Un acto de justicia
El juez Norberto Oyarbide dictaminó que el asesinato de Carlos Banylis, delegado de la UTA, fue un delito de lesa humanidad y que toda su familia fue víctima de una privación ilegal de la libertad. Fue central el aporte de los archivos del Ministerio de Seguridad.
Por Irina Hauser
Hubo un tiempo en que los colectiveros hacían malabares para cobrarle a cada pasajero y cortar el boleto, todo eso mientras manejaban. Esta destreza múltiple que debían desarrollar era un factor estresante por el que llegaron a cobrar un “plus por corte de boleto”. Carlos Banylis trabajaba en la línea 163 y era delegado sindical de la UTA cuando los choferes dejaron de recibir ese extra. Las protestas y el triunfo en una demanda judicial fueron el caldo de cultivo de una persecución feroz. Banylis era, además, militante del Partido Comunista. El 10 de junio de 1975 a la noche su casa en construcción, en Ituzaingó, se llenó de hombres armados, algunos con las caras semiocultas con medias de nylon, otros a cara descubierta, que entraron rugiendo su nombre. “¡Te vinimos a buscar, hijo de puta!”, gritó uno de ellos, tras empujar a su esposa, Nora, y sus tres hijos sobre la cama de donde lo arrancaron a él. Desde allí, acurrucados y encañonados, fueron testigos de su fusilamiento con sesenta balazos. Para ellos fue el comienzo de una pesadilla de diez años, en que peregrinaron por pueblos, escondiéndose. Porque en cada lugar donde llegaban los allanaban o amenazaban.
Cuarenta años después, Nora se encontró en una situación a la que había renunciado casi desde siempre: sentada en un juzgado federal, mirando fotos, topándose de pronto con el rostro inconfundible de uno de los asesinos, el que le apuntaba a su hijo Alexis de cuatro años mientras otras bestias de la patota de la Triple A agarraban a su marido. Se llamaba Juan Carlos Yovino y era policía federal asignado en “comisión” al Ministerio de Bienestar Social de José López Rega, base de la banda parapolicial. Está muerto, pero su reconocimiento permitió que el juez Norberto Oyarbide dijera por primera vez que Banylis fue asesinado, que se trató de un delito de lesa humanidad y que toda su familia fue víctima de una privación ilegal de la libertad que prolongó sus marcas a través de los años.
Oyarbide firmó una resolución el lunes pasado y se las entregó personalmente a Nora y sus hijos en una pequeña ceremonia en su despacho en los tribunales de Comodoro Py. A ella le provocó un alivio inesperado, y una sensación de “reparación” que creyó que era utopía, según le cuenta a Página/12. “Por muchos años viví en las sombras. Tuve que callarme la boca, mentir y enseñarles a mis hijos a mentir cuando les preguntaban de qué había muerto el padre, para poder sobrevivir. Uno se calla, pero nunca se olvida. Por primera vez entiendo que yo también soy una víctima”, reflexiona. Alexis, quien hoy tiene 45 años, recuerda en voz alta, que la mentira que le salía decir era que su papá “había pisado un jabón, se cayó y murió”. No le gustaba mentir, pero a la vez se sentía dueño de un saber que otros no tenían sobre la existencia de la Triple A, la organización terrorista que mataba gente desde el aparato estatal.
La sentencia, que tiene un carácter declarativo dice: “La familia Banylis ha vivido pánico, terror, silencios, soledad, abandono, persecución posterior, hambre, falta de escolarización, han postergado la elaboración del duelo propio de todo ello, no conociendo la verdad de lo ocurrido y por temor a continuar soportando consecuencias conmovedoras. Fue el Estado mismo quien lo causó”.
El hallazgo del ex subcomisario Rodolfo Almirón en España, en 2006, en una playa cercana a Valencia por una investigación del diario El Mundo, fue central. Almirón era pilar de la custodia de López Rega y fue lo que llevó a Oyarbide a reabrir la causa sobre la Triple A (que funcionaba desde el Ministerio de Bienestar Social en pleno gobierno de María Estela Martínez de Perón) que se remontaba a 1975 pero había sido archivada. El juez encontró que había un pedido de captura contra Almirón desde 1984, y España aceptó extraditarlo. También había ordenes de captura contra otros dos policías que custodiaban al “Brujo”, Juan Ramón Morales y Miguel Angel Rovira, quienes también fueron detenidos. En un comienzo, se les imputaron casos como el asesinato del diputado Rodolfo Ortega Peña, el abogado Alfredo Curutchet, del ex subjefe de la Policía Bonaerense Julio Troxler, del abogado Silvio Frondizi y su yerno Luis Mendiburu, del periodista Pedro Barraza y su amigo Carlos Laham, de Daniel Banfi y Luis Latrónica. Luego se sumó el del cura Carlos Mugica.
Los tres acusados iniciales murieron desde que se recomenzó la investigación. El expediente se convirtió en una megacausa. Llegó a acumular 680 casos de homicidios, secuestros y extorsiones. También se sumaron imputados, que formaban parte de la organización a través de relatos y documentación: Jorge Conti, Carlos Villones, Julio Yessi, Norberto Cozzani y Rubén Pascuzzi. Entre todo el enjambre de casos, estaba el de Banylis. En 2006, Alexis por coincidencia vivía en España y militaba en HIJOS allá. Sus otros dos hermanos, Valentina y Leónidas, se presentaron en el juzgado de Oyarbide y él se sumó después. Declararon y estuvieron sin noticias del juzgado por largo tiempo.
El aporte de carpetas con fotos que hizo el Ministerio de Seguridad, como parte de la documentación archivada que se remonta a los años setenta fue vital para la causa, y demuestra la capacidad que tienen muchos organismos del Estado de colaborar con el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad, con sus archivos, si existe una política enfocada en ese sentido. En este caso, a Nora primero la llamaron del juzgado para que hiciera un identikit de las personas que se acordara; más adelante, fue a ver fotografías. Cuando llegó a la número 57 empezó a temblar y se puso pálida. “¡Es éste!”, exclamó. Fue instantáneo. No tenía dudas. Se armó un pequeño revuelo en la oficina y los secretarios que estaban con ella llamaron al juez, que fue a contenerla. Después no reconoció a nadie más.
Carlos Banylis era rubio, de ojos claros, buen mozo y de origen lituano. Una persona, según lo recuerda Nora, que siempre se despertaba de buen humor. Tocaba la guitarra, cantaba y adoraba el folklore. Le gustaba charlar con los vecinos, que siguen yendo a los actos para recordarlo en el barrio. Su historia concentra la persecución terrorista a militantes del Partido Comunista y también del movimiento obrero. Banylis quedó casi sentado contra la medianera cuando le perforaron la cara y el resto del cuerpo de tantos balazos. Nora fue a la comisaría, y tuvo la sensación de que quienes le tomaban la denuncia habían estado en su casa. Cuando tantos años después pudo releer esa declaración original en el juzgado de Oyarbide, advirtió que habían cambiado su relato. Por ejemplo, ella había dicho que venían recibiendo amenazas telefónicas, y que la última había sido el fin de semana anterior, durante el cumpleaños de uno de los hijos. Eso no figuraba en el acta. “A Banylis lo vamos a hacer boleta”, escuchó una voz distorsionada cuando atendió ella el teléfono. Y su marido le dijo “esta vez es en serio”.
Nora no quiso volver nunca a la casa y, de hecho, tuvo que escapar con sus tres hijos. Primero fueron a Salta, donde tenían casa y amigos. Pero tuvieron un allanamiento ya después del golpe de Estado en 1976 y se fueron. Volvieron a estar en Buenos Aires, aunque rápidamente terminaron en Santiago del Estero. “Quería estar lejos y criar a mis hijos. Valentina ya había cambiado cuatro veces de escuela”, recuerda. En un pueblo, Campo Gallo, iniciaron una vida “normal”, los chicos empezaron a ir a la escuela, hasta que una de las maestras le contó que habían pasado preguntando por ella. A ella siempre le resonaba la frese que le había espetado uno de los hombres de la patota tras matar a su marido: “Ahora volvemos por vos”. En la desesperación quemó buena parte de sus pertenencias y le fue a pedir ayuda al cura del pueblo. Se llamaba Carlos, y le explicó a Nora que iría hasta el Arzobispado en Añatuya, en su Renault 4L, a hacer una consulta. “Nos advirtió que si veíamos que demoraba, nos fuéramos. Y que si tenía buenas noticias, a la vuelta daría una misa”, dice Alexis a este diario. “Por suerte volvió, y dio la misa, a nosotros nos bautizaron, fue todo muy emotivo”, cuenta. El recuerda algunos días que estuvieron viviendo en la parroquia. Que el sacerdote –”el Gordo”, como le decían– tenía una biblioteca inmensa y le gustaba jugar al ajedrez. “Como mi viejo era comunista, todo lo que tuviera que ver con la Unión Soviética me fascinaba. Tenía Los Hermanos Karamazov (la última novela de Dostoievski) y a mí me gustaba porque mi mamá sacó mi nombre de ahí. En un momento empecé a leer mucho porque me buscaba un mundo paralelo”, recapitula. Desde entonces vivieron en El Impenetrable, en Monte Quemado. Nora vendía ropa y muchas veces le pagaban, por ejemplo, con comida. No podía figurar en ningún lado. Ella misma, contó su hijo, apenas tenía un vestido marrón y llegó a pesar 35 kilos. En 1986 volvieron a Buenos Aires.
Por esa época Alexis por su cuenta intentó reconstruir la trayectoria de la vida de su papá y cómo habían llegado a fusilarlo. Buscó material sobre su militancia. Trató de entender el funcionamiento de la Triple A. La significación de la represión en Villa Constitución y el asesinato de Atilio López, titular de la UTA. Alexis fue, entre sus tantas iniciativas, a hablar con el fallecido Eduardo Luis Duhalde, quien fue secretario de Derechos Humanos, y lo apuntaló. También fue al juzgado de Morón a buscar el expediente original, que simplemente estaba archivado y allí le dijeron que no podían reabrirlo sin nada nuevo. Así estuvo, leyendo y golpeando puertas desde la adolescencia, sin poder terminar la secundaria.
Yovino ya no está para que lo juzguen por participar del asesinato de su papá y por tenerlo a él encañonado. Pero Alexis y sus hermanos sienten una alegría especial, de satisfacción. Su mamá, Nora, a los 68, también. “Este fallo me está cambiando la cabeza. Hoy puedo contar lo que pasó y entender que yo también soy víctima, y mis hijos también”. El fallo declara: “Estos delitos fueron cometidos por parte de la tristemente célebre organización delictiva autodenominada Triple A, resultando Juan Carlos Salvador Yovino coautor de las privaciones ilegales de la libertad cometidas contra la familia Banylis y partícipe necesario del homicidio de Carlos Banylis”.
