lunes, 14 de septiembre de 2015

Quedaron en libertad cinco integrantes de la Triple A

Se trata de Jorge Héctor Conti, periodista y yerno del ex ministro de Bienestar Social, “El Brujo” José López Rega; Carlos Alejandro Villone, ex secretario privado de López Rega; y Julio José Yessi, ex jefe de la Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA). Rubén Pascuzzi, Norberto Cozzani, un feroz torturador que durante la dictadura actuó bajo las órdenes de Ramón Camps, jefe de la Policía Bonaerense.
Por: Gloria Pagés
Todos ellos, salvo Cozzani condenado por crímenes de lesa humanidad, esperarán en libertad el momento del juicio. Esta decisión de los camaristas, pocas veces vista cuando se trata de jóvenes humildes que esperan años en prisión una sentencia, es un claro mensaje de impunidad.

La jueza de la causa, María Servini de Cubría, resolvió una prórroga de cuatro meses de prisión preventiva que fue denegada por la Cámara Federal, integrada por los camaristas subrogantes Luis Bunge Campos, Julio Lucini y Mariano Scotto quiénes le otorgaron el beneficio de la libertad condicional. Éstos argumentaron que los detenidos, todos ellos de más de 70 años y varios con arresto domiciliario, ya habían superado el plazo de tres años de prisión preventiva sin que se hubiera dictado sentencia, cumpliéndose así los “los dos tercios de la pena requerida” para el delito que se les imputa, asociación ilícita, que tiene una pena máxima de cinco años, según el viejo Código Procesal Penal, que es el que antiguo que rige en esta causa.

Esta misma Sala de Casación ya había dictado la falta de mérito y liberado a otros tres acusados originalmente, Carlos Jorge Duarte, Raúl Ricardo Arias y Rodolfo Alberto Roballos.
La Triple A fue la principal de las bandas parapoliciales de ultraderecha que utilizó el gobierno peronista para acallar a la vanguardia obrera y estudiantil de origen tanto peronista, como de izquierda y clasista. Se estima que entre 1500 y 2000 luchadores fueron asesinados por los sicarios de López Rega. Muchos de ellos luego se reciclaron como parte de la dictadura del 76 y en su mayoría están impunes. La reciente sedición de la Cámara abona esta tendencia.

La causa judicial contra los integrantes este grupo fascista, se inició en 1975 a partir de una denuncia del abogado Miguel Radrizani Goñi. Cuando muere López Rega, en 1989, se cierra y vuelve a abrirse en 2007 por orden del juez Oyarbide que reclama la extradición de España, de uno de los principales integrantes de la banda, Fernando Almirón, también hoy fallecido, autor directo del asesinato del cura tercermundista Carlos Mujica. Otro de los fallecidos, que debían juzgarse en esta causa, es Juan Ramón Morales, custodio de López Rega.

En este caso, como en muchísimas causas de lesa humanidad, el tiempo y la justicia corren a favor de los asesinos de la vanguardia obrera y estudiantil de los 70.

martes, 9 de junio de 2015

Amenazaron a testigo de la Triple A

Alberto Rodríguez, testigo directo de crímenes cometidos por la banda de la Triple A bahiense y querellante en la causa judicial, fue amenazado por un hombre pasadas las 20 de ayer. Acompañado por el abogado Daniel Fortunato, denunció los hechos ante el fiscal general Alejandro Cantaro. En las próximas horas comenzará la investigación pertinente.

Rodríguez fue testigo del asesinato del estudiante David “Watu” Cilleruelo ocurrido el 3 de abril de 1975 en los pasillos del ala de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur. Brindó su testimonio e impulsó la investigación contra integrantes de las patotas de la Alianza Anticomunista Argentina que en Bahía Blanca eran conducidas por el jefe de la CGT y diputado nacional, Rodolfo Ponce, y el interventor de la UNS, Remus Tetu.

Si bien ambos represores fallecieron impunes, a principios de abril los fiscales José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani requirieron el inicio de la acción penal contra varios integrantes de sus bandas. Luego de reiteradas quejas del Ministerio Público, el juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez ordenó detenciones. Hasta el momento fueron capturados Miguel Ángel Chisu en Trelew y Raúl Roberto Aceituno en Ing. White.

Tras participar en representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre de la reunión de la Mesa de Diálogo convocada por la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, Alberto Rodríguez dijo esta semana en FM De la Calle que respecto a la causa Triple A “el punto es si se quiere avanzar, Oyarbide lo utilizó como un método de apriete para tener una carpeta más con la cual sostenerse, avanzó en una detención y después no hizo nunca más nada. Pretenden que cada uno de los hechos cometidos, de los 24 en Bahía Blanca muertos por la Triple A, se haga un juicio único que es lo que pretendemos nosotros, no que tengamos que ir por cada asesinato y encontrar a los testigos del momento en que apretaba el gatillo y mataba a cada uno de los compañeros”.

“Lo que pedimos es: hay un listado, hay testigos de quienes operaron como la Triple A en Bahía Blanca, quiénes fueron los que participaron en hechos violentos y esa gente tiene que ir a juicio pese a que algunos ya empiezan a morir como el ‘Oso’ Chisu o Rodolfo Ponce. Pero que otros siguen caminando por las calles de Bahía o dictando clases en la Universidad”.

El testigo amenazado también denunció los supuestos vínculos del camarista federal Néstor Luis Montezanti con la Triple A. Fue en una sesión del Consejo Superior Universitario de la UNS donde se discutían asuntos vinculados a la actividad académica del abogado y ex Personal Civil de Inteligencia de la dictadura.

Aquel episodio le valió a Rodríguez ser querellado por Montezanti en 2008. Si bien el fallo fue parcialmente adverso para el militante popular, permitió que el juez correccional José Luis Ares probara que el actual camarista había estado presente, junto a un grupo de hombres armados, durante la toma de la UTN en 1974. Además, acreditó “suficientemente la pertenencia de Jorge Argibay y su grupo de matones a la tristemente célebre Triple A”.