martes, 23 de octubre de 2012

Los Juárez y la Triple A


El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero le tomará mañana declaración testimonial en su domicilio a Mercedes "Nina" Aragonés de Juárez, en el marco del juicio que se le sigue a diez represores por delitos de lesa humanidad. La testigo deberá responder acerca de sus vínculos con José López Rega y el papel desempeñado por la Triple A en los grupos de tareas locales, ya que ella fue subsecretaria de Acción Social mientras su marido ejercía la gobernación entre 1973 y 1976.

La decisión se tomó porque la ex mandataria provincial (de 86 años) no se presentó la semana pasada para responder preguntas de los magistrados y de las partes, debido a que un médico certificó que padecía problemas de salud, básicamente de índole psicológicos.

Por esa razón, se optó por evitar su desplazamiento al Juzgado Federal desde "La Rosadita", ubicada en el barrio Centenario de esta capital, para cumplir con esa citación, que fue promovida por la defensa técnica de Musa Azar, exsubsecretario de Informaciones justamente durante el mandato de "Nina", y uno de los acusados por la desaparición forzada de 44 personas.
El plan represivo en Santiago del Estero comenzó a gestarse en el año 1972 y terminó de articularse en 1976. El plan de seguimiento y exterminio se hizo sentir en el año 1974. A lo largo de estos años fueron militares, policías y civiles quienes sembraron el terror en suelo santiagueño. Allí, precisamente, se encontraban los representantes de la Triple A, que recién a lo largo de muchos años y según varios testigos se llegó a conocer sus nombres: José Marino y Oscar “El Boxeador” Niss. 

Uno de los primeros en confirmar esa versión fue Juan José Velasco, ex delegado de la SIDE en Catamarca, quien declaró en el año 1984, en la causa abierta por el secuestro y desaparición del ingeniero Bugatti. 

“En Santiago del Estero existía un grupo encargado de control político, ideológico y hubo una planificación de las acciones para contrarrestar el ‘accionar subversivo‘. El grupo estaba dirigido por Marina Aragonés, Musa Azar y otros”. 

Guardaespaldas 
También agregó: “En ese grupo se encontraban dos personas, integrantes de la Policía Federal Ferroviaria, traídas por Carlos Juárez como guardaespaldas”. 
Este grupo fue el responsable de las amenazas de muerte que durante el año 1974, en el nombre de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), se realizaron contra personas.

Hubo varias amenazas
Algunas de las personas que habrían recibido amenazas de Marino y Niss, integrantes de la Triple A, fueron el doctor Ricardo Cheble o bien el ex diputado provincial Guillermo Miguel, actualmente desaparecido. 
Otra de las personas que aportó datos sobre el accionar de la Triple A fue precisamente Avila Otrera. Este hombre declaró en el juicio por la “Megacausa”. 

Fue perseguido 
En dicha ocasión, reveló que fue perseguido y amenazado por integrantes de la Triple A. 
Incluso, recordó un hecho particular dentro de un bar ubicado a pocos metros del Banco Nación, cuando dos personas ingresaron a pedir “datos” sobre Avila Otrera y luego se retiraron sin dar explicaciones. 
“A mí me siguió la Triple A”, expresó en el juicio por la “Megacausa”.

Aragonés de Juárez fue detenida el día en que se produjo el golpe militar, el 24 de marzo de 1976, y permaneció detenida en el Penal de Mujeres hasta diciembre de ese año. Cuando fue liberada, de inmediato viajó a España, país en el que se había exiliado su esposo.

domingo, 7 de octubre de 2012

Procesamiento firme para dos asesinos de la CNU


El indio Castillo y Pipi Pomares. Los jueces Julio Víctor Reboredo y Carlos Román Compareid confirmaron los procesamientos.

Se trata de Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio y Juan José Pomares (a) Pipi, imputados por secuestros y asesinatos cometidos al amparo del Estado.
Los asesinos Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio y Juan José Pomares (a) Pipi sufrieron un duro revés en sus intentos por evitar el castigo que merecen por los crímenes cometidos mientras formaban parte del grupo terrorista paraestatal Concentración Nacional Universitaria (CNU), entre mediados de 1974 y fines de abril de 1976. La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, con la firma de los jueces Carlos Román Compareid y Julio Víctor Reboredo, confirmó sus procesamientos por los secuestros y asesinatos de gremialistas y militantes populares cometidos en tres operativos parapoliciales realizados en febrero y abril de 1976.
En el fallo, los camaristas consideraron probada prima facie la participación de Castillo en los hechos que tuvieron como víctimas a Carlos Antonio Domínguez (secuestrado y asesinado), Roberto Fiandor (secuestrado que logró escapar), Leonardo Guillermo Miceli (secuestrado y asesinado), Néstor Hugo Dinotto (secuestrado, torturado y asesinado), Graciela Herminia Martini (secuestrada, torturada y asesinada), Daniel Hugo Pastorino y Adelaida Úrsula Barón (secuestrados, sometidos a un simulacro de fusilamiento y liberados). Pomares, por su parte, está procesado por los últimos cuatro casos.
Además, al confirmar el procesamiento, los jueces Reboredo y Compareid enmarcaron los crímenes cometidos por Castillo y Pomares –junto con otros integrantes de la CNU cuyos nombres ya han sido publicados por la investigación de Miradas al Sur– como delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. “Existen razones generadas por la prueba reunida en esta causa –a la cual se ha referido extensamente el señor juez de grado (se refieren a Arnaldo Corazza)– para pensar que integrantes de uno de estos grupos paraestatales ilegales, posiblemente de la CNU, tuvieron intervención en los delitos investigados, los cuales fueron cometidos de manera planificada y de acuerdo con una política de persecución y eliminación de personas alentada o tolerada por el propio Estado”, señalaron.
Las reconstrucciones de los tres operativos parapoliciales por los cuales los jueces confirmaron los procesamientos de Castillo y Pomares también han sido publicadas con anterioridad en Miradas al Sur por los autores de esta investigación.

Asesinato de un gremialista. Carlos Antonio Domínguez, presidente de la Agremiación de Empleados por Reunión del Hipódromo de La Plata, fue secuestrado por la CNU la madrugada del 12 de febrero de 1976 en su domicilio de la calle 12 N° 533, de esa ciudad (ver nota “Domínguez va a ser boleta”, del 19 de junio de 2011). Poco antes, el mismo grupo de tareas había irrumpido en la casa de Roberto Fiandor, vocal del gremio, quien luego de ser reducido por imperio de las armas fue encerrado en el baúl de uno de los dos Ford Falcon utilizados en el operativo.
Con sus dos víctimas a bordo, la caravana se dirigió a la ruta provincial que conduce a la localidad de Magdalena, ubicada al sur de La Plata. En un punto del trayecto, Fiandor logró forzar desde adentro la cerradura del baúl del segundo Ford Falcon y arrojarse al pavimento. Milagrosamente ileso, emprendió una rápida carrera a campo traviesa sin ser alcanzado por las balas disparadas por varios integrantes del grupo parapolicial. A partir de entonces, vivió oculto y atemorizado, sin hablar del hecho durante décadas. Domínguez, trasladado en el asiento trasero del primero de los autos, no tuvo oportunidad. Su cadáver fue hallado a las 11 de la mañana cerca del paraje conocido como “La Viruta”, a la vera de la ruta provincial 20, que une La Plata con Magdalena. Según pudo reconstruir Miradas al Sur, fue asesinado con un disparo de Itaka por la espalda realizado por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio. Luego, el resto de la banda descargó sus armas sobre el cuerpo ya inerte del gremialista. En la autopsia se señaló que había sido impactado por más de 50 balas.
Los autores de esta investigación han identificado a la mayoría de los participantes del operativo de la madrugada del 12 de febrero de 1976. Además de Castillo y Pomares, el grupo de tareas de la CNU estuvo integrado, entre otros, por Dardo Omar Quinteros, Antonio Agustín Jesús (a) Tony, Martín Osvaldo Sánchez (a) Pucho, Alfredo Ricardo Lozano (a) El Boxer, Ricardo Calvo (a) Richard y Gerardo Blas (a) El Flaco.
La participación de Castillo está además probada por un elemento material. Al secuestrar a Domínguez, la patota también robó una serie de bienes del gremialista, entre ellos una máquina de escribir marca Engadinne 44 de 90 espacios, número de serie C94874. El 30 de abril de 1976, esa máquina fue hallada por la policía en la quinta que habitaba El Indio en la zona sur de La Plata, durante un allanamiento realizado luego de que la banda de la CNU fuera desactivada y varios de sus miembros detenidos por orden del jefe del Área de Operaciones 113, coronel Roque Carlos Presti, a quien el accionar por momentos indisciplinado de Castillo y sus hombres dejó de convenirle.

Cuatro militantes secuestrados. Néstor Hugo Dinotto, Graciela Herminia Martini, Adelaida Úrsula Barón y Daniel Hugo Pastorino fueron secuestrados la madrugada del 4 de abril de 1976, cuando circulaban por Villa Elisa, al norte de La Plata, en un taxi conducido por el último de ellos (ver nota “Cayó Pipi”, del 10 de julio de 2011). El taxi fue interceptado por dos o tres autos, desde los cuales los integrantes de la CNU dispararon contra las cubiertas para detenerlo. Los cuatro militantes de la izquierda peronista fueron obligados a subir a uno de los automóviles, un Peugeot 504 robado, en el que los condujeron a la esquina del Camino Centenario y la calle 422, donde se los sometió a un simulacro de fusilamiento.
“Después de ello –describe el fallo de los camaristas–, fueron llevados hasta una zona rural, en donde los secuestradores los amenazaron y sometieron a torturas a Dinotto y Martini, a quienes interrogaron sobre sus actividades políticas.” La investigación de Miradas al Sur pudo determinar que la “zona rural” a la que se refieren los jueces era en realidad una de las casas operativas del grupo de tareas de la Concentración Nacional Universitaria, más precisamente la vivienda del padre de El Indio Castillo, ubicada en diagonal 113 y 65, contra los fondos de la Facultad de Agronomía. Se trataba de una construcción que todavía existe, rodeada por una suerte de parque arbolado, donde la banda tenía una casa rodante. A esa tráiler fueron llevados, sucesivamente, Dinotto y Martini para ser torturados, mientras Pastorino y Barón permanecían en uno de los autos, vigilados por sus secuestradores, aterrorizados por las armas que les apuntaban y los gritos de sus compañeros.
Daniel Hugo Pastorino y su mujer, Adelaida Úrsula Barón, no fueron torturados y salvaron sus vidas debido a la llegada al lugar un miembro de la CNU que no había participado del operativo de secuestro. Este sujeto reconoció a Úrsula Barón, con uno de cuyos familiares tenía relación. Se produjo, entonces, el siguiente diálogo:
–¿Qué relación tiene usted con la familia Barón?
–Soy la hija menor –responde Adelaida.
–Vos sos hermana de alguien que tiene altos valores morales, de una persona recta, de bien. ¿Cómo puede ser que estés con estos asesinos? –dice el sujeto y, sin esperar respuesta, se da vuelta y les habla a los otros:
–A estos dos chicos no los tocan.
Treinta y cinco años después, el sentido de la escena quedará revelado con una explicación de Daniel Pastorino en el Juicio por la Verdad. “El hermano de mi ex mujer era militante nazi, pertenecía a Tradición Familia y Propiedad, era amigo de este hombre”, dirá. Y agregará: “Este hombre también era nazi, tenía una librería muy conocida en la ciudad”. La investigación de Miradas al Sur identificó al “librero nazi”: Patricio Errecarte Pueyrredón, también integrante de la CNU, propietario de la desaparecida librería La Barca, de diagonal 79 entre 55 y 56.
Poco después, Pastorino y Barón fueron liberados en una esquina de La Plata. “De nuestras caras se olvidan, no hablen con nadie de esto porque son boleta”, los amenazó Castillo antes de dar la orden de que los soltaran. Los cadáveres acribillados de Dinotto y Martini fueron encontrados la mañana siguiente en un descampado de City Bell.
Daniel Hugo Pastorino reconoció a dos de sus secuestradores: Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio y Juan José Pomares (a)Pipi. Los autores de esta investigación han logrado confirmar la participación de otros cuatro integrantes del grupo de tareas de la CNU, además de Errecarte Pueyrredón: Antonio Agustín Jesús (a) Tony, Alfredo Ricardo Lozano (a) El Boxer, Martín Osvaldo Sánchez (a) Pucho y Ricardo Calvo (a) Richard.

El delegado de Limpiolux. Leonardo Guillermo Miceli –estudiante de Ingeniería Química, militante montonero y empleado de Limpiolux, empresa dedicada a la limpieza de las instalaciones de Propulsora Siderúrgica, del Grupo Techint– fue secuestrado de su vivienda, en la calle 122 N° 1891, de La Plata, la madrugada del 19 de abril de 1976, por un grupo de personas fuertemente armadas que actuaron a cara descubierta (ver nota “El secuestro de Leonardo Miceli y el triste cabaret del Flaco Vela”, del 8 de abril de 2012).
Ana María Bossio, la mujer de Leonardo Guillermo Miceli, estaba en el dormitorio con su pequeño hijo cuando vio que una luz muy potente iluminaba el frente de la casa. Escuchó gritos y órdenes antes de que la patota derribara a golpes la puerta de entrada. Leonardo Guillermo Miceli intentó llegar hasta el dormitorio, en un reflejo inútil por protegerlos, pero los invasores –más de una decena de hombres jóvenes, de civil– se lo impidieron.
Poco después, Ana María Bossio escuchó el ruido de armas al ser amartilladas y luego una voz, deformada por un Handy, que ordenaba: “Móvil uno a móvil dos, ¡tiren al bulto y retírense!”. Cerró los ojos esperando escuchar los disparos, pero éstos no llegaron. “¡Vamos!”, gritó alguien desde la otra habitación. “¡Nos vamos!”, repitió el hombre al que después identificará como El Indio Castillo dentro del dormitorio. Antes de salir, le dijo:
–Boludita, si querés saber algo de tu marido, andá mañana en horario de oficina al Regimiento 7 y preguntá por él.
Apenas salieron del dormitorio, Ana María Bossio se levantó de la cama y, venciendo el terror, miró por la ventana. Alcanzó a ver cómo el grupo se repartía para subir a tres autos grandes con los motores en marcha. En uno de ellos llevaban a su marido.
Esa misma noche, el grupo de tareas de la CNU comandado por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio secuestró también a Carlos Satich, compañero de Miceli en Limpiolux, y a Horacio Salvador Urrera, un militante gremial peronista a quien se la tenían jurada desde hacía años (ver nota “Crónica de un asesinato anunciado”, del 16 de octubre de 2011). Fracasarán, en cambio, al intentar el secuestro de Alberto Bossio, hermano de la mujer de Miceli y también militante de Montoneros.
Los cadáveres acribillados de Leonardo Miceli, Carlos Satich y Horacio Urrera fueron encontrados al día siguiente en aguas del arroyo Santo Domingo, en jurisdicción de Sarandí, una de las zonas liberadas de que disponía el grupo de tareas de la Concentración Nacional Universitaria para sembrar los cuerpos de sus víctimas.

Delitos de lesa humanidad. El fallo de los camaristas Carlos Román Compareid y Julio Víctor Reboredo es claro al definir como de “lesa humanidad” los crímenes por los que están procesados Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio y Juan José Pomares (a) Pipi. Se trata de un encuadramiento fundamental para que, finalmente, pueda hacerse justicia, ya que se trata de delitos imprescriptibles.
En los fundamentos, los jueces citan una serie de decretos del gobierno de María Estela Martínez de Perón –es decir, previos al golpe del 24 de marzo de 1976– que propiciaron el accionar de grupos paraestatales como la Triple A, el Comando Libertadores de América (que operó básicamente en la provincia de Córdoba) y la Concentración Nacional Universitaria (principalmente, en La Plata y en Mar del Plata). Entre ellos hay tres que resultan clave para identificar las operaciones de la CNU como parte del aparato terrorista de Estado durante el gobierno peronista. Se trata de los decretos 2770, 2771 y 2772 del 6 de octubre de 1975, que establecen expresamente que las Fuerzas Armadas podrán “ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”.
La investigación de Miradas al Sur pudo establecer que unos pocos días después de la firma de estos decretos la Concentración Nacional Universitaria pasó a depender operativamente del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército (ver nota “El día que la CNU recibió órdenes del Ejército”, del 13 de noviembre de 2011). Hasta entonces, el grupo de tareas de Carlos Ernesto Castillo había respondido a una cadena arbórea de mandos que incluían al gobernador de la provincia de Buenos Aires, el sindicalista de ultraderecha Victorio Calabró, y a la Triple A, a través de Aníbal Gordon. Sin embargo, tras la firma del decreto, en una reunión realizada en la sede del Sindicato de Papeleros de Bernal y relatada mucho después por uno de sus participantes, el suboficial de Inteligencia Omar Orestes Vaello, “el Ejército arregla directamente con los citados Miguel Angel Tarquini (jefe de la Zona Sur de la CNU) y Patricio Fernández Rivero (a) El Manco, jefe nacional de la CNU, la operativa militar de la organización bajo supervisión de Inteligencia del Ejército”. En otras palabras, el gobierno peronista le transfirió a las Fuerzas Armadas el comando de una de sus organizaciones terroristas que sostenía desde el aparato del Estado.
Volviendo al fallo de los camaristas, Reboredo y Compareid se explayan en las características del accionar de la CNU que muestran sin equívocos que forman parte de un aparato terrorista montado desde el Estado. “Cabe destacar que en los tres casos sometidos a la revisión de esta Alzada, los operativos fueron practicados por hombres vestidos de civil, fuertemente armados, que irrumpieron en las casas de las víctimas o interceptaron sus vehículos con la finalidad de llevarse a las personas previamente individualizadas, quienes a las pocas horas aparecieron muertas en lugares alejados de la ciudad. En los casos de Domínguez y de Fiandor se trató de un ataque conjunto practicado en la misma noche”, explican. Y agregan: “También se presentan en autos otras características comunes a este tipo de delitos, como son el gran número de hombres que intervienen en ellos, la utilización de varios automóviles y de poderosas armas de fuego, la garantía de impunidad dada por la liberación de zonas para actuar sin interferencia de las fuerzas de seguridad y la escasa actividad judicial”.
Además de confirmar los procesamientos de Pomares y Castillo, el fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata tiene, por extensión, una importancia que trasciende ampliamente los crímenes a los que se refiere de manera específica. Al caracterizar el accionar de la CNU como parte del aparato terrorista de Estado, antes y después del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976, define la imprescriptibilidad –por tratarse de delitos de lesa humanidad– de todos los crímenes cometidos por esa organización.
Por Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal  -  dcecchini@miradasalsur.com

martes, 14 de agosto de 2012

La impunidad y la responsabilidad de Oyarbide y el gobierno

Por Mesa de Investigacion y Accion contra la Triple A

 Esta declaración fue entregada en mano al nuevo Secretario de DDHH de la Nacion, Martin Fresneda, el 31 de julio del 2012, en la sede del Espacio para la Memoria, en el ex Centro de Torturas de la ESMA, durante el homenaje que se lleva a cabo todos los años al asesinado diputado nacional, Rodolfo Ortega Peña. Copias de la misma tambien fueron entregadas a los 150 personas presentes, muchos de ellos funcionarios del gobierno, abogados, juristas, compañeros, familiares y amigos de Ortega Peña. La actividad estuvo precedida por la proyección del documental “Parapolicial Negro” del director V.J. Diment. A la pelicula le siguió un panel de oradores. Hasta el dia de la fecha, esta declaración no ha tenido respuesta oficial.

“En 1974, algunos dirigentes se dedicaban a cazar zurdos. El archivo fotografico es implacable. Es implacable.” Cristina Fernandez de Kirchner

• Hay que terminar con la impunidad de los asesinos de Ortega Peña y otros 1.500 intelectuales, activistas sindicales, dirigentes políticos. La responsabilidad del juez Oyarbide y el Gobierno
 
Rodolfo Ortega Peña defendía presos políticos de la dictadura militar de Lanusse y de los gobiernos Peronistas que le sucedieron en 1973. Era un revolucionario que denunciaba el pacto social y el programa neodesarrollista que implementaba el gobierno en cuyas listas electorales había sido elegido diputado. No dudo en formar un bloque unipersonal. Era un hombre, un militante, que no dudo en romper con las exigencias de la verticalidad para hablar con la verdad sobre los responsables de las bandas fascistas de la Triple A.

El 30 de mayo de 1974, Ortega Peña hablo en el sepelio de los obreros socialistas fusilados en Pacheco por la Triple A y responsabilizo a la burocracia sindical y al gobierno por la actuación de esta. Ortega Peña sostenía que la izquierda, los activistas sindicales y los revolucionarios debían unirse para defenderse y vencer a las bandas fascistas. Eso le costaría la vida, pero era un hombre apegado a la verdad.

La Triple A lo asesino el 30 de Julio de 1974. Sus asesinos permanecen impunes hasta la fecha, como lo son los responsables de mas de 1.500 asesinatos y desapariciones del terrorismo de estado de los gobiernos Peronistas entre 1973-76, el que precedió al mas extenso y profundo terrorismo de la dictadura militar (1976-1982).

A pesar de contar con un expediente con mas de 60 cuerpos con múltiple evidencia contra centenares de asesinos, la Causa Triple A, en manos del juez Dr. Norberto Oyarbide esta detenida y siendo descuartizada judicialmente para evitar la investigación y castigo de todos los responsables, muchos de los cuales luego pasaron a revestir en los Grupos de Tareas de la dictadura militar.

¿A quien se defiende? ¿Que se defiende?

El juez Dr. Norberto Oyarbide escribió pedidos de extradición defectuosos que impidieron hasta ahora traer al país a Isabel Peron. Mantuvo inactivo los expedientes y cuando fue censurado en dos oportunidades por la Camara procedió primero a producir un centenar de “incidentes” repetitivos e innecesarios (como pedir de nuevo a los querellantes que ratificaran sus denuncias) para ganar tiempo y finalmente procuro la detención de siete sospechosos sexagenarios, entre ellos el ex “periodista” Jorge Conti y Julio Yessi, el ultimo yerno de Lopez Rega y cabeza de la JPRA, una de las ramas de la Triple A.

Sin embargo hay fundadas sospechas de que no intenta juzgarlos sino mantenerlos en el limbo judicial, tal vez excarcelaros a sus domicilios, como ya lo hizo con Almiron, Rovira y Morales quienes nunca fueron juzgados y murieron de viejos. Mucho menos esperan los cientos de querellantes en la causa que se juzgue a los centenares de responsables directos e indirectos de esos crímenes de lesa humanidad.

Oyarbide ha desmembrado a la Triple A pervirtiendo no solo la justicia sino tambien la historia. Si bien reconoce por escrito que la Concentracion Nacional Universitaria (CNU) o la Juventud Sindical Peronista (JSP) o la Juventud Peronista de la Republica Argentina (JPRA), y otras organizaciones de derecha semejantes, cometieron actos de terrorismo y crímenes de lesa humanidad las ha declarado arbitrariamente como “no tributarias” de la Triple A cuando es publico y notorio, y existe abundante evidencia en contrario, derivando las acusaciones sobre estas organizaciones a otras jurisdicciones deteniendo la justicia y dificultando las causas de los querellantes en grado extremo. Con este método, Oyarbide ha desechado testigos y querellantes arbitrariamente. Busca con esto que cunda el desanimo y los acusadores desistan de sus esfuerzos.

La Triple A era una confederación de grupos de derecha, politicos, sindicales, militares y policíales que incluía a la Concentracion Nacional Universitaria (CNU); la Juventud Sindical Peronista (JSP), la JPRA, el CdeO, COR y otros grupos, junto a matones sindicales y miembros de las policías y las FFAA que, como en el caso de Cordoba actuaban bajo el nombre de Comando Libertadores de America u otros similares.

Esta confederación de derecha usaba el titulo genérico de Triple A y era protegida, armada y dirigida desde el estado, desde varios ministerios, secretarias y otras instituciones del estado, así como por sindicatos, la propia CGT, gobernaciones e intendencias del país.

El grupo de asesinos comandados por los Comisarios Morales, Almiron y Rovira alrededor del entonces Ministro Lopez Rega era solo una unidad de esta confederación terrorista de estado que se ocupaba de los blancos “VIP” (Ortega Peña ; Silvio Frondizi,; el Padre Mujica; Troxler y otros). La Triple A también inauguró, antes de la dictadura militar, campos de concentración como Automotores Orletti y llevaba a cabo los primeros pasos del llamado “Plan Condor.”

Desde la Masacre de Ezeiza a la Masacre de Pasco; desde la Masacre por la muerte de Ernesto Piantoni en Mar del Plata a la Masacre de socialistas en La Plata y de esta a la Masacre durante el llamado “Navarrazo” en Cordoba o en Villa Constitucion contra los trabajadores metalúrgicos, la Triple A es la expresión del terrorismo de estado sobre la que se monto la posterior operación de genocidio de la dictadura.

Oyarbide intenta culpar solo a Lopez Rega y un circulo a su alrededor del ex Ministro de unas 20 personas por todos los crímenes de la Triple A. Como la mayoría de esta veintena de personas han muerto, o se espera su fallecimiento en cualquier momento como los que han sido arrestados hace poco, la impunidad reinara al final del proceso judicial que marcha a paso de tortuga.

Una somera revision de los hechos y pruebas acumuladas bastaria para observar que varios Presidentes del pais (Menem y Duhalde entre ellos), candidatos presidenciales, gobernadores, intendentes, ex Ministros, altos dirigentes sindicales y oficiales policiales y militares de alta jerarquia mantuvieron estrechas relaciones, participaron, colaboraron y/o protegieron a los asesinos de la Triple A y se beneficiaron de sus crimenes para avanzar sus carreras y asentamiento en el poder.

Oyarbide se ha negado a indagar a Hugo Moyano y muchos otros potenciales responsables con la excusa de que militaban en organizaciones que, aunque ejecutantes de actos terroristas de lesa humanidad, no era tributarias de la Triple A. Oyarbide de hecho ha actuado en relacion al dirigente sindical mas como defensor del mismo que como juez. Cualquier juez honesto, con la evidencia a la vista, hubiese investigado el caso de Moyano y el de muchos otros dirigentes sindicales comprometidos.

Le ha permitido Oyarbide a estos sospechados de crimenes de lesa humanidad plantar testigos falsos que, cometiendo perjurio, han embarrado la cancha judicial – incluso a contramano de la evidencia incontrastable en su poder Oyarbide ha apoyado esos testimonios apócrifos - y también ha pasado por alto Oyarbide – como es común intentarlo por las defensas en los juicios contra los militares del “Proceso”- que los acusados traten de bastardear evidencia y desprestigiar testigos de cargo. Todo esto lo ha hecho el juez de la causa rescribiendo una y otra vez la teoría ya rechazada judicialmente de los “Dos demonios”.

El juez Oyarbide se ha negado a proteger testigos y no ha cumplido casi ninguna de la líneas investigativas propuestas por la fiscalía en la Causa.

Muchos miembros de la Triple A tienen hoy puestos prominentes en la política y el sindicalismo y esto es lo que se protege el juez de la causa – que incluso se ha mostrado públicamente en funciones sociales con algunos de ellos y por estas razones debe ser desplazado de la causa y esta entregada a un juez probo, dispuesto a llegar hasta el final en la investigación y el castigo de los responsables.

De lo contrario se implementara en nuestro país una de las mayores denegaciones de justicia de nuestro país contra víctimas del terrorismo de estado.

Las responsabilidades del gobierno

El actual gobierno nacional ha hecho de los DDHH, según sus propias declaraciones, “una política de estado.” Esto ha permitido la sanción de leyes anulando los perdones, amnistías, punto final y obediencia debida y abierto el cauce del juzgamiento de algunos militares genocidas y a un numero limitado de civiles. En nombre del estado se ha pedido perdón a la sociedad Argentina por esos crímenes de lesa humanidad de las FFAA y sus cómplices.

En un discurso reciente, la Presidenta ha dicho: “En 1974, algunos dirigentes se dedicaban a cazar zurdos. El archivo fotografico es implacable. Es implacable.” Sabemos que se refiere a la responsabilidad de aquellos que formaron parte y colaboraron con la Triple A y sabemos del archivo fotografico porque nosotros lo hemos construido con nuestras investigaciones.

Una política integral de DDHH demanda un tratamiento de todos los crímenes de lesa humanidad, no solo aquellos que son convenientes políticamente. Los crímenes de la Triple A deben ser investigados y sus culpables castigados:

El gobierno debe pedir en nombre del estado, perdón por los crímenes de lesa humanidad del periodo 1973-76;

Debe asegurar que la causa Triple A se movilice y los responsables de los crímenes sean investigados aportando para ello las pruebas existentes en los archivos en poder del estado y Impulsar el reemplazo del Dr. Oyarbide la causa y reemplazarlo por un juez y fiscales dispuestos a terminar con la denegación de justicia y protección de los culpables que imperan hoy.

El gobierno tiene los mecanismos legales para hacerlo incluyendo la Procuraduria General, la Secretaria de DDHH de la Nacion y el Consejo de la Magistratura, así como también le asiste el derecho de integrarse a las causas como parte y en el caso especifico de la Triple A impulsar su investigación. El gobierno también posee los archivos de inteligencia de la DIPBA, Prefectura, la Armada, el Ejercito y la Aeronautica y otros en donde figuran muchos de los mencionados como autores materiales y lideres políticos responsables de los crímenes de lesa humanidad de la Triple A.

A los querellantes y testigos comprometidos con la verdad les faltan los medios materiales para enfrentar esta tarea cíclopea y es responsabilidad del estado garantizar que las pruebas e investigaciones que han realizado estos, y que están a disposición de la justicia para cuando esta se decida a actuar – tengan su apropiado curso en los estrados de la justicia.

Actuar con firmeza le significaría a Ortega Peña y a los centenares de víctimas de la Triple A el homenaje mas honesto y pertinente, el de que se haga justicia en sus casos. Nosotros expresamos nuestra disposición a hacer nuestra parte, la estamos haciendo, para que se impute por sus crímenes a los responsables.

jueves, 7 de junio de 2012

Detienen a siete ex miembros de la Triple A

Es por crímenes ocurridos entre 1973 y 1976.
Un secretario y un yerno de López Rega, apresados.

Siete exmiembros de la extrema derecha del peronismo y excolaboradores del fallecido ministro de Bienestar Social José López Rega fueron detenidos acusados de crímenes contra la humanidad perpetrados por la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) entre 1973 y 1976.

Fuentes judiciales revelaron que los detenidos son el periodista Jorge Conti, yerno de López Rega, que fue su secretario de prensa y además presentador del noticiero del entonces Canal 11, y Carlos Alejandro Villone, exsecretario privado de López Rega.

También arrestaron a Julio Yessi, exjefe de la Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA); Raúl Ricardo Arias, Carlos Jorge Duarte y Rubén Pascuzzi, policía federal retirado.

La detención también alcanzó al excabo bonaerense Norberto Cozzani, que cumple prisión preventiva en la "causa Camps".

El juez federal Norberto Oyarbide, con intervención de la secretaria Patricia Palmisano, los indagó como presuntos organizadores de la "asociación ilícita" que formaba la Triple A, que guardaba su arsenal de ametralladoras y fusiles en los sótanos del ministerio. El único que se negó a declarar fue Yessi, muy conocido en el partido bonaerense de Lanús, mientras la defensa de Conti pidió su excarcelación y la de Villone solicitó la detención domiciliaria. Por ahora todos están detenidos en el penal bonaerense de Marcos Paz.

En esta causa el juez pidió a España la extradición de la expresidenta María Estela Martínez de Perón, residente desde 1981 en Madrid y muy vinculada a la familia del fallecido dictador ibérico Francisco Franco, pero la Justicia española denegó esa solicitud. Los demás acusados fallecieron: López Rega, los policías federales Juan Ramón Morales y Rodolfo Almirón -sindicado como el autor material del asesinato del sacerdote Carlos Mugica en 1974-, Miguel Ángel Rovira y el periodista Felipe Romeo, exdirector de la revista "El Caudillo".

Entre los hechos que se investigan en esta causa figuran los homicidios del exdiputado Rodolfo Ortega Peña, del exsubjefe de la Policía Bonaerense Julio Troxler y del hijo de tan sólo seis meses de edad de Raúl Laguzzi, exdecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La Triple A se presentó en 1973 mediante un atentado con bomba al entonces senador radical Hipólito Solari Yrigoyen, que sufrió heridas en las piernas y salvó su vida de milagro, y a partir de allí ejecutó unos 700 atentados contra la oposición política y la guerrilla, además de amenazas a intelectuales y artistas. Muchos debieron exiliarse.

Esta causa judicial se inició hace 37 años a partir de una denuncia del abogado Miguel Radrizzani Goñi y en 1989 se cerró luego del fallecimiento de López Rega. El 2 de febrero de 2007 fue reabierta por Oyarbide a partir de anoticiarse de la presencia de Almirón en España, que fue extraditado.

miércoles, 8 de febrero de 2012

Lluvia de balas para un intendente que molestaba

El 14 de julio de 1975, la CNU asesinó al jefe comunal de La Plata, Rubén Cartier, por orden del gobernador Calabró.

Asesinado. El intendente Rubén Cartier, poco antes de ser asesinado por la CNU.

Poco a poco, la calefacción del Dodge Polara le ha devuelto el calor al cuerpo todavía vivo del intendente de La Plata, Rubén Cartier. El reloj que lleva en la muñeca izquierda marca las 20.45 y el frío de la noche del 14 de julio de 1975 es feroz. Los informes meteorológicos aseguran que forma parte de una ola que se prolongará por varios días. Cartier y sus acompañantes –su secretario privado, Alfredo Otero, y el director de Tránsito de la Comuna, Manuel Balverde– no hablan del frío, sino de un tema cada día más caliente: el enfrentamiento entre la ortodoxia política del Justicialismo, a la cual pertenece el intendente, con el gobierno bonaerense del sindicalista de ultraderecha Victorio Calabró, cuyos contactos con sectores golpistas ya son un secreto a voces. De eso tratará la reunión a la que Cartier tiene previsto concurrir en el Hotel República de la Capital Federal, donde lo espera el gobernador de una provincia del norte argentino, también enfrentado al sindicalismo y alineado con Isabel Perón.
El chofer Edgardo Villalba conduce con pericia, aunque un poco ausente. Es casi un reflejo que tiene para no distraerse con las conversaciones que el intendente suele mantener en el auto con sus ocasionales acompañantes. Ninguno de ellos sabe que esa tarde Alberto Bujía (a) el Negro, mano derecha de Calabró, ha salido con una orden precisa de la residencia donde el gobernador bonaerense se repone de una gripe. Tampoco que, por imperio de esa orden, un grupo de tareas integrado por culatas sindicales y miembros de la patota de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) que lidera Carlos Ernesto Castillo (a) el Indio ha abordado dos vehículos, una camioneta Chevrolet último modelo y un Ford Falcon 1974, para salir hacia Buenos Aires detrás del auto del intendente. La orden que han recibido es clara: tienen que hacerlo en el camino, lejos de La Plata.
Poco antes de las 21, el Dodge Polara ingresa a la avenida Mitre, última parte del trayecto a Buenos Aires. Entonces, los otros dos vehículos, que lo han seguido a más de cien metros mientras se desplazaban por el Camino Centenario, acortan la distancia. La camioneta –amarilla, con llamativas rayas rojas– encabeza la marcha, el Ford Falcon va atrás, como apoyo. Los asesinos no actúan todavía. Están esperando a que el auto del intendente entre en la jurisdicción de la comisaría de Sarandí, a la cual se le ha dado la orden de liberar la zona. No es una orden extraña para los policías, que se han acostumbrado a recoger los cadáveres acribillados que les deja la banda del Indio Castillo.
Faltan pocas cuadras para que el Dodge llegue al puente Sarandí cuando el conductor de la camioneta aprieta el acelerador y se pone a la par del auto del intendente. Nadie, dentro del Polara, presta atención a la maniobra. Villalba cree que la camioneta simplemente quiere adelantarse. Por eso, la lluvia de plomo que escupe la camioneta los sorprende. Son balas de ametralladora y de Itaka. Decenas de balas, que la CNU no acostumbra a economizar cuando se trata de matar. La mayoría se concentra en el asiento trasero del Dodge, donde están sentados Cartier y Balverde. El intendente muere instantáneamente; el director de Tránsito queda herido de gravedad y agonizará durante horas, antes de morir en el Hospital de Avellaneda. En el asiento delantero, Otero recibe heridas leves; el chofer Villalba demorará minutos en convencerse de que está milagrosamente ileso. El Dodge, perforado por las balas, queda detenido a un costado de la avenida Mitre. La camioneta y el Ford Falcon se pierden en dirección a Buenos Aires, con la misión cumplida.

Lavado de manos. Desde un primer momento, el gobierno de Victorio Calabró intentó endosarle el atentado a la izquierda peronista. La versión resultaba difícil de creer, ya que el intendente platense, aunque enrolado en la ortodoxia peronista e incondicional del gobierno nacional, no era un objetivo lógico para Montoneros. El gobernador, a través del secretario general de la gobernación, Juan De Stéfano, repudió el atentado. La CNU platense intentó despegarse del asesinato con un comunicado donde expresaba su “más enérgico repudio por este nuevo hecho de sangre que enluta al país y que, como muchos anteriores, forma parte de la estrategia del enemigo sinárquico, cuyos objetivos son la destrucción del Movimiento Nacional Justicialista y de la Nación Argentina”.
Como la versión del atentado por izquierda no cuajó, el gobierno bonaerense hizo llegar a periodistas de confianza otro rumor: que se trataba de un ajuste de cuentas por cuestiones de dinero y que, al ser asesinado, Cartier se dirigía a Buenos Aires llevando consigo una fuerte suma en pesos argentinos, dólares y pesos mexicanos con la intención de irse del país.
Esta versión también era completamente falsa. Cuando fue asesinado, Cartier iba a Buenos Aires para reunirse con el gobernador de La Rioja, Carlos Menem, quien se encontraba en la Capital Federal para participar de una reunión de gobernadores para elaborar un documento con dos ejes centrales: el apoyo a la gestión de Isabel Perón y un pedido de reorganización interna del Justicialismo. El documento –de más de mil palabras– fue dado a conocer el 15 de julio, con la firma de todos los gobernadores provinciales a excepción de uno: el bonaerense Victorio Calabró, quien según informaron los diarios del día siguiente, no había podido ser ubicado por sus colegas ni siquiera telefónicamente.
Muchos años después, en 2008, Carlos Menem confirmaría en una entrevista realizada por Pacho O’Donnell y publicada por la revista Gente, que Cartier iba a Buenos Aires para reunirse con él. “Eran tiempos de la ominosa Triple A. No tardaron en hacerme saber que me iban a matar. No le di mayor importancia –relató, canchereando, para luego seguir-. Había combinado una entrevista con el intendente de La Plata, Rubén Cartier, y lo esperé en mi habitación del Hotel República. Pero quienes llegaron fueron el gordo Gostanián y otros amigos, muy alterados, con la noticia de que a Cartier lo habían asesinado mientras se dirigía a nuestro encuentro. Entonces me trajeron a esta quinta (la de Gostanían, donde se realizó la entrevista con Pacho O’Donnell), tirado en el piso del auto, custodiado por algunos de la Federal que me eran leales y después, en cuanto se pudo, viajé a La Rioja, donde estaba más seguro.”

La ofensiva de Calabró. “El asesinato de Cartier fue consecuencia de la lucha política de la vieja ortodoxia justicialista con el sector gremial que había irrumpido en la dirección del Movimiento y que representaba a lo más rancio del viejo vandorismo. Calabró, además, ya estaba teniendo contactos con los militares golpistas. Cartier, que estaba alineado con Isabel, lo enfrentaba y lo resistía desde la intendencia de la capital provincial. Calabró utilizaba a la CNU para sacarse de encima a quienes lo enfrentaban; el atentado contra Cartier hay que leerlo en ese contexto”, dijo a Miradas al Sur un dirigente peronista que era concejal platense en 1975.
Muerto Rubén Cartier, la intendencia de La Plata quedó a cargo del presidente del Concejo Deliberante, Juan Pedro Brun, un dirigente del gremio platense del Turf. Desde que había asumido como gobernador –tras el desplazamiento de Oscar Bidegain-, Calabró había desplegado fuerzas en el Hipódromo de La Plata, que utilizaba para hacer caja. Como parte de esa ofensiva, había nombrado allí a varios notorios integrantes de la CNU. Como ya ha publicado Miradas al Sur, la CNU platense asesinó a varios delegados de los empleados del Hipódromo platense.
La primera directiva que el flamante intendente Brun recibió de Calabró fue casi una amenaza. De acuerdo con el reglamento, la presidencia del Concejo Deliberante debía quedar a cargo de su vicepresidente 1°, Babi Práxedes Molina, un dirigente que pertenecía a la izquierda peronista. “Si asume Molina, intervengo la intendencia”, le dijo Calabró a Brun. Para evitar la intervención, Molina renunció a la vicepresidencia del cuerpo y en su lugar asumió la concejal Centenari Heredia, afín al gobernador.

Por Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal

miércoles, 25 de enero de 2012

En 1975, la CNU se convirtió en una fuerza de ocupación en los colegios de la Universidad Nacional de La Plata.

Por decisión del gobierno provincial de Victorio Calabró y de la intervención fascista en la Universidad Nacional de La Plata, los colegios universitarios de esa ciudad se transformaron, a partir del inicio del año lectivo de 1975, en área de operaciones y fuente de ingresos –mediante contratos docentes– para la Concentración Nacional Universitaria (CNU), integrada desde el año anterior al aparato terrorista del Estado. La presencia de conspicuos integrantes de esa organización y de familiares de sus ideólogos y mandantes en uno de esos colegios, el Liceo Víctor Mercante, no sólo muestra cómo la vigilancia y la represión de los estudiantes secundarios ocupó un lugar central en el accionar de la CNU platense sino que revela, a partir de una serie de legajos a los que tuvo acceso Miradas al Sur, una red de relaciones personales y familiares que conecta a los integrantes del grupo de tareas capitaneado por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio con el ideólogo de organización, el profesor de latín y literatura Carlos Alberto Disandro, con la Policía Bonaerense y con el subjefe del Distrito Militar La Plata, teniente coronel Mario Sila López Osornio, por entonces contacto de la CNU con el Ejército.
El desembarco de la fuerza de tareas de la CNU en el Liceo fue comandado por el médico policial Miguel Ángel Maldonado (a) El Cacique, primero como “asesor médico”, un cargo diseñado para incorporarlo al colegio y luego como rector. Con él llegaron Jorge Marcos Disandro, hijo de Carlos Alberto Disandro; Marila Rut López Osornio, hija del teniente coronel; Nora Raquel Fiorentino de Castillo, mujer de Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio; Ana María Fromigué, hermana del asesino Eduardo Fromigué (a) El Oso, y varios integrantes de la patota de Castillo, entre otros, Néstor Causa (a) El Chino, Ricardo Walsh (a) Richi y Guillermo Visciglia.

El doctor muerte. Miguel Ángel Maldonado (a) El Cacique, nacido en 1941 (L.E. 5.193.705), “doctor en Medicina, especialista en psicología médica y psiquiatría” –como se define de puño y letra en el legajo N° 1045 del Liceo Víctor Mercante– se desempeñaba por entonces como médico de la Policía Bonaerense y docente en el Colegio Nacional “Rafael Hernández”, también dependiente de la Universidad Nacional de La Plata.
Los alumnos de este último establecimiento lo tenían identificado, desde los tiempos de la dictadura autodenominada Revolución Argentina, como un médico estrechamente ligado a la represión policial. Uno de los autores de esta investigación, que lo padeció como profesor de Higiene en quinto año, fue testigo de un episodio que revela su personalidad. Corría 1973 y Maldonado estaba dando clase en una división de quinto año. Por lo general eran clases distendidas, ya que –para los no avisados– se mostraba generalmente como un tipo simpático, que permitía fumar en clase, menos afecto a desarrollar su asignatura que a conversar en confianza con sus alumnos, como manera solapada de sondear sus posiciones políticas. En medio de una de esas charlas descubrió (sucedió por el comentario desafortunado de un compañero de clase, que dijo: “Mire, profesor, lo que tiene fulano”) que uno de los alumnos había llevado al colegio un poster del Che Guevara. De pronto, el docente simpático y confianzudo se transformó en un tipo amenazante que miró fríamente a los ojos al desafortunado poseedor de la imagen y le advirtió con dureza, usando una triste frase de Juan Domingo Perón: “¡Tenga cuidado, señor, no saque los pies del plato!” Uno de los alumnos de esa división del Colegio Nacional, Roberto Rocamora, fue asesinado por la CNU en julio de 1975.
Maldonado ya era por entonces un hombre que participaba de la represión casi por un mandato hereditario. Su padre, portador del mismo nombre y también psiquiatra, había hecho de ella un culto. Luego del golpe del 24 de marzo de 1976, Miguel Ángel Maldonado (padre) fue nombrado director de la Escuela de Técnicos dependiente del Ministerio de Salud provincial. Desde el mismo día de su asunción, puso en práctica una política de terror con alumnos y empleados.Miradas al Sur pudo establecer a partir de varios testimonios que todas las mañanas, cuando llegaba a su despacho, obligaba a entrar primero a su secretaria o a algún otro empleado y los obligaba a revisar todos los cajones de la oficina, para ver “si hay una bomba”. Si había, que volaran ellos. También hizo correr su escritorio, que daba la espalda contra una ventana, para evitar que le dispararan “francotiradores subversivos”. Durante su gestión al frente de la escuela desaparecieron por lo menos siete personas que trabajaban allí, entre ellas tres enfermeras que también se desempeñaban en la Cruz Roja.
Tras la intervención de la Universidad Nacional de La Plata, a fines de 1974, Maldonado (hijo) fue nombrado vicerrector del Colegio Nacional como parte de la avanzada ultraderechista en los claustros. En marzo de 1975, sin abandonar ese cargo, también fue asignado al Liceo Víctor Mercante, como “asesor médico”. En septiembre de 1975, el rector de la universidad, el fascista Pedro Arrighi, decidió dejar de lado ese cargo de ficción y lo puso oficialmente al frente del colegio, como rector. Durante su gestión fue secuestrada y asesinada por lo menos una alumna.
Llegada la dictadura, Miguel Ángel Maldonado (a) El Cacique siguió trabajando como médico de la Policía bonaerense. Con la recuperación de la democracia se recicló en el justicialismo, partido por el cual fue precandidato a intendente de la ciudad de La Plata. Hoy se presenta como psiquiatra forense y consultor en psiquiatría y psicología médica, en cuyo carácter participa de programas televisivos y se desempeña como perito en causas judiciales. Quizá su actuación más recordada sea la que cumplió como perito de la defensa del odontólogo Ricardo Barreda –asesino de su mujer, sus dos hijas y su suegra–, causa en la que opinó que el acusado debía ser declarado “inimputable”.

Retrato de patota con familiares. Maldonado hizo entrar el terror por las puertas del Liceo Víctor Mercante y la CNU se transformó en una fuerza de ocupación dentro del colegio, que reprimía cualquier intento de actividad política y marcaba militantes. “Entraron al Liceo como bestias, pisando duro, con pata fuerte. Por entonces, todavía se podía resistir y lo hicimos. Hubo una rebelión, en marzo o abril de 1975, encabezada por militantes del Grupo de Estudiantes Secundarios Socialistas (Gress), con el apoyo de otras agrupaciones. Incluso paramos las clases por unos días y hubo una asamblea donde también hubo muchos padres que nos apoyaron. Pero después todo se fue diluyendo. Ellos fueron más solapados y la resistencia estudiantil fue aflojando, por desgaste y por temor”, relató a los autores de esta investigación un ex alumno del Liceo.
La investigación de Miradas al Sur identificó a varios de los integrantes de la CNU en el Liceo Víctor Mercante:
-Jorge Marcos Disandro (DNI 10.065.067, Legajo N° 1065), hijo del creador e ideólogo de la Concentración Nacional Universitaria, Carlos Alberto Disandro. Ingresó como preceptor a principios de 1975 y terminó desempeñándose en el estratégico cargo de Jefe de Disciplina hasta 1980, ya instalada la dictadura. No era activo participante de las acciones del grupo de tareas comandado por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, pero testimonios coincidentes de ex alumnos del Liceo lo definen como una pieza estratégica de la represión dentro del colegio.
-Néstor Causa (a) El Chino (Legajo N° 1025), ingresó al cuerpo de preceptores del Liceo el 1° de marzo de 1975. Conspicuo integrante de la patota de la CNU, la investigación de Miradas al Sur lo ubica en varias acciones de la banda, entre ellas el secuestro y asesinato del militante barrial peronista Jorge Ruda. En su legajo, denuncia que tiene otro empleo en el Hipódromo platense, otro escenario de las operaciones de la CNU por orden del gobernador Victorio Calabró.
-Guillermo Osvaldo Visciglia (DNI 10.679.774, Legajo N° 1041), ladero de Jorge Disandro, ingresó como auxiliar docente en marzo de 1975 y también fue reconocido por varios ex alumnos como integrante del aparato represivo montado en el cuerpo de preceptores. Su hermana Ana Rita también fue preceptora del Liceo en 1975.
-Ricardo Walsh (a) Richi (DNI 10.353.747, Legajo N° 1042), fue nombrado preceptor el 1° de marzo de 1975. En septiembre de ese año, Miguel Ángel Maldonado lo ascendió a “coordinador asistente del rector”, es decir, lo transformó en su nexo con el grupo de tareas que operaba dentro del colegio. Walsh participó de decenas de operaciones de la banda liderada por Castillo, entre ellas, el secuestro y asesinato de la delegada de los empleados de reunión del Hipódromo de La Plata y militante de la Juventud Peronista Luisa Marta Córica.
-Nora Raquel Fiorentino (DNI 10.353.781, Legajo N° 1027), viuda del CNU Martín Sala y por entonces mujer de Carlos Ernesto Castillo (a)El Indio. Ingresó como auxiliar docente el 1° de marzo de 1975. Trabajaba también en la Fiscalía de Estado y fue cesanteada en mayo de 1976, después de ser detenida cuando el grupo de tareas comandado por su marido fue desactivado por orden del jefe del Área de Operaciones 113 del Ejército, coronel Roque Carlos Presti.
Entre los nombramientos de auxiliares docentes de marzo de 1975, la investigación de Miradas al Sur encontró otro que resulta muy significativo. Se trata de la incorporación de Marila Rut López Osornio, hija del subjefe del Distrito Militar La Plata y contacto del Ejército con el grupo de tareas de la CNU, teniente coronel Mario Sila López Osornio. Este militar, junto con su hijo mayor, está relacionado directamente con por lo menos dos crímenes cometidos por la patota de la CNU: los asesinatos de Enrique Rodríguez Rossi (un militante de las FAL 22 infiltrado dentro de la organización) y el conscripto Marcelo Adrián Sastre, que revistaba en el Distrito Militar La Plata, ambos perpetrados en abril de 1975. Por esos días, López Osornio y su hijo también asesinaron a sangre fría, en plena calle, a Ricardo Manuel Guerra, de 31 años, un transeúnte que les pareció que los estaba vigilando. Como el hombre iba desarmado, le plantaron un revólver 38 corto y fraguaron un falso enfrentamiento en complicidad con policías de la Comisaría Primera de La Plata.
Miradas al Sur ha identificado también a otros integrantes de la Concentración Nacional Universitaria que operaron en el Liceo Víctor Mercante, pero por el momento no dará a conocer sus nombres para no obstaculizar esta investigación periodística.

Chicas muertas. El sábado 11 de octubre de 1975, en una de sus páginas interiores, el matutino platense El Día publicada un artículo titulado “Una joven fue hallada asesinada a balazos en la zona de Punta Lara”. En el texto se informaba que el cuerpo había sido encontrado por cazadores furtivos en el camino que une Villa Elisa con Punta Lara y que no se conocía la identidad de la víctima. “Se estima, según la rigidez que presentaba el cuerpo, que el asesinato se cometió alrededor del mediodía (del viernes 10), seis horas antes del hallazgo”, escribía un anónimo cronista. Recién el lunes 13 El Día dio a conocer la identidad de la víctima: Graciela René Astorga, de 20 años, alumna de quinto año del Colegio Nacional Mixto de Ensenada. También precisaba que la joven había sido asesinada mediante “disparos en la cabeza”, sin precisar el número. La policía, decía el artículo, no tenía pistas concretas para resolver el crimen.
El miércoles 15, el mismo matutino informó sobre el hallazgo del cadáver de otra joven, en este caso una adolescente, en la misma zona. La víctima fue identificada como Susana Aurora Zanandrea, de 17 años, alumna de quinto año del Liceo Víctor Mercante. “El crimen corresponde al mismo episodio del que fue víctima Graciela René Astorga. Ambas eran amigas”, precisaba El Día en la bajada del título. El cuerpo también presentaba impactos de bala en la cabeza.
Más de 35 años después, los autores de esta investigación han podido establecer, gracias a los testimonios de ex alumnos del Liceo cuyos nombres permanecerán en reserva, que Graciela René Astorga y Susana Aurora Zanandrea no sólo eran amigas, sino que ambas mantenían relaciones afectivas con sendos integrantes de la Concentración Nacional Universitaria que por entonces formaban parte del plantel de auxiliares docentes del Liceo Víctor Mercante. “Zanandrea estaba saliendo con uno de los preceptores, de los de la CNU, pero no se había dado cuenta de cómo venía la mano con esos tipos. Cuando algunos compañeros la avivaron, se abrió y cortó con él. Fue pocos días antes de que la mataran. A ella y a la otra chica”, relató a Miradas al Sur uno de esos ex alumnos del Liceo. Otra fuente, también del Liceo Víctor Mercante, dio otra versión a los autores de esta investigación: “Después del asesinato de las chicas, uno de los preceptores de la CNU se acercó a un grupo de estudiantes, entre los cuales había algunos militantes de izquierda que estábamos perfectamente identificados por ellos, y nos preguntó si sabíamos algo sobre el asesinato de Susana (Zanandrea). Estaba preocupadísimo y pensaba que podía haber sido algo preparado por una organización de izquierda, lo cual era ridículo. Después empezó a correrse la bola de que el secuestro y asesinato de las chicas tuvo que ver con un ajuste de cuentas de una patota sindical de Buenos Aires con la CNU platense, y que les habían pegado ahí, donde les podía doler”, explicó.
Miradas al Sur publicará los nombres de los dos integrantes de la CNU relacionados con las víctimas en un próximo artículo, dedicado exclusivamente al caso. Por ahora basta adelantar que, además de esa relación que conecta a las víctimas con miembros de la patota comandada por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, el lugar donde fueron encontrados los cadáveres era uno de los sitios que con más frecuencia utilizaba la CNU para ejecutar a sus víctimas.
La Justicia jamás investigó estos dos crímenes.

Listado

El 24 de diciembre pasado, los autores de esta investigación publicaron en Miradas al Sur un listado provisorio de 58 víctimas del grupo de tareas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) platense, comandado por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio. Hoy, menos de un mes después de la publicación, a aquella lista se deben agregar otros tres nombres. Y también es necesario aclarar el error cometido con una fecha.
Los nombres que se suman son los de Susana Aurora Zanandrea, de 17 años, alumna de quinto año del Liceo Víctor Mercante, y de Graciela René Astorga, de 20 años, estudiante del quinto año del Colegio Nacional Mixto de Ensenada . A ellos hay que agregarle el del por entonces intendente de la Ciudad de La Plata, profesor Rubén Cartier, asesinado el 14 de julio de 1975.
También, en la edición del 24 de diciembre pasado se decía que Luis Macor, militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) fue asesinado por la CNU en agosto de 1975, cuando en realidad su muerte fue perpetrada un año antes, en agosto de 1974. Con estas tres víctimas, la lista suma 61 muertos, pero aún dista mucho de estar completa.

miércoles, 11 de enero de 2012

Represores vigilantes

Fogelman. De sabueso de Duhalde a custodio.
 
Promediando febrero de 2010, la Legislatura porteña dispuso que para marzo los registros de los dueños y empleados de las agencias de seguridad privada y sus antecedentes, deberían ser publicados en internet, para escrutinio de la sociedad civil. Transparencia PRO. En marzo, cuando Miradas al Sur publicó una nota sobre represores reciclados en el rubro de la seguridad privada en la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, los registros todavía se estaban digitalizando. Lamentándose por la dilación administrativa, un funcionario muy cercano al ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, dijo al ser consultado sobre el tema: “Qué complicación es eso, porque yo no sé si el Gobierno de la Ciudad tiene poder de vetar a un tipo. Yo lo que sí sé es que la responsabilidad por la contratación de un ex represor (sic) en definitiva es de la empresa privada, yo no sé el Gobierno de la Ciudad cuánto puede hacer, ¿no es cierto?”.
No sabía nada. La Ley 1913, sancionada en diciembre de 2005, establece en su artículo 5 los requisitos para integrar las firmas. El inciso g dice: “No haber sido condenado ni indultado por delitos que configuren violación a los derechos humanos”. A un marco de por sí laxo, el posterior decreto reglamentario 446 lo hace de goma: la Dirección de Seguridad Privada debe, “de creerlo pertinente”, solicitar informes sobre los postulantes al Ministerio de Derechos Humanos y Sociales, cosa no muy frecuente. Por esos vacíos legales transitan, como si fueran jubilaciones de privilegio, represores procesados, presos y sometidos a juicio, firmes sospechosos y ex comisarios y militares que predican desde sitios apologéticos de la dictadura. Incluso así, algunos vigiladores que hoy velan –con habilitaciones irregulares– por la suerte de instituciones, empresas, comercios, espacios públicos y personas, han sido indultados por sublevarse a la patria.
En la provincia el panorama podría ser peor. Los nombres de policías privados y empresarios del miedo no se difunden, pero casi todos los casos oscuros detectados en la Ciudad tienen su correlato provincial; a pesar de que la ley específica proscribe también a los procesados, Secretaría de Derechos Humanos bonaerense advirtió –sólo hasta 2009–, cuarenta casos con antecedentes, sin ninguna eficacia. Las nóminas públicas abrieron la caja de Pandora.

Los casos. El subprefecto retirado Jorge Marcelo de los Santos tenía 10 años cuando los hombres de Videla asaltaron la Casa Rosada. Sus ideas se fueron moldeando con la dictadura militar. Cuando cumplió los 21 años participó de los alzamientos de Semana Santa en 1987. Fue indultado en octubre de 1989. Hoy figura como vigilador habilitado de SSP Servicios de Seguridad Privada, que tiene la habilitación 00030 del gobierno de Macri, aunque rastrillando la web se lo puede encontrar con el cargo de gerente. Su empresa le presta servicios nada menos que a la Defensoría del Pueblo de la Nación, a Osde, al consulado de Perú, entre otros.
El subteniente Oscar Darío Minguitti también se sublevó aquella Semana Santa. Con De los Santos no sólo comparten el indulto de Carlos Menem, también su afición a la seguridad privada. Con su experiencia, Minguitti ganó el privilegio de ser uno de los escasos vigiladores autorizados a portar armas dentro de su empresa, Resguard SA, que opera en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires. Minguitti tiene responsabilidades varias. Entre sus custodiados se encuentra La Razón y Radio 10, pero también Pérez Companc, el Grupo Camuzzi y Esso.
Un tercer carapintada refuerza la seguridad de los porteños. Luis Alberto Brun cobró cierta notoriedad como carapintada: “Si Seineldín llega a morir pasaremos a ejecutar acciones especiales hasta asesinar a todo aquel personal que se oponga. Tenemos todos los medios para hacer lo que decimos”. Lo extraño es que fue contratado en 2004 por el entonces ministro de Seguridad León Arslanian como director de Planeamiento y Gestión del Ministerio y luego asignado a la coordinación entre los foros y el Ministerio. Nunca abandonó su hobby: hoy es jefe de Seguridad de Cooperativa de Provisión de Servicios en Seguridad Privada y renovó la habilitación el 14 de junio.
Estos ejércitos al mejor postor ofrecen una gama de servicios que va desde la custodia de edificios hasta la “investigación prelaboral de personal doméstico para countries”, como dice la plataforma de Trident Investigative. La Correpi asegura que los guardias privados son responsables de 2% de los 3.393 asesinatos desde 1983 hasta hoy: 63 muertes.
Sabiéndolo, no es menor la desidia de los gobiernos estatales para fortalecer las regulaciones y hacer cumplir las que existen. Este diario había anticipado en marzo de 2010 que Víctor Fogelman, el sabueso predilecto de Eduardo Duhalde, procesado por su participación en la represión ilegal en Bahía Blanca, era socio de la empresa Siccurezza, que tiene clientes como Lacoste y el Exxel Group, entre otros. Nada cambió desde entonces.
Similar es el caso del coronel retirado Jorge Luis Toccalino, que está siendo juzgado en Mar del Plata por decenas de privaciones ilegales de la libertad, tormentos, y dos homicidios en los chupaderos conocidos como La Cueva y la comisaría 4ª. Toccalino es el apoderado de Servicio de Guardi y Custodia SA, una agencia que tiene la bendición del alcalde y el gobernador.
Roberto Armando Balmaceda, jefe de la Sección Central de Reunión del Destacamento 101, un hombre de inteligencia preso por sus crímenes en La Cacha, es el director técnico de Grupo Seguridad Norte SRL, también con sedes en ambas jurisdicciones y autorizados a portar armas. Sus socios son Alicia González, su esposa, y uno de sus hijo, Ricardo.
Otros dos casos oscuros son los de los comisarios retirados de la Federal Rolando Nerone y Cayetano Nacarato. Nerone fue uno de los federales que desenmascaró Rodolfo Walsh, integrante de la célula que persiguió y secuestró exiliados cuando mandaba la Triple A. Participó del secuestro de la uruguaya Victoria Lucía Grisonas y el asesinato de su esposo Roger Julien. Julien alcanzó a herirlo en la pierna, lo que poco después le costó el retiro. En el legajo personal de Nacarato, su camarada, fue hallado el informe del comisario Alberto Obregón donde exaltaba la necesidad de “neutralizar en forma satisfactoria la actividad de organizaciones de tipo subversivo”, que utilizó el juez Daniel Rafecas hace unas semanas para procesarlo.
Nerone fue el centro de una polémica, porque la empresa que lo contrató hasta junio pasado –Anselmi SRL– custodiaba la Secretaría de Cultura de la Nación. Nacarato, por ahora lejos del banquillo, se mantiene indemne en sus sedes de la ciudad de Buenos Aires y de La Plata –a pesar de que la Secretaría de DD.HH. los observó en 2003– al frente de Audiseg SA, una agencia que ni siquiera tiene web.
Por Laureano Barrera
lesahumanidad@miradasalsur.com