahí. En un momento empecé a leer mucho porque me buscaba un mundo paralelo”, recapitula. Desde entonces vivieron en El Impenetrable, en Monte Quemado. Nora vendía ropa y muchas veces le pagaban, por ejemplo, con comida. No podía figurar en ningún lado. Ella misma, contó su hijo, apenas tenía un vestido marrón y llegó a pesar 35 kilos. En 1986 volvieron a Buenos Aires.

Por esa época Alexis por su cuenta intentó reconstruir la trayectoria de la vida de su papá y cómo habían llegado a fusilarlo. Buscó material sobre su militancia. Trató de entender el funcionamiento de la Triple A. La significación de la represión en Villa Constitución y el asesinato de Atilio López, titular de la UTA. Alexis fue, entre sus tantas iniciativas, a hablar con el fallecido Eduardo Luis Duhalde, quien fue secretario de Derechos Humanos, y lo apuntaló. También fue al juzgado de Morón a buscar el expediente original, que simplemente estaba archivado y allí le dijeron que no podían reabrirlo sin nada nuevo. Así estuvo, leyendo y golpeando puertas desde la adolescencia, sin poder terminar la secundaria.

Yovino ya no está para que lo juzguen por participar del asesinato de su papá y por tenerlo a él encañonado. Pero Alexis y sus hermanos sienten una alegría especial, de satisfacción. Su mamá, Nora, a los 68, también. “Este fallo me está cambiando la cabeza. Hoy puedo contar lo que pasó y entender que yo también soy víctima, y mis hijos también”. El fallo declara: “Estos delitos fueron cometidos por parte de la tristemente célebre organización delictiva autodenominada Triple A, resultando Juan Carlos Salvador Yovino coautor de las privaciones ilegales de la libertad cometidas contra la familia Banylis y partícipe necesario del homicidio de Carlos Banylis”.

jueves, 28 de enero de 2016

CNU: investigan la desaparición del nieto de una testigo

La Cámara de Casación hizo lugar a un habeas corpus efectuado por el abogado de la familia de Mirta Masid, quien prestó un testimonio clave en el juicio. Buscan a Dante Garbini, quien fue visto por última vez hace un mes en Mendoza.

Pese a que no existe aún “certeza alguna de que la desaparición (de Dante Garbini) esté relacionada” con la declaración de Mirta Masid –testigo clave en el juicio contra integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU)- la Cámara de Casación resolvió aceptar el habeas corpus presentado por la familia, en el que pidieron que se investigue la situación como una “desaparición forzada”. El joven de 21 años, nieto de la testigo contra la CNU, fue visto por última vez hace un mes en Mendoza.

Ante esta situación, la ONG En Red convoca a una concentración este domingo a las 19 frente a la Catedral, en la que se expondrá la situación y se pedirá celeridad para dar con el paradero del joven. Esto, mientras la Justicia Federal investiga si existe o no un vínculo entre la ausencia de Garbini y el hecho de que su abuela haya brindado un testimonio clave en el juicio por delitos de lesa humanidad.

“Sin certeza alguna de que la desaparición esté relacionada con la participación en dicho juicio de Mirta Masid, y sea cual fuere el motivo de esta desaparición, consideramos un deber expresarnos por el derecho a la vida y la exigencia de garantías que requiere el cumplimiento de ese derecho por parte de los organismos gubernamentales y judiciales”, explicaron desde En Red.
En ese sentido, la ONG repudió “este nuevo atropello contra la vida de un joven en nuestro país”. Por eso, decidieron convocar a la movilización que llevará como consigna “Aparición con vida de Dante Garbini ya”. “Solicitamos la participación en la marcha con esa única consigna y la inclusión del nombre de la organización en sus pancartas o banderas”, pidieron desde En Red.

 LA PRESENTACIÓN JUDICIAL 
En cuanto a la investigación, y según publicó Infojus Noticias, la causa judicial que motoriza la búsqueda pasó a la Justicia Federal a pedido de la familia de Dante, que denunció la posible “desaparición forzada” del joven. Uno de los elementos que sustenta este pedido es que Mirta Masid, fue una de las testigos en el juicio y otro aspecto que se consideró para autorizar el cambio de fuero es que Dante fue obligado a irse de una fiesta en la que participaba por la madrugada y la policía provincial era parte de la seguridad del evento.

“El fallo de la Cámara que habilita la competencia federal es histórico. Hasta ahora, en los casos de desapariciones en democracia, no se había dado algo así”, contó a el abogado de la familia, Pablo Salinas, quien además presentó una denuncia por el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Paralelamente, el Ministerio de Seguridad ofreció una recompensa de $20 mil para aquellos que pudieran aportar datos sobre el paradero del joven. Para otorgar cualquier información, se puso a disposición el 0800-555-5065 de forma anónima o el Facebook “Buscando a Dante Garbini Potrerillos 2015”.

LOS ÚLTIMOS RASTROS DE DANTE
Dante -por su profesión- vivía en el campamento base, en la montaña. Ahí, en el kilómetro 55 de la ruta 7, los turistas suelen contratar el servicio de rafting. En ese mismo lugar, Potrerillos, la noche del 19 de diciembre, se realizó la Moon Fest (Fiesta de la luna.) Esa madrugada, alrededor de las cuatro, Dante fue echado del lugar. Todas sus pertenencias quedaron en el campamento y, por eso, el joven partió a la casa de Antonio Cepeda, también guía, a pedirle dinero para viajar en micro hasta la localidad de Vistalba, donde vive su madre. Fue la última vez que alguien lo vio.

lunes, 14 de septiembre de 2015

Quedaron en libertad cinco integrantes de la Triple A

Se trata de Jorge Héctor Conti, periodista y yerno del ex ministro de Bienestar Social, “El Brujo” José López Rega; Carlos Alejandro Villone, ex secretario privado de López Rega; y Julio José Yessi, ex jefe de la Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA). Rubén Pascuzzi, Norberto Cozzani, un feroz torturador que durante la dictadura actuó bajo las órdenes de Ramón Camps, jefe de la Policía Bonaerense.
Por: Gloria Pagés
Todos ellos, salvo Cozzani condenado por crímenes de lesa humanidad, esperarán en libertad el momento del juicio. Esta decisión de los camaristas, pocas veces vista cuando se trata de jóvenes humildes que esperan años en prisión una sentencia, es un claro mensaje de impunidad.

La jueza de la causa, María Servini de Cubría, resolvió una prórroga de cuatro meses de prisión preventiva que fue denegada por la Cámara Federal, integrada por los camaristas subrogantes Luis Bunge Campos, Julio Lucini y Mariano Scotto quiénes le otorgaron el beneficio de la libertad condicional. Éstos argumentaron que los detenidos, todos ellos de más de 70 años y varios con arresto domiciliario, ya habían superado el plazo de tres años de prisión preventiva sin que se hubiera dictado sentencia, cumpliéndose así los “los dos tercios de la pena requerida” para el delito que se les imputa, asociación ilícita, que tiene una pena máxima de cinco años, según el viejo Código Procesal Penal, que es el que antiguo que rige en esta causa.

Esta misma Sala de Casación ya había dictado la falta de mérito y liberado a otros tres acusados originalmente, Carlos Jorge Duarte, Raúl Ricardo Arias y Rodolfo Alberto Roballos.
La Triple A fue la principal de las bandas parapoliciales de ultraderecha que utilizó el gobierno peronista para acallar a la vanguardia obrera y estudiantil de origen tanto peronista, como de izquierda y clasista. Se estima que entre 1500 y 2000 luchadores fueron asesinados por los sicarios de López Rega. Muchos de ellos luego se reciclaron como parte de la dictadura del 76 y en su mayoría están impunes. La reciente sedición de la Cámara abona esta tendencia.

La causa judicial contra los integrantes este grupo fascista, se inició en 1975 a partir de una denuncia del abogado Miguel Radrizani Goñi. Cuando muere López Rega, en 1989, se cierra y vuelve a abrirse en 2007 por orden del juez Oyarbide que reclama la extradición de España, de uno de los principales integrantes de la banda, Fernando Almirón, también hoy fallecido, autor directo del asesinato del cura tercermundista Carlos Mujica. Otro de los fallecidos, que debían juzgarse en esta causa, es Juan Ramón Morales, custodio de López Rega.

En este caso, como en muchísimas causas de lesa humanidad, el tiempo y la justicia corren a favor de los asesinos de la vanguardia obrera y estudiantil de los 70.

martes, 9 de junio de 2015

Amenazaron a testigo de la Triple A

Alberto Rodríguez, testigo directo de crímenes cometidos por la banda de la Triple A bahiense y querellante en la causa judicial, fue amenazado por un hombre pasadas las 20 de ayer. Acompañado por el abogado Daniel Fortunato, denunció los hechos ante el fiscal general Alejandro Cantaro. En las próximas horas comenzará la investigación pertinente.

Rodríguez fue testigo del asesinato del estudiante David “Watu” Cilleruelo ocurrido el 3 de abril de 1975 en los pasillos del ala de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur. Brindó su testimonio e impulsó la investigación contra integrantes de las patotas de la Alianza Anticomunista Argentina que en Bahía Blanca eran conducidas por el jefe de la CGT y diputado nacional, Rodolfo Ponce, y el interventor de la UNS, Remus Tetu.

Si bien ambos represores fallecieron impunes, a principios de abril los fiscales José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani requirieron el inicio de la acción penal contra varios integrantes de sus bandas. Luego de reiteradas quejas del Ministerio Público, el juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez ordenó detenciones. Hasta el momento fueron capturados Miguel Ángel Chisu en Trelew y Raúl Roberto Aceituno en Ing. White.

Tras participar en representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre de la reunión de la Mesa de Diálogo convocada por la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, Alberto Rodríguez dijo esta semana en FM De la Calle que respecto a la causa Triple A “el punto es si se quiere avanzar, Oyarbide lo utilizó como un método de apriete para tener una carpeta más con la cual sostenerse, avanzó en una detención y después no hizo nunca más nada. Pretenden que cada uno de los hechos cometidos, de los 24 en Bahía Blanca muertos por la Triple A, se haga un juicio único que es lo que pretendemos nosotros, no que tengamos que ir por cada asesinato y encontrar a los testigos del momento en que apretaba el gatillo y mataba a cada uno de los compañeros”.

“Lo que pedimos es: hay un listado, hay testigos de quienes operaron como la Triple A en Bahía Blanca, quiénes fueron los que participaron en hechos violentos y esa gente tiene que ir a juicio pese a que algunos ya empiezan a morir como el ‘Oso’ Chisu o Rodolfo Ponce. Pero que otros siguen caminando por las calles de Bahía o dictando clases en la Universidad”.

El testigo amenazado también denunció los supuestos vínculos del camarista federal Néstor Luis Montezanti con la Triple A. Fue en una sesión del Consejo Superior Universitario de la UNS donde se discutían asuntos vinculados a la actividad académica del abogado y ex Personal Civil de Inteligencia de la dictadura.

Aquel episodio le valió a Rodríguez ser querellado por Montezanti en 2008. Si bien el fallo fue parcialmente adverso para el militante popular, permitió que el juez correccional José Luis Ares probara que el actual camarista había estado presente, junto a un grupo de hombres armados, durante la toma de la UTN en 1974. Además, acreditó “suficientemente la pertenencia de Jorge Argibay y su grupo de matones a la tristemente célebre Triple A”.

viernes, 4 de julio de 2014

Un ex torturador de la Triple A fue detenido en Brasil: Salvador Siciliano estaba prófugo desde mayo

Salvador Siciliano, un ex torturador ligado a la Triple A, que estaba prófugo de la justicia desde mayo pasado, fue detenido ayer en Brasil a pedido del juez federal Norberto Oyarbide, quien lo investiga por diversos delitos de lesa humanidad presuntamente cometidos en en los años '70, antes del inicio de la última dictadura cívico-militar.
 
Tiempo Argentino

Siciliano fue capturado a través de un operativo conjunto de las filiales de Interpol de Argentina y el país vecino. Estaba en su casa de Arujá, localidad distante a media hora de la ciudad de San Pablo. Tenía sus documentos verdaderos y no opuso resistencia. Estaba junto a su esposa y sus hijos.
Siciliano tenía pedido de captura internacional en la causa 1075/2006, que sustancia Oyarbide. Se le imputan los delitos de asociación ilítica, homicidio, privación ilegal de libertad y lesiones, todos enmarcados en acciones de la Triple A, que lideraba José López Rega, referente de la derecha peronista y ministro de Bienestar Social en las presidencias de Juan Perón y María Estela "Isabelita" Martínez de Perón.

Según el diario digital brasileño Jornal do Brasil, a pesar de que a Siciliano se le atribuye la muerte de por lo menos tres personas, la justicia recién emitió la orden de captura en mayo porque "las investigaciones sobre las acciones de los grupos de exterminio avanzan con dificultad".
Álvarez señaló a ese medio que "al haber muchos casos (de delitos de lesa humanidad) bajo investigación, se dificulta la identificaçión de los acusados".
A partir de la detención de Siciliano, el gobierno argentino tiene 90 días para formalizar el pedido de extradición, que será analizado por el Supremo Tribunal Federal brasileño, que hace las veces de la Corte Suprema de Justicia local.

MUGICA. El 24 de junio pasado hubo otro novedad vinculada a la Triple A. Oyarbide dictó el procesamiento de Carlos Villones, el secretario privado de López Rega por el asesinato del cura Carlos Mugica, realizado por esa organización paraestatal el 11 de mayo de 1974. «

lunes, 23 de junio de 2014

El exsecretario privado de López Rega, procesado por el crimen de Mugica

Carlos Villone, quien se encuentra detenido y a las puertas de otro juicio en el marco de la causa que investiga la "asociación ilí­cita" de la Triple A, creada por el fallecido ministro de Bienestar Social, José López Rega, fue procesado ahora con prisión preventiva por el asesinato del sacerdote Carlos Mugica, ocurrido en 1974, atribuido a aquel grupo parapolicial.

El juez federal Norberto Oyarbide procesó a Villone como "autor" de los asesinatos del "cura obrero" y del militante de izquierda Carlos Llerena Rosas, cometido en el mismo año, hecho por el cual también fue procesado el periodista Jorge Conti, responsable de prensa del Ministerio de Bienestar Social y yerno de López Rega.

Tanto Conti como Villone ya están detenidos en el marco de la causa de la Triple A, junto con otros tres acusados, quienes serán sometidos a juicio con el "código viejo", es decir, en un proceso escrito y ante un solo magistrado, María Servini de Cubrí­a.