Un acto de justicia para una familia víctima de la Triple A

Un acto de justicia

El juez Norberto Oyarbide dictaminó que el asesinato de Carlos Banylis, delegado de la UTA, fue un delito de lesa humanidad y que toda su familia fue víctima de una privación ilegal de la libertad. Fue central el aporte de los archivos del Ministerio de Seguridad.

  Por Irina Hauser

Hubo un tiempo en que los colectiveros hacían malabares para cobrarle a cada pasajero y cortar el boleto, todo eso mientras manejaban. Esta destreza múltiple que debían desarrollar era un factor estresante por el que llegaron a cobrar un “plus por corte de boleto”. Carlos Banylis trabajaba en la línea 163 y era delegado sindical de la UTA cuando los choferes dejaron de recibir ese extra. Las protestas y el triunfo en una demanda judicial fueron el caldo de cultivo de una persecución feroz. Banylis era, además, militante del Partido Comunista. El 10 de junio de 1975 a la noche su casa en construcción, en Ituzaingó, se llenó de hombres armados, algunos con las caras semiocultas con medias de nylon, otros a cara descubierta, que entraron rugiendo su nombre. “¡Te vinimos a buscar, hijo de puta!”, gritó uno de ellos, tras empujar a su esposa, Nora, y sus tres hijos sobre la cama de donde lo arrancaron a él. Desde allí, acurrucados y encañonados, fueron testigos de su fusilamiento con sesenta balazos. Para ellos fue el comienzo de una pesadilla de diez años, en que peregrinaron por pueblos, escondiéndose. Porque en cada lugar donde llegaban los allanaban o amenazaban. 

Cuarenta años después, Nora se encontró en una situación a la que había renunciado casi desde siempre: sentada en un juzgado federal, mirando fotos, topándose de pronto con el rostro inconfundible de uno de los asesinos, el que le apuntaba a su hijo Alexis de cuatro años mientras otras bestias de la patota de la Triple A agarraban a su marido. Se llamaba Juan Carlos Yovino y era policía federal asignado en “comisión” al Ministerio de Bienestar Social de José López Rega, base de la banda parapolicial. Está muerto, pero su reconocimiento permitió que el juez Norberto Oyarbide dijera por primera vez que Banylis fue asesinado, que se trató de un delito de lesa humanidad y que toda su familia fue víctima de una privación ilegal de la libertad que prolongó sus marcas a través de los años.

Oyarbide firmó una resolución el lunes pasado y se las entregó personalmente a Nora y sus hijos en una pequeña ceremonia en su despacho en los tribunales de Comodoro Py. A ella le provocó un alivio inesperado, y una sensación de “reparación” que creyó que era utopía, según le cuenta a Página/12. “Por muchos años viví en las sombras. Tuve que callarme la boca, mentir y enseñarles a mis hijos a mentir cuando les preguntaban de qué había muerto el padre, para poder sobrevivir. Uno se calla, pero nunca se olvida. Por primera vez entiendo que yo también soy una víctima”, reflexiona. Alexis, quien hoy tiene 45 años, recuerda en voz alta, que la mentira que le salía decir era que su papá “había pisado un jabón, se cayó y murió”. No le gustaba mentir, pero a la vez se sentía dueño de un saber que otros no tenían sobre la existencia de la Triple A, la organización terrorista que mataba gente desde el aparato estatal. 

La sentencia, que tiene un carácter declarativo dice: “La familia Banylis ha vivido pánico, terror, silencios, soledad, abandono, persecución posterior, hambre, falta de escolarización, han postergado la elaboración del duelo propio de todo ello, no conociendo la verdad de lo ocurrido y por temor a continuar soportando consecuencias conmovedoras. Fue el Estado mismo quien lo causó”.

El hallazgo del ex subcomisario Rodolfo Almirón en España, en 2006, en una playa cercana a Valencia por una investigación del diario El Mundo, fue central. Almirón era pilar de la custodia de López Rega y fue lo que llevó a Oyarbide a reabrir la causa sobre la Triple A (que funcionaba desde el Ministerio de Bienestar Social en pleno gobierno de María Estela Martínez de Perón) que se remontaba a 1975 pero había sido archivada. El juez encontró que había un pedido de captura contra Almirón desde 1984, y España aceptó extraditarlo. También había ordenes de captura contra otros dos policías que custodiaban al “Brujo”, Juan Ramón Morales y Miguel Angel Rovira, quienes también fueron detenidos. En un comienzo, se les imputaron casos como el asesinato del diputado Rodolfo Ortega Peña, el abogado Alfredo Curutchet, del ex subjefe de la Policía Bonaerense Julio Troxler, del abogado Silvio Frondizi y su yerno Luis Mendiburu, del periodista Pedro Barraza y su amigo Carlos Laham, de Daniel Banfi y Luis Latrónica. Luego se sumó el del cura Carlos Mugica.

Los tres acusados iniciales murieron desde que se recomenzó la investigación. El expediente se convirtió en una megacausa. Llegó a acumular 680 casos de homicidios, secuestros y extorsiones. También se sumaron imputados, que formaban parte de la organización a través de relatos y documentación: Jorge Conti, Carlos Villones, Julio Yessi, Norberto Cozzani y Rubén Pascuzzi. Entre todo el enjambre de casos, estaba el de Banylis. En 2006, Alexis por coincidencia vivía en España y militaba en HIJOS allá. Sus otros dos hermanos, Valentina y Leónidas, se presentaron en el juzgado de Oyarbide y él se sumó después. Declararon y estuvieron sin noticias del juzgado por largo tiempo.

El aporte de carpetas con fotos que hizo el Ministerio de Seguridad, como parte de la documentación archivada que se remonta a los años setenta fue vital para la causa, y demuestra la capacidad que tienen muchos organismos del Estado de colaborar con el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad, con sus archivos, si existe una política enfocada en ese sentido. En este caso, a Nora primero la llamaron del juzgado para que hiciera un identikit de las personas que se acordara; más adelante, fue a ver fotografías. Cuando llegó a la número 57 empezó a temblar y se puso pálida. “¡Es éste!”, exclamó. Fue instantáneo. No tenía dudas. Se armó un pequeño revuelo en la oficina y los secretarios que estaban con ella llamaron al juez, que fue a contenerla. Después no reconoció a nadie más.

Carlos Banylis era rubio, de ojos claros, buen mozo y de origen lituano. Una persona, según lo recuerda Nora, que siempre se despertaba de buen humor. Tocaba la guitarra, cantaba y adoraba el folklore. Le gustaba charlar con los vecinos, que siguen yendo a los actos para recordarlo en el barrio. Su historia concentra la persecución terrorista a militantes del Partido Comunista y también del movimiento obrero. Banylis quedó casi sentado contra la medianera cuando le perforaron la cara y el resto del cuerpo de tantos balazos. Nora fue a la comisaría, y tuvo la sensación de que quienes le tomaban la denuncia habían estado en su casa. Cuando tantos años después pudo releer esa declaración original en el juzgado de Oyarbide, advirtió que habían cambiado su relato. Por ejemplo, ella había dicho que venían recibiendo amenazas telefónicas, y que la última había sido el fin de semana anterior, durante el cumpleaños de uno de los hijos. Eso no figuraba en el acta. “A Banylis lo vamos a hacer boleta”, escuchó una voz distorsionada cuando atendió ella el teléfono. Y su marido le dijo “esta vez es en serio”.

Nora no quiso volver nunca a la casa y, de hecho, tuvo que escapar con sus tres hijos. Primero fueron a Salta, donde tenían casa y amigos. Pero tuvieron un allanamiento ya después del golpe de Estado en 1976 y se fueron. Volvieron a estar en Buenos Aires, aunque rápidamente terminaron en Santiago del Estero. “Quería estar lejos y criar a mis hijos. Valentina ya había cambiado cuatro veces de escuela”, recuerda. En un pueblo, Campo Gallo, iniciaron una vida “normal”, los chicos empezaron a ir a la escuela, hasta que una de las maestras le contó que habían pasado preguntando por ella. A ella siempre le resonaba la frese que le había espetado uno de los hombres de la patota tras matar a su marido: “Ahora volvemos por vos”. En la desesperación quemó buena parte de sus pertenencias y le fue a pedir ayuda al cura del pueblo. Se llamaba Carlos, y le explicó a Nora que iría hasta el Arzobispado en Añatuya, en su Renault 4L, a hacer una consulta. “Nos advirtió que si veíamos que demoraba, nos fuéramos. Y que si tenía buenas noticias, a la vuelta daría una misa”, dice Alexis a este diario. “Por suerte volvió, y dio la misa, a nosotros nos bautizaron, fue todo muy emotivo”, cuenta. El recuerda algunos días que estuvieron viviendo en la parroquia. Que el sacerdote –”el Gordo”, como le decían– tenía una biblioteca inmensa y le gustaba jugar al ajedrez. “Como mi viejo era comunista, todo lo que tuviera que ver con la Unión Soviética me fascinaba. Tenía Los Hermanos Karamazov (la última novela de Dostoievski) y a mí me gustaba porque mi mamá sacó mi nombre de ahí. En un momento empecé a leer mucho porque me buscaba un mundo paralelo”, recapitula. Desde entonces vivieron en El Impenetrable, en Monte Quemado. Nora vendía ropa y muchas veces le pagaban, por ejemplo, con comida. No podía figurar en ningún lado. Ella misma, contó su hijo, apenas tenía un vestido marrón y llegó a pesar 35 kilos. En 1986 volvieron a Buenos Aires.

Por esa época Alexis por su cuenta intentó reconstruir la trayectoria de la vida de su papá y cómo habían llegado a fusilarlo. Buscó material sobre su militancia. Trató de entender el funcionamiento de la Triple A. La significación de la represión en Villa Constitución y el asesinato de Atilio López, titular de la UTA. Alexis fue, entre sus tantas iniciativas, a hablar con el fallecido Eduardo Luis Duhalde, quien fue secretario de Derechos Humanos, y lo apuntaló. También fue al juzgado de Morón a buscar el expediente original, que simplemente estaba archivado y allí le dijeron que no podían reabrirlo sin nada nuevo. Así estuvo, leyendo y golpeando puertas desde la adolescencia, sin poder terminar la secundaria.

Yovino ya no está para que lo juzguen por participar del asesinato de su papá y por tenerlo a él encañonado. Pero Alexis y sus hermanos sienten una alegría especial, de satisfacción. Su mamá, Nora, a los 68, también. “Este fallo me está cambiando la cabeza. Hoy puedo contar lo que pasó y entender que yo también soy víctima, y mis hijos también”. El fallo declara: “Estos delitos fueron cometidos por parte de la tristemente célebre organización delictiva autodenominada Triple A, resultando Juan Carlos Salvador Yovino coautor de las privaciones ilegales de la libertad cometidas contra la familia Banylis y partícipe necesario del homicidio de Carlos Banylis”.

Los guardianes de Mugica

El 11 de mayo de 1974, la Triple A asesinó Carlos Mugica. El cura fue sorprendido a la salida de la parroquia de San Francisco Solano. Recibió 14 impactos de bala. Su amigo Ricardo Capelli, que estaba con él, recibió cuatro. Ambos fueron trasladados al Hospital Salaberry. Allí fueron operados por el cirujano Marcelo Larcade. Capelli y Larcade nunca más se vieron. Hoy, 40 años más tarde, se reencontraron en la redacción de Tiempo Argentino

Por: María Sucarrat

Ricardo Capelli: –¡Qué lindo verte! ¡Qué lindo verte! Un cacho de este cuerpo que me quedó ¡te lo debo a vos!
Marcelo Larcade: –Para mí, este encuentro es inimaginable.

Los que hablan son paciente y médico. Un baleado por  la Triple A, el 11 de mayo de 1974, y el jefe de guardia del Hospital Salaberry, donde fue trasladado. Carlos Mugica, el sacerdote, debería haber estado en el encuentro pero murió en el quirófano. Marcelo Larcade anunció su deceso después de pelear contra un cuerpo con 14 orificios de bala. Ricardo Capelli se salvó. Tenía cuatro disparos y mucha suerte porque una de las balas le pasó por la curva que pega la aorta cuando sale del corazón. 

Cuarenta años más tarde de esa tarde, en la redacción de Tiempo Argentino se vuelven a ver. En realidad, el único que vuelve a ver es Larcade, porque Capelli casi no se acuerda de él. El shock se ocupó de permitirle recordar sólo lo soportable. Y a lo largo de la tarde, se encontrará con sorpresas que lo emocionarán. Larcade le contará cómo lo operó, le dirá que Mugica pidió que no lo tocaran a él hasta que no lo operaran a su amigo, dirá algo inédito: que el quirófano, mientras operaba a Mugica, estaba ocupado por unas 300 personas, entre policías uniformados y de civil, que esperaban la confirmación de la muerte. Los dos contrastarán certezas, hipótesis, entre risas y lágrimas. Y se abrazarán fuerte, se prometerán verse a menudo.

ML: –Un día en Mataderos era tres veces peor. Era un hospital de guerra. Venían apuñalados de todas partes. Y en esa época se peleaba a cuchillo. No es chiste.
RC: –Yo no sé lo que duele el cuchillo, pero la bala duele mucho. Es terrible.
ML: –Tiene una capacidad de destrucción inimaginable.
RC: –Hubo balas que a Carlos le dieron vuelta por todos lados.
ML: –Sí, hasta el páncreas le agarró. Después de leer la autopsia, a la que accedí hace unos pocos días, respiré hondo y me dije: "Se murió porque se tenía que morir."
RC: –De todas maneras, qué compromiso el tuyo. Operar con el quirófano lleno de matones. Yo no salí del pasillo. Lo que vos me hiciste a mí me lo habrás hecho en el pasillo.
ML: –En el consultorio de la guardia. Ahí estaban los dos. Te puse anestesia local. ¿De qué lado había sido?
RC: –Izquierdo.
ML: –Te puse un tubo de drenaje y con eso se descomprimió el hemotórax que tenías. Vos tuviste una conexión para el Rawson.
RC: –Sí. Vino un amigo mío médico a ver qué pasaba y habló con un colega tuyo y le dijo: "No, no te preocupes. Eso cierra solo." Entonces mi amigo entró a llamar por teléfono a otros cinco y entre todos me robaron. Me metieron en una chata. Yo me desperté ahí y vi una prima mía que estaba sosteniendo un suero que ahora supongo que me lo pusiste vos.
ML: –Sí. Aparte tenías un tubo en el tórax que iba a un recipiente que en esa época era de vidrio, con un drenaje bajo agua que permitía que saliera aire del tórax pero que no entrara.
RC: –¿Y a vos te dejaron trabajar conmigo?
ML: –Con vos sí.
RC: –Porque calculá que yo era también boleta. A mí me sacaron al Rawson a los tres días después de que vino el yerno del Brujo, Jorge Conti, a verme. Me dijo: "Ricardo, ¿viste lo que le pasó a Carlitos?" Y así yo me entero de que Carlos había muerto. A mí me lo estaban escondiendo. "Mirá –me dijo–, yo vengo de parte de don Pepe para lo que necesites." Don Pepe era López Rega.
ML: –¡Uy, la puta madre!
RC: –Entonces yo le dije a mis amigos: "Sáquenme de acá." Y así todo entubado como estaba, rodeado de canas, me sacaron.
ML: –El quirófano, cuando lo operé a Mugica, estaba lleno de canas. Habría 300 personas adentro mientras operaba.
RC: –¡¿Esperando que se muriera Carlos?!
ML: –Sí. Esperando la certificación.
RC: –Una vez que se murió, ¿se fueron?
ML: –Sí. Hubo como una especie de desbande y luego salieron. El objetivo estaba cumplido. Era la certificación
RC: –¡Qué hijos de puta!
ML: –Había policías y también mucha gente de civil. Es decir, de esa gente que uno en esa época no paraba por la calle para preguntarle cualquier cosa.
RC: –Yo sólo alcancé a ver al padre de Carlos y a mi hermano.
ML: –Yo hablé con el padre de Carlos, Adolfo Mugica. Un señor bajito, muy elegante, con un sobretodo con el cuello levantado y la solapa de terciopelo, y un sombrero que si no era un bombín, era parecido.
RC: –Adolfo era del Partido Conservador. Y como toda familia partricia, ellos querían tener un hijo cura o un hijo militar, en lo posible en la marina. Se les cumplió lo del hijo cura, pero les salió "fallado". Como yo no recordaba qué pasó después, siempre me quedé pensando, Marcelo, cómo habría sido la atención de Carlos. Yo no sabía. No llegué a saber quién fue que operó. Vos me viste a mí, pero eso que viví ahí no recuerdo.
ML: –Para todos esa noche fue siniestra y espantosa. Inimaginable, a pesar de que en ese momento pasaba de todo.
RC: –Yo nunca pensé que se iban a animar.
ML: –Pero se animaron.
RC: –Lo que pasa es que cuando sabés quiénes son te das cuenta.
ML: –¿Cómo no se iban a animar? Si tenían todo para eso y mucho más.
ML: –Yo los veía en Bienestar Social, pero siempre creí que era la custodia del Brujo. No sabía entonces que era la Triple A. Ellos mataban por las dudas, también.
RC: –Si había error en exceso no pasaba nada.
ML: –Mi esposa tiene un hermano detenido desaparecido. Tuve muchos meses gente caminando por la cuadra de mi casa, esperándolo.
RC: –Ellos también mataban donde había guita. Mataban y se llevaban la plata. ¡Había inmobiliarias! Una vez llegué al despacho de Jorge Conti, que estaba con un tal Roque Escobar, y un tal Martínez, de Mendoza. Los tres miraban un plano enorme. Yo trabajaba en la Bolsa de Cereales entonces. Y me decían; "Vos Ricardito, que estás en cereales, agarrate una parte de esto." Era un plano de Camet. Habían liquidado a todos y se quedaban con sus campos. ¿Sabés que no tengo título para eso? No sé cómo llamar a esa gente. Así como pasó con las Chacras de Coria, con Massera. ¡Se repartieron todo! Después, en el '78 me chuparon. Y, Marcelo, ¿qué te dice tu familia de que te encontraste conmigo después de tanto tiempo?
ML: –Ellos están muy contentos. Mi familia es muy linda. Vivo con mi esposa desde hace 48 años. Tenemos cinco hijos y 12 nietos. Mi mujer me llamó hace un rato para ver cómo estaba.
RC: –¿Y por qué se te dio por aparecer ahora?
ML: –Yo estuve repasando la historia. En muchas oportunidades fui a los homenajes que se le hicieron a Carlos Mugica, pero parece que nunca estuve en el lugar y el momento adecuados. 
RC: –Yo aparecí en el '89. Estuve 25 años autoexcluido. Hasta el '83 estuve amenazado, controlado. Me llamaban a mi casa: "Capelli, te vas a morir."
ML: –¿Y del Rawson a dónde fuiste?
RC: –A la casa de mi vieja. Pensé que ahí no me iban a encontrar. Una vez fui a Alpi, en la calle Echeverría. Ahí hacía la rehabilitación de la mano. Cuando volvía a mi casa, vi un revuelo de gente. Resulta que debajo de la ventana que daba a la calle, de la habitación en la que dormía, habían dejado una corona con mi nombre. Tenía una bomba. Una vecina me dijo: "Rajá." Así eran las cosas. Mirá, yo tengo acá una marca que es de bala.

Aunque Marcelo Larcade se acaba de jubilar, tiene ojos y dedos de cirujano intrépido. Capelli se abre la camisa y le muestra la zona de la clavícula. Larcade pone el dedo índice en su piel y es preciso.

ML: –Acá está. Esta es la marca. Por acá entró la bala. Ahí, al lado de esa marca está el cayado de la aorta, es una arteria de buen calibre que pega una vuelta.
RC: –Era una bala de 9 mm. 
ML: –La ví.
RC: –Por eso, encontrarte a vos, es un disfrute. 
ML: –Cuando Carlos y vos entran al Salaberry, yo estaba operando a otra persona en el quirófano. Y me vienen a avisar. "Doctor, está el padre Mugica y otro más, heridos de bala." El Salaberry era un hospital de guerra. El quirófano funcionaba las 24 horas. Lo que pasaba en la Ruta 3, de allá hasta Bahía Blanca, iba a parar al Salaberry. Y siempre teníamos trabajo. Yo estaba en la guardia del sábado de 24 horas. Lo primero que aparecía cuando uno entraba al hospital era la guardia. Y los sábados estaba llena de gente. A la izquierda estaba la sala de hombres y a la derecha la de mujeres. Había una sala de espera y después una sala enorme con camas una al lado de la otra donde estaban los internados en la guardia.
RC: –¿Pero vos qué tenías?, ¿veinte años?
ML: –Tenía 32 años. Me recibí a los 21. Estaba acostumbrado a recibir heridos y gente en mal estado. Yo estaba en el servicio de tórax. El jefe era Ayas y era muy exigente, un maestro del alma, discípulo de Finocchieto.
RC: –Perdón, te interrumpí.
ML: –Cuando terminé de operar, salgo y lo veo a Carlos y te veo a vos. A vos te iba a drenar el tórax otro. Y Carlos me dijo "No". 
RC: –Eso no lo recuerdo. 
ML: –Los dos estaban despiertos. Carlos se estaba confesando con un cura amigo. Cuando yo me lo voy a llevar, me dice: "No. Operalo a él." Le dije que sus heridas eran más importantes. "Yo no quiero que me operes a mí antes que a él", me dijo. Y como lo tuyo era corto, era sólo poner un tubo en el tórax y un drenaje, entonces lo hice.
RC: –No te puedo creer.
ML: –Más cristiano que decir "arreglalo a él antes que a mí, conmigo después vemos" es imposible. Eso es dar la vida por el otro. Él eso lo había hecho ya. Mil veces lo había hecho.
RC: –Y enfrentándose con quienes no lo querían para nada.
ML: –Al convencido no lo parás. Y más si es un convencido de cuestiones morales, de la Iglesia. Es una decisión de vida. Y él la llevó a cabo hasta el final.
RC: –Eso no es humano.
ML: –Mirá, Carlos estaba lúcido. ¡Tenía una lucidez! La persona que está pensando, desde el punto de vista humano, en su muerte, no dice "Operalo a mi amigo." Sólo piensa que termine lo que está pasando.
RC: –Lo que contás me da más culpa, Marcelo. Carlos tendría que haber vivido, no yo.
ML: –¡No! Él no tenía las condiciones para vivir. Si vos tenías un 15% de probabilidades de morir, el tenía 98. O 99. Yo te la saco la culpa. ¡No te enojes con tu destino!
RC: –Cuando a mí me dice "fuerza, Ricardo, que salimos", lo balbucea. Por eso me sorprende que me digas que estaba tan lúcido. Cuando íbamos en el auto, él no gritaba.
ML: –Vos deberías tener dos impactos.
RC: –Cuatro.
ML: –Bueno. Carlos tenía 14. Era un colador.
RC: –¡Qué bueno es conocerte! Ya creo que estoy para dar las hurras. Doy las hurras y me voy. Yo no sabía todo esto que contás. Y eso que yo estaba bien. Lo único que me acuerdo es que en un momento yo tenía la respiración chiquitita así. Como pequeños jadeos.
ML: –A vos el tubo te lo pusimos en el consultorio. Primero te dimos anestesia local. Después me fui al quirófano con Carlos.
RC: –Y ya estaban los tipos adentro.
ML: –Era un mundo de gente. Todo el quirófano lleno de gente que no conocía.
RC: –¿Y vos no podías decir que salgan?
ML: –Normalmente el cirujano hace un gesto, y todo el mundo se va. Sin hablar. Pero ese día no. Había una banda de mafiosos adentro del quirófano que lo único que buscaba era la certificación de la muerte de Carlos. Si él se salvaba y quedaba en el hospital, le podrían haber hecho mil cosas. Más inseguro que el hospital no había nada. El objetivo era que Carlos no estuviera más. Que se acabara.
RC: –¿Y cuánto tiempo estuviste operándolo?
ML: –Más o menos dos horas.
RC: –Nosotros entramos a las 8. No sé lo que tardamos en llegar porque íbamos en un Citroen 12V. No sé lo que tarda en llegar. Atrás iban el cura (Jorge) Vernazza, María del Carmen (Artero) y Carlos. Adelante, el chofer y yo.  
ML: –¿Y después cómo engancharon que eran (Rodolfo Eduardo) Almirón y (Juan Ramón) Morales los que dispararon?
RC: –Porque yo lo conocía a Almirón del Ministerio de  Bienestar Social. Lo que no pude ver es el arma, porque ese día llovía y el arma estaba tapada por el piloto. 
ML: –¿A Carlos lo mató Almirón?
RC: –Sí. A mí me dispararon desde otro frente. Había más. Y todos se subieron a un Chevy y se fueron arando. Ahora, si vos me decís que en el Salaberry había 300 tipos, entonces ya sabían. Se fueron para allá.
ML: –Yo estaba abstraído de todo lo que pasaba más allá de la camilla. Empecé a recapitular después de la muerte de Carlos, al rato que salimos del quirófano. El hospital era un gentío. Nunca un herido había convocado semejante cantidad de gente.
RC: –¿Cuándo te enteraste vos de que era Carlos?
ML: –Alguien entró al quirófano a avisarme que estaba Carlos Mugica. El era un tipo admirado por mí. Yo he trabajado toda la vida en barrios. En Bella Vista atendía el barrio Santa Ana con unas monjas que eran una maravilla.
RC: –¡Qué cosa que no me acuerdo de cuando me pusiste el tubo!
ML: –Es que con estrés te bancás todo. En la guerra se amputaba con estrés.
RC: –Sí, pero esto no era la guerra.
ML: –¡Pero lo que te tocó a vos, en lo personal, sí! Vos no tenías armas.
RC: –Yo no sé manejar un arma. Nunca la manejé y siempre les tuve miedo. Carlos tampoco manejaba armas. Jamás.
ML: –Esto que pasó, que hablamos 40 años después, es lo más trascendente que me pasó en mi vida de médico. Y durante mucho tiempo yo no lo pude ni contar.
RC: –Yo no lo sabía.
ML: –No lo sabía nadie.
RC: –Y mirá en qué momento me lo viene a contar. Ahora que se está poniendo otra vez de moda la teoría de la Triple A y Montoneros.
ML: –Pero uno vivía en una sociedad dividida. Dentro de la sociedad y hasta de la familia, había gente que veneraba al padre Mugica y otros que estaban contentos de su muerte. Otra cuestión es que yo nunca tuve acceso a la historia clínica ni al parte quirúrgico. El punto es que en un hospital de heridos, después de que atendías a una persona que llegaba en esas condiciones, te pasabas la vida desfilando por los juzgados.
RC: –¿Nunca te llamaron a declarar?
ML: –Nunca. La policía veía el parte, o la historia clínica, y te llamaba a declarar. Entonces el médico tenía que ir a contarle al juez. Después llegaba un médico legisla que ponía tribunales y preguntaba por qué no se había hecho esto o aquello. El punto es que cuando vos tenés en la camilla del quirófano un tipo que se está muriendo, lo primero que tenés que hacer es tratar de que no se muera.
RC: –Y a vos nunca te llamaron.
ML: –A mí me gustaría ver una copia del parte quirúrgico. Pero lo más probable es que hayan secuestrado la historia clínica. Hoy, en 2014, es imposible sacar una historia de un hospital si no tenés una orden judicial. En ese momento no existía nada de eso.
RC: –Pero el parte lo hiciste.
ML: –¡Sí! Y la historia también. Por eso esperaba que me llamaran a declarar. Siempre después de un herido de bala, un accidente, un muerto, tenés que pasar por el juez. Además, era un hecho muy trascendente. Nunca me llamaron para nada. El hospital quedó muy connmocionado.
RC: –Quiere decir que esto estaba todo concatenado.
ML: –Repasando la historia me preguntaba, ¿por qué había tanta gente? Porque querían certificar la muerte. No había ningún objetivo en ese momento.  
RC: –¿Y no te acordás de ninguna cara?
ML: –Era un mundo de gente. Es más, toda la guardia quedó conmovida. Carlos Mugica era una persona muy conocida.
RC: –Carlos era tremendo. Era muy hábil, era muy carismático. Como cura, llegaba hasta lo más hondo y como tipo era genial. Íbamos a comer afuera, no nos cobraban. La gente por la calle lo paraba. Todos tenían algo para decirle o lo querían saludar. La gente estaba muerta con él. Y las mujeres también. Cuando entramos al hospital, estábamos los dos con las patas para adelante. Adelante nuestro estaba el quirófano.
ML: –Cuando salí de operar, los dos ya tenían las cosas básicas. Radiografía de tórax, grupo sanguíneo y las vías de suero. Las personas que se metieron al quirófano llegaron después que llegaron ustedes.
RC: –Es que entre que vos salís del quirófano y entra Carlos, ahí se habrán metido las personas. No tengo ni idea el tiempo que pudo haber pasado.
ML: –Calculá media hora. Entre que yo te veo a vos y a Carlos, ya haría por lo menos media hora que estaban en el hospital. Estaban los dos conscientes. Lo tuyo habrá llevado 20 minutos. Yo quisiera encontrarme con el parte quirúrgico.
RC: –¿Hablaba bien?
ML: –Te repito, para que una persona ceda su lugar a otro, tiene que estar más que lúcida. No es algo del orden inconsciente. Puede ser inconsciente en una mamá que cede su lugar al hijo porque piensa en él las 24 horas. Lo más probable es que intuía su muerte.
RC: –No creo.
ML: –Las personas intuyen, Ricardo. No se equivocan en eso.
RC: –Yo sentí la muerte cuando tenía la respiración "cortita". ¿Carlos tuvo la respiración así?
ML: –No. Él entró consciente a la sala de operaciones. Nadie cede su lugar en el último escalón.
RC: –¿Vos sabías que se moría?
ML: –Sí. No había forma de solucionarlo. Hoy un herido así entra a una institución que tiene el recurso de tener una bomba de circulación extracorpórea y probablemente se salve.
RC: –¿El corazón de Carlos estaba dañado?
ML: –Sí.
RC: –Cuando Almirón le tiraba, Carlos se empezó a deslizar por la pared. Le tiraba de arriba para abajo. Por eso no tenía la cara dañada. ¿Tenía algún tiro en la espalda?
ML: –Tenía todos disparos de salida. A él lo balearon de frente.
RC: –Yo pienso que la manera de entender a Carlos es entender su bondad.
ML: –Yo siempre tuve la sensación de haber operado a un santo. Y lo que hizo Mugica en ese momento fue un acto de amor. Eso es dar la vida. Es dar todo.
* Autora de la biografía
“El inocente, Vida, pasión y muerte de Carlos Mugica”

La megacausa y la declaración sobre el asesinato de Múgica

El fantasma de la Triple A

El juez Oyarbide emitió una declaración en 2012 en la que establece que el asesinato fue realizado en 1974 por Fernando Almirón, por órdenes de la AAA. Los testimonios, cómo reconocieron al asesino, el marco de la megacausa.

 Por Irina Hauser

Todos los sábados al anochecer, Carlos Mugica daba misa en la iglesia San Francisco Solano de Villa Luro. Tenía la costumbre, previo a eso, de hacer una charla con las parejas que se estaban por casar en la que siempre les decía: “No es mirarse el uno al otro, sino mirar juntos en la misma dirección”. El 11 de mayo de 1974 repitió el ritual. Luego, cuando comenzó el oficio, en la última fila apareció un hombre que desentonaba con el lugar. Era un extraño en un barrio donde todos se conocían. Hubo vecinos y feligreses que lo describieron como una persona de facciones algo aindiadas, robusto, de pelo oscuro y bigote. Cuando Mugica estaba por salir de la iglesia lo llamó, “padre Carlos”, e inmediatamente comenzó a dispararle. Carlos Capelli, su amigo y colaborador, quien había ido a buscarlo para ir a un asado en la Villa 31, lo vio caer sentado contra una pared, mientras él mismo se desplomaba al recibir otros balazos.

La escena, nítida, surge de los relatos volcados en una resolución que firmó el juez Norberto Oyarbide el 12 de julio de 2012 en la que establece que “Rodolfo Eduardo Almirón fue el autor inmediato del homicidio de Carlos Francisco Sergio Mugica, en el marco del accionar delictivo de la Triple A”. En términos jurídicos es una declaración, no es una condena, porque Almirón había muerto tres años antes. El texto dice que, como el juzgado logró reunir las pruebas necesarias, decidió “declarar la verdad de lo que aconteció, y así brindar una respuesta a los familiares de la víctima y a la sociedad”.

Lo que determinó a Oyarbide a reactivar la causa penal fue que a fines de 2006 periodistas españoles encontraron a Almirón cerca de Valencia. El ex comisario llevaba 31 años allí. Había sido pilar de la organización terrorista que comandaba José López Rega desde el Ministerio de Bienestar Social durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Además, era custodio del Brujo. Fue extraditado en 2009 y estuvo preso hasta su muerte pocos meses después. La orden de captura original había sido librada en 1984, cuando fue procesado por asociación ilícita en concurso real con homicidio doblemente agravado. Ya se le adjudicaban los asesinatos del diputado Rodolfo Ortega Peña, del ex subjefe de la Policía Bonaerense, Julio Troxler, el de Silvio Frondizi y el de Mugica, unificados en el expediente sobre los crímenes de la Triple A, que sigue tramitando y llegó a sumar 680 hechos atribuidos a esa organización.

Capelli, quien tenía un vínculo de amistad con Mugica, colaboraba con él en sus actividades sociales en la Villa 31 y solía llevarlo y traerlo. Tanto su relato como el de otra amiga del cura, Helena Goñi, fueron centrales en el expediente judicial. Capelli tenía presente la cara de Almirón por haber acompañado a Mugica al Ministerio de Bienestar Social, donde hacía una suerte de asesoría ad honorem, ya que en algún momento había tenido la expectativa de poder hacer algo desde allí por los pobres. Goñi, en su testimonio, recordó que cuando el cura advirtió que en el organismo no existía el más mínimo interés por el tema, hizo una renuncia pública en la villa de Retiro ante una multitud, que fue transmitida por televisión. Allí explicó sus razones y pidió permiso para dar un paso al costado en nombre de ellos, los villeros. “Fue su sentencia de muerte”, dijo ella.

Los relatos de las personas más cercanas a Mugica en la causa reflejan que recibía amenazas de muerte por lo menos desde 1972. Llamados telefónicos (“sos boleta, te vamos a reventar”) y atentados, uno de ellos con una bomba en la casa familiar de la calle Gelly y Obes, donde en pisos distintos vivían sus padres y él. Desde sectores evidentemente cercanos al Ministerio de Bienestar Social y grupos de derecha se intentaba instalar la teoría de que lo amenazaba Montoneros, pero Mugica decía que tenía claro que era López Rega. Algo de esto se susurraba mientras lo velaban primero en la iglesia de San Francisco Solano y luego en la capilla Cristo Obrero de la Villa 31. Allí se habló hasta de Almirón. Por el terror que reinaba entonces, nadie se animó a señalarlo con nombre y apellido pero los relatos que hoy se asientan en el juzgado son coincidentes.

Capelli relató que ese sábado no había ido a la misa pero fue a buscar a Mugica para ir a Lanús y luego a un asado. Cuando abrió la puerta de la iglesia vio en la última fila a dos hombres, pero en el momento no advirtió quiénes eran. Cuando terminó la misa, entró a buscar al cura porque se les hacía tarde. Salió primero, y notó que alguien llamaba a Mugica. Caminó unos metros y escuchó la balacera. “A mí me tiraron del otro lado, yo caí mirando hacia el lado del padre Carlos, y conocí a la persona que estaba dentro de la iglesia. Esa persona continuaba disparándole. Lo conocí por la ropa. El padre Carlos quedó ahí sentado como fue cayendo, en el piso, y yo quedé a esa distancia, caído. A mí me dispararon de frente, es decir que fue otra la persona que me disparó. Supongo que era la persona que estaba con la anterior descripta en la iglesia, pero lo supongo porque no llegué a verlo. El que mató a Mugica fue Almirón”, testimonió Capelli.

Según varios testigos, los asesinos huyeron en un Chevy verde claro. A Capelli y Mugica los subieron a un Citroën, y el cura de la parroquia de Villa Luro, Jorge Vernazza, y una amiga de ellos, Carmen Artero, los llevaron al Hospital Salaberry. El médico de guardia dijo que Mugica había recibido cinco disparos en el abdomen, tórax y el brazo izquierdo, mientras que Capelli tenía uno en el tórax. Mugica murió allí. A Capelli lo llevaron al Rawson, donde tuvo catorce intervenciones en dos días.

Además de los testimonios más directos, el juez Oyarbide tuvo en cuenta dos relatos iniciales de la causa: el del ex militar Salvador Horacio Paino, quien trabajó con López Rega y exhibió una nómina del Ministerio de Bienestar Social de personas a ejecutar por la Triple A, entre ellas Mugica; y el del edecán de Presidencia Tomás Eduardo Medina, quien dijo que había escuchado a Miguel Angel Rovira y a Almirón decir sobre el cura “lo vamos a hacer boleta” días antes de que lo asesinaran.

Oyarbide declaró en marzo de 2008 que los crímenes de la Triple A son de lesa humanidad, lo que confirmó la Cámara Federal. El fiscal de lo que devino en megacausa es Eduardo Taiano. La declaración sobre el asesinato de Mugica es una ínfima parte. La investigación tardía tramita con las reglas de un viejo Código Penal, por eso no habrá un juicio oral propiamente dicho sino una etapa de plenario que estará a cargo de María Servini de Cubría. Están presos para terminar de ser juzgados Jorge Héctor Conti, Norberto Cozzani, Carlos Alejandro Gustavo Villone, Julio José Yessi y Rubén Arturo Pascuzzi. Además de Almirón, murieron su suegro, el ex comisario Juan Ramón Morales (también custodio de López Rega), y Felipe Romeo, quien dirigía El Caudillo, órgano de difusión de la Triple A.

La impunidad y la responsabilidad de Oyarbide y el gobierno

Por Mesa de Investigacion y Accion contra la Triple A

 Esta declaración fue entregada en mano al nuevo Secretario de DDHH de la Nacion, Martin Fresneda, el 31 de julio del 2012, en la sede del Espacio para la Memoria, en el ex Centro de Torturas de la ESMA, durante el homenaje que se lleva a cabo todos los años al asesinado diputado nacional, Rodolfo Ortega Peña. Copias de la misma tambien fueron entregadas a los 150 personas presentes, muchos de ellos funcionarios del gobierno, abogados, juristas, compañeros, familiares y amigos de Ortega Peña. La actividad estuvo precedida por la proyección del documental “Parapolicial Negro” del director V.J. Diment. A la pelicula le siguió un panel de oradores. Hasta el dia de la fecha, esta declaración no ha tenido respuesta oficial.

“En 1974, algunos dirigentes se dedicaban a cazar zurdos. El archivo fotografico es implacable. Es implacable.” Cristina Fernandez de Kirchner

• Hay que terminar con la impunidad de los asesinos de Ortega Peña y otros 1.500 intelectuales, activistas sindicales, dirigentes políticos. La responsabilidad del juez Oyarbide y el Gobierno
 
Rodolfo Ortega Peña defendía presos políticos de la dictadura militar de Lanusse y de los gobiernos Peronistas que le sucedieron en 1973. Era un revolucionario que denunciaba el pacto social y el programa neodesarrollista que implementaba el gobierno en cuyas listas electorales había sido elegido diputado. No dudo en formar un bloque unipersonal. Era un hombre, un militante, que no dudo en romper con las exigencias de la verticalidad para hablar con la verdad sobre los responsables de las bandas fascistas de la Triple A.

El 30 de mayo de 1974, Ortega Peña hablo en el sepelio de los obreros socialistas fusilados en Pacheco por la Triple A y responsabilizo a la burocracia sindical y al gobierno por la actuación de esta. Ortega Peña sostenía que la izquierda, los activistas sindicales y los revolucionarios debían unirse para defenderse y vencer a las bandas fascistas. Eso le costaría la vida, pero era un hombre apegado a la verdad.

La Triple A lo asesino el 30 de Julio de 1974. Sus asesinos permanecen impunes hasta la fecha, como lo son los responsables de mas de 1.500 asesinatos y desapariciones del terrorismo de estado de los gobiernos Peronistas entre 1973-76, el que precedió al mas extenso y profundo terrorismo de la dictadura militar (1976-1982).

A pesar de contar con un expediente con mas de 60 cuerpos con múltiple evidencia contra centenares de asesinos, la Causa Triple A, en manos del juez Dr. Norberto Oyarbide esta detenida y siendo descuartizada judicialmente para evitar la investigación y castigo de todos los responsables, muchos de los cuales luego pasaron a revestir en los Grupos de Tareas de la dictadura militar.

¿A quien se defiende? ¿Que se defiende?

El juez Dr. Norberto Oyarbide escribió pedidos de extradición defectuosos que impidieron hasta ahora traer al país a Isabel Peron. Mantuvo inactivo los expedientes y cuando fue censurado en dos oportunidades por la Camara procedió primero a producir un centenar de “incidentes” repetitivos e innecesarios (como pedir de nuevo a los querellantes que ratificaran sus denuncias) para ganar tiempo y finalmente procuro la detención de siete sospechosos sexagenarios, entre ellos el ex “periodista” Jorge Conti y Julio Yessi, el ultimo yerno de Lopez Rega y cabeza de la JPRA, una de las ramas de la Triple A.

Sin embargo hay fundadas sospechas de que no intenta juzgarlos sino mantenerlos en el limbo judicial, tal vez excarcelaros a sus domicilios, como ya lo hizo con Almiron, Rovira y Morales quienes nunca fueron juzgados y murieron de viejos. Mucho menos esperan los cientos de querellantes en la causa que se juzgue a los centenares de responsables directos e indirectos de esos crímenes de lesa humanidad.

Oyarbide ha desmembrado a la Triple A pervirtiendo no solo la justicia sino tambien la historia. Si bien reconoce por escrito que la Concentracion Nacional Universitaria (CNU) o la Juventud Sindical Peronista (JSP) o la Juventud Peronista de la Republica Argentina (JPRA), y otras organizaciones de derecha semejantes, cometieron actos de terrorismo y crímenes de lesa humanidad las ha declarado arbitrariamente como “no tributarias” de la Triple A cuando es publico y notorio, y existe abundante evidencia en contrario, derivando las acusaciones sobre estas organizaciones a otras jurisdicciones deteniendo la justicia y dificultando las causas de los querellantes en grado extremo. Con este método, Oyarbide ha desechado testigos y querellantes arbitrariamente. Busca con esto que cunda el desanimo y los acusadores desistan de sus esfuerzos.

La Triple A era una confederación de grupos de derecha, politicos, sindicales, militares y policíales que incluía a la Concentracion Nacional Universitaria (CNU); la Juventud Sindical Peronista (JSP), la JPRA, el CdeO, COR y otros grupos, junto a matones sindicales y miembros de las policías y las FFAA que, como en el caso de Cordoba actuaban bajo el nombre de Comando Libertadores de America u otros similares.

Esta confederación de derecha usaba el titulo genérico de Triple A y era protegida, armada y dirigida desde el estado, desde varios ministerios, secretarias y otras instituciones del estado, así como por sindicatos, la propia CGT, gobernaciones e intendencias del país.

El grupo de asesinos comandados por los Comisarios Morales, Almiron y Rovira alrededor del entonces Ministro Lopez Rega era solo una unidad de esta confederación terrorista de estado que se ocupaba de los blancos “VIP” (Ortega Peña ; Silvio Frondizi,; el Padre Mujica; Troxler y otros). La Triple A también inauguró, antes de la dictadura militar, campos de concentración como Automotores Orletti y llevaba a cabo los primeros pasos del llamado “Plan Condor.”

Desde la Masacre de Ezeiza a la Masacre de Pasco; desde la Masacre por la muerte de Ernesto Piantoni en Mar del Plata a la Masacre de socialistas en La Plata y de esta a la Masacre durante el llamado “Navarrazo” en Cordoba o en Villa Constitucion contra los trabajadores metalúrgicos, la Triple A es la expresión del terrorismo de estado sobre la que se monto la posterior operación de genocidio de la dictadura.

Oyarbide intenta culpar solo a Lopez Rega y un circulo a su alrededor del ex Ministro de unas 20 personas por todos los crímenes de la Triple A. Como la mayoría de esta veintena de personas han muerto, o se espera su fallecimiento en cualquier momento como los que han sido arrestados hace poco, la impunidad reinara al final del proceso judicial que marcha a paso de tortuga.

Una somera revision de los hechos y pruebas acumuladas bastaria para observar que varios Presidentes del pais (Menem y Duhalde entre ellos), candidatos presidenciales, gobernadores, intendentes, ex Ministros, altos dirigentes sindicales y oficiales policiales y militares de alta jerarquia mantuvieron estrechas relaciones, participaron, colaboraron y/o protegieron a los asesinos de la Triple A y se beneficiaron de sus crimenes para avanzar sus carreras y asentamiento en el poder.

Oyarbide se ha negado a indagar a Hugo Moyano y muchos otros potenciales responsables con la excusa de que militaban en organizaciones que, aunque ejecutantes de actos terroristas de lesa humanidad, no era tributarias de la Triple A. Oyarbide de hecho ha actuado en relacion al dirigente sindical mas como defensor del mismo que como juez. Cualquier juez honesto, con la evidencia a la vista, hubiese investigado el caso de Moyano y el de muchos otros dirigentes sindicales comprometidos.

Le ha permitido Oyarbide a estos sospechados de crimenes de lesa humanidad plantar testigos falsos que, cometiendo perjurio, han embarrado la cancha judicial – incluso a contramano de la evidencia incontrastable en su poder Oyarbide ha apoyado esos testimonios apócrifos - y también ha pasado por alto Oyarbide – como es común intentarlo por las defensas en los juicios contra los militares del “Proceso”- que los acusados traten de bastardear evidencia y desprestigiar testigos de cargo. Todo esto lo ha hecho el juez de la causa rescribiendo una y otra vez la teoría ya rechazada judicialmente de los “Dos demonios”.

El juez Oyarbide se ha negado a proteger testigos y no ha cumplido casi ninguna de la líneas investigativas propuestas por la fiscalía en la Causa.

Muchos miembros de la Triple A tienen hoy puestos prominentes en la política y el sindicalismo y esto es lo que se protege el juez de la causa – que incluso se ha mostrado públicamente en funciones sociales con algunos de ellos y por estas razones debe ser desplazado de la causa y esta entregada a un juez probo, dispuesto a llegar hasta el final en la investigación y el castigo de los responsables.

De lo contrario se implementara en nuestro país una de las mayores denegaciones de justicia de nuestro país contra víctimas del terrorismo de estado.

Las responsabilidades del gobierno

El actual gobierno nacional ha hecho de los DDHH, según sus propias declaraciones, “una política de estado.” Esto ha permitido la sanción de leyes anulando los perdones, amnistías, punto final y obediencia debida y abierto el cauce del juzgamiento de algunos militares genocidas y a un numero limitado de civiles. En nombre del estado se ha pedido perdón a la sociedad Argentina por esos crímenes de lesa humanidad de las FFAA y sus cómplices.

En un discurso reciente, la Presidenta ha dicho: “En 1974, algunos dirigentes se dedicaban a cazar zurdos. El archivo fotografico es implacable. Es implacable.” Sabemos que se refiere a la responsabilidad de aquellos que formaron parte y colaboraron con la Triple A y sabemos del archivo fotografico porque nosotros lo hemos construido con nuestras investigaciones.

Una política integral de DDHH demanda un tratamiento de todos los crímenes de lesa humanidad, no solo aquellos que son convenientes políticamente. Los crímenes de la Triple A deben ser investigados y sus culpables castigados:

El gobierno debe pedir en nombre del estado, perdón por los crímenes de lesa humanidad del periodo 1973-76;

Debe asegurar que la causa Triple A se movilice y los responsables de los crímenes sean investigados aportando para ello las pruebas existentes en los archivos en poder del estado y Impulsar el reemplazo del Dr. Oyarbide la causa y reemplazarlo por un juez y fiscales dispuestos a terminar con la denegación de justicia y protección de los culpables que imperan hoy.

El gobierno tiene los mecanismos legales para hacerlo incluyendo la Procuraduria General, la Secretaria de DDHH de la Nacion y el Consejo de la Magistratura, así como también le asiste el derecho de integrarse a las causas como parte y en el caso especifico de la Triple A impulsar su investigación. El gobierno también posee los archivos de inteligencia de la DIPBA, Prefectura, la Armada, el Ejercito y la Aeronautica y otros en donde figuran muchos de los mencionados como autores materiales y lideres políticos responsables de los crímenes de lesa humanidad de la Triple A.

A los querellantes y testigos comprometidos con la verdad les faltan los medios materiales para enfrentar esta tarea cíclopea y es responsabilidad del estado garantizar que las pruebas e investigaciones que han realizado estos, y que están a disposición de la justicia para cuando esta se decida a actuar – tengan su apropiado curso en los estrados de la justicia.

Actuar con firmeza le significaría a Ortega Peña y a los centenares de víctimas de la Triple A el homenaje mas honesto y pertinente, el de que se haga justicia en sus casos. Nosotros expresamos nuestra disposición a hacer nuestra parte, la estamos haciendo, para que se impute por sus crímenes a los responsables.

Detienen a siete ex miembros de la Triple A

Es por crímenes ocurridos entre 1973 y 1976.
Un secretario y un yerno de López Rega, apresados.

Siete exmiembros de la extrema derecha del peronismo y excolaboradores del fallecido ministro de Bienestar Social José López Rega fueron detenidos acusados de crímenes contra la humanidad perpetrados por la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) entre 1973 y 1976.

Fuentes judiciales revelaron que los detenidos son el periodista Jorge Conti, yerno de López Rega, que fue su secretario de prensa y además presentador del noticiero del entonces Canal 11, y Carlos Alejandro Villone, exsecretario privado de López Rega.

También arrestaron a Julio Yessi, exjefe de la Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA); Raúl Ricardo Arias, Carlos Jorge Duarte y Rubén Pascuzzi, policía federal retirado.

La detención también alcanzó al excabo bonaerense Norberto Cozzani, que cumple prisión preventiva en la "causa Camps".

El juez federal Norberto Oyarbide, con intervención de la secretaria Patricia Palmisano, los indagó como presuntos organizadores de la "asociación ilícita" que formaba la Triple A, que guardaba su arsenal de ametralladoras y fusiles en los sótanos del ministerio. El único que se negó a declarar fue Yessi, muy conocido en el partido bonaerense de Lanús, mientras la defensa de Conti pidió su excarcelación y la de Villone solicitó la detención domiciliaria. Por ahora todos están detenidos en el penal bonaerense de Marcos Paz.

En esta causa el juez pidió a España la extradición de la expresidenta María Estela Martínez de Perón, residente desde 1981 en Madrid y muy vinculada a la familia del fallecido dictador ibérico Francisco Franco, pero la Justicia española denegó esa solicitud. Los demás acusados fallecieron: López Rega, los policías federales Juan Ramón Morales y Rodolfo Almirón -sindicado como el autor material del asesinato del sacerdote Carlos Mugica en 1974-, Miguel Ángel Rovira y el periodista Felipe Romeo, exdirector de la revista "El Caudillo".

Entre los hechos que se investigan en esta causa figuran los homicidios del exdiputado Rodolfo Ortega Peña, del exsubjefe de la Policía Bonaerense Julio Troxler y del hijo de tan sólo seis meses de edad de Raúl Laguzzi, exdecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La Triple A se presentó en 1973 mediante un atentado con bomba al entonces senador radical Hipólito Solari Yrigoyen, que sufrió heridas en las piernas y salvó su vida de milagro, y a partir de allí ejecutó unos 700 atentados contra la oposición política y la guerrilla, además de amenazas a intelectuales y artistas. Muchos debieron exiliarse.

Esta causa judicial se inició hace 37 años a partir de una denuncia del abogado Miguel Radrizzani Goñi y en 1989 se cerró luego del fallecimiento de López Rega. El 2 de febrero de 2007 fue reabierta por Oyarbide a partir de anoticiarse de la presencia de Almirón en España, que fue extraditado.

En 1975, la CNU se convirtió en una fuerza de ocupación en los colegios de la Universidad Nacional de La Plata.

Por decisión del gobierno provincial de Victorio Calabró y de la intervención fascista en la Universidad Nacional de La Plata, los colegios universitarios de esa ciudad se transformaron, a partir del inicio del año lectivo de 1975, en área de operaciones y fuente de ingresos –mediante contratos docentes– para la Concentración Nacional Universitaria (CNU), integrada desde el año anterior al aparato terrorista del Estado. La presencia de conspicuos integrantes de esa organización y de familiares de sus ideólogos y mandantes en uno de esos colegios, el Liceo Víctor Mercante, no sólo muestra cómo la vigilancia y la represión de los estudiantes secundarios ocupó un lugar central en el accionar de la CNU platense sino que revela, a partir de una serie de legajos a los que tuvo acceso Miradas al Sur, una red de relaciones personales y familiares que conecta a los integrantes del grupo de tareas capitaneado por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio con el ideólogo de organización, el profesor de latín y literatura Carlos Alberto Disandro, con la Policía Bonaerense y con el subjefe del Distrito Militar La Plata, teniente coronel Mario Sila López Osornio, por entonces contacto de la CNU con el Ejército.
El desembarco de la fuerza de tareas de la CNU en el Liceo fue comandado por el médico policial Miguel Ángel Maldonado (a) El Cacique, primero como “asesor médico”, un cargo diseñado para incorporarlo al colegio y luego como rector. Con él llegaron Jorge Marcos Disandro, hijo de Carlos Alberto Disandro; Marila Rut López Osornio, hija del teniente coronel; Nora Raquel Fiorentino de Castillo, mujer de Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio; Ana María Fromigué, hermana del asesino Eduardo Fromigué (a) El Oso, y varios integrantes de la patota de Castillo, entre otros, Néstor Causa (a) El Chino, Ricardo Walsh (a) Richi y Guillermo Visciglia.

El doctor muerte. Miguel Ángel Maldonado (a) El Cacique, nacido en 1941 (L.E. 5.193.705), “doctor en Medicina, especialista en psicología médica y psiquiatría” –como se define de puño y letra en el legajo N° 1045 del Liceo Víctor Mercante– se desempeñaba por entonces como médico de la Policía Bonaerense y docente en el Colegio Nacional “Rafael Hernández”, también dependiente de la Universidad Nacional de La Plata.
Los alumnos de este último establecimiento lo tenían identificado, desde los tiempos de la dictadura autodenominada Revolución Argentina, como un médico estrechamente ligado a la represión policial. Uno de los autores de esta investigación, que lo padeció como profesor de Higiene en quinto año, fue testigo de un episodio que revela su personalidad. Corría 1973 y Maldonado estaba dando clase en una división de quinto año. Por lo general eran clases distendidas, ya que –para los no avisados– se mostraba generalmente como un tipo simpático, que permitía fumar en clase, menos afecto a desarrollar su asignatura que a conversar en confianza con sus alumnos, como manera solapada de sondear sus posiciones políticas. En medio de una de esas charlas descubrió (sucedió por el comentario desafortunado de un compañero de clase, que dijo: “Mire, profesor, lo que tiene fulano”) que uno de los alumnos había llevado al colegio un poster del Che Guevara. De pronto, el docente simpático y confianzudo se transformó en un tipo amenazante que miró fríamente a los ojos al desafortunado poseedor de la imagen y le advirtió con dureza, usando una triste frase de Juan Domingo Perón: “¡Tenga cuidado, señor, no saque los pies del plato!” Uno de los alumnos de esa división del Colegio Nacional, Roberto Rocamora, fue asesinado por la CNU en julio de 1975.
Maldonado ya era por entonces un hombre que participaba de la represión casi por un mandato hereditario. Su padre, portador del mismo nombre y también psiquiatra, había hecho de ella un culto. Luego del golpe del 24 de marzo de 1976, Miguel Ángel Maldonado (padre) fue nombrado director de la Escuela de Técnicos dependiente del Ministerio de Salud provincial. Desde el mismo día de su asunción, puso en práctica una política de terror con alumnos y empleados.Miradas al Sur pudo establecer a partir de varios testimonios que todas las mañanas, cuando llegaba a su despacho, obligaba a entrar primero a su secretaria o a algún otro empleado y los obligaba a revisar todos los cajones de la oficina, para ver “si hay una bomba”. Si había, que volaran ellos. También hizo correr su escritorio, que daba la espalda contra una ventana, para evitar que le dispararan “francotiradores subversivos”. Durante su gestión al frente de la escuela desaparecieron por lo menos siete personas que trabajaban allí, entre ellas tres enfermeras que también se desempeñaban en la Cruz Roja.
Tras la intervención de la Universidad Nacional de La Plata, a fines de 1974, Maldonado (hijo) fue nombrado vicerrector del Colegio Nacional como parte de la avanzada ultraderechista en los claustros. En marzo de 1975, sin abandonar ese cargo, también fue asignado al Liceo Víctor Mercante, como “asesor médico”. En septiembre de 1975, el rector de la universidad, el fascista Pedro Arrighi, decidió dejar de lado ese cargo de ficción y lo puso oficialmente al frente del colegio, como rector. Durante su gestión fue secuestrada y asesinada por lo menos una alumna.
Llegada la dictadura, Miguel Ángel Maldonado (a) El Cacique siguió trabajando como médico de la Policía bonaerense. Con la recuperación de la democracia se recicló en el justicialismo, partido por el cual fue precandidato a intendente de la ciudad de La Plata. Hoy se presenta como psiquiatra forense y consultor en psiquiatría y psicología médica, en cuyo carácter participa de programas televisivos y se desempeña como perito en causas judiciales. Quizá su actuación más recordada sea la que cumplió como perito de la defensa del odontólogo Ricardo Barreda –asesino de su mujer, sus dos hijas y su suegra–, causa en la que opinó que el acusado debía ser declarado “inimputable”.

Retrato de patota con familiares. Maldonado hizo entrar el terror por las puertas del Liceo Víctor Mercante y la CNU se transformó en una fuerza de ocupación dentro del colegio, que reprimía cualquier intento de actividad política y marcaba militantes. “Entraron al Liceo como bestias, pisando duro, con pata fuerte. Por entonces, todavía se podía resistir y lo hicimos. Hubo una rebelión, en marzo o abril de 1975, encabezada por militantes del Grupo de Estudiantes Secundarios Socialistas (Gress), con el apoyo de otras agrupaciones. Incluso paramos las clases por unos días y hubo una asamblea donde también hubo muchos padres que nos apoyaron. Pero después todo se fue diluyendo. Ellos fueron más solapados y la resistencia estudiantil fue aflojando, por desgaste y por temor”, relató a los autores de esta investigación un ex alumno del Liceo.
La investigación de Miradas al Sur identificó a varios de los integrantes de la CNU en el Liceo Víctor Mercante:
-Jorge Marcos Disandro (DNI 10.065.067, Legajo N° 1065), hijo del creador e ideólogo de la Concentración Nacional Universitaria, Carlos Alberto Disandro. Ingresó como preceptor a principios de 1975 y terminó desempeñándose en el estratégico cargo de Jefe de Disciplina hasta 1980, ya instalada la dictadura. No era activo participante de las acciones del grupo de tareas comandado por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, pero testimonios coincidentes de ex alumnos del Liceo lo definen como una pieza estratégica de la represión dentro del colegio.
-Néstor Causa (a) El Chino (Legajo N° 1025), ingresó al cuerpo de preceptores del Liceo el 1° de marzo de 1975. Conspicuo integrante de la patota de la CNU, la investigación de Miradas al Sur lo ubica en varias acciones de la banda, entre ellas el secuestro y asesinato del militante barrial peronista Jorge Ruda. En su legajo, denuncia que tiene otro empleo en el Hipódromo platense, otro escenario de las operaciones de la CNU por orden del gobernador Victorio Calabró.
-Guillermo Osvaldo Visciglia (DNI 10.679.774, Legajo N° 1041), ladero de Jorge Disandro, ingresó como auxiliar docente en marzo de 1975 y también fue reconocido por varios ex alumnos como integrante del aparato represivo montado en el cuerpo de preceptores. Su hermana Ana Rita también fue preceptora del Liceo en 1975.
-Ricardo Walsh (a) Richi (DNI 10.353.747, Legajo N° 1042), fue nombrado preceptor el 1° de marzo de 1975. En septiembre de ese año, Miguel Ángel Maldonado lo ascendió a “coordinador asistente del rector”, es decir, lo transformó en su nexo con el grupo de tareas que operaba dentro del colegio. Walsh participó de decenas de operaciones de la banda liderada por Castillo, entre ellas, el secuestro y asesinato de la delegada de los empleados de reunión del Hipódromo de La Plata y militante de la Juventud Peronista Luisa Marta Córica.
-Nora Raquel Fiorentino (DNI 10.353.781, Legajo N° 1027), viuda del CNU Martín Sala y por entonces mujer de Carlos Ernesto Castillo (a)El Indio. Ingresó como auxiliar docente el 1° de marzo de 1975. Trabajaba también en la Fiscalía de Estado y fue cesanteada en mayo de 1976, después de ser detenida cuando el grupo de tareas comandado por su marido fue desactivado por orden del jefe del Área de Operaciones 113 del Ejército, coronel Roque Carlos Presti.
Entre los nombramientos de auxiliares docentes de marzo de 1975, la investigación de Miradas al Sur encontró otro que resulta muy significativo. Se trata de la incorporación de Marila Rut López Osornio, hija del subjefe del Distrito Militar La Plata y contacto del Ejército con el grupo de tareas de la CNU, teniente coronel Mario Sila López Osornio. Este militar, junto con su hijo mayor, está relacionado directamente con por lo menos dos crímenes cometidos por la patota de la CNU: los asesinatos de Enrique Rodríguez Rossi (un militante de las FAL 22 infiltrado dentro de la organización) y el conscripto Marcelo Adrián Sastre, que revistaba en el Distrito Militar La Plata, ambos perpetrados en abril de 1975. Por esos días, López Osornio y su hijo también asesinaron a sangre fría, en plena calle, a Ricardo Manuel Guerra, de 31 años, un transeúnte que les pareció que los estaba vigilando. Como el hombre iba desarmado, le plantaron un revólver 38 corto y fraguaron un falso enfrentamiento en complicidad con policías de la Comisaría Primera de La Plata.
Miradas al Sur ha identificado también a otros integrantes de la Concentración Nacional Universitaria que operaron en el Liceo Víctor Mercante, pero por el momento no dará a conocer sus nombres para no obstaculizar esta investigación periodística.

Chicas muertas. El sábado 11 de octubre de 1975, en una de sus páginas interiores, el matutino platense El Día publicada un artículo titulado “Una joven fue hallada asesinada a balazos en la zona de Punta Lara”. En el texto se informaba que el cuerpo había sido encontrado por cazadores furtivos en el camino que une Villa Elisa con Punta Lara y que no se conocía la identidad de la víctima. “Se estima, según la rigidez que presentaba el cuerpo, que el asesinato se cometió alrededor del mediodía (del viernes 10), seis horas antes del hallazgo”, escribía un anónimo cronista. Recién el lunes 13 El Día dio a conocer la identidad de la víctima: Graciela René Astorga, de 20 años, alumna de quinto año del Colegio Nacional Mixto de Ensenada. También precisaba que la joven había sido asesinada mediante “disparos en la cabeza”, sin precisar el número. La policía, decía el artículo, no tenía pistas concretas para resolver el crimen.
El miércoles 15, el mismo matutino informó sobre el hallazgo del cadáver de otra joven, en este caso una adolescente, en la misma zona. La víctima fue identificada como Susana Aurora Zanandrea, de 17 años, alumna de quinto año del Liceo Víctor Mercante. “El crimen corresponde al mismo episodio del que fue víctima Graciela René Astorga. Ambas eran amigas”, precisaba El Día en la bajada del título. El cuerpo también presentaba impactos de bala en la cabeza.
Más de 35 años después, los autores de esta investigación han podido establecer, gracias a los testimonios de ex alumnos del Liceo cuyos nombres permanecerán en reserva, que Graciela René Astorga y Susana Aurora Zanandrea no sólo eran amigas, sino que ambas mantenían relaciones afectivas con sendos integrantes de la Concentración Nacional Universitaria que por entonces formaban parte del plantel de auxiliares docentes del Liceo Víctor Mercante. “Zanandrea estaba saliendo con uno de los preceptores, de los de la CNU, pero no se había dado cuenta de cómo venía la mano con esos tipos. Cuando algunos compañeros la avivaron, se abrió y cortó con él. Fue pocos días antes de que la mataran. A ella y a la otra chica”, relató a Miradas al Sur uno de esos ex alumnos del Liceo. Otra fuente, también del Liceo Víctor Mercante, dio otra versión a los autores de esta investigación: “Después del asesinato de las chicas, uno de los preceptores de la CNU se acercó a un grupo de estudiantes, entre los cuales había algunos militantes de izquierda que estábamos perfectamente identificados por ellos, y nos preguntó si sabíamos algo sobre el asesinato de Susana (Zanandrea). Estaba preocupadísimo y pensaba que podía haber sido algo preparado por una organización de izquierda, lo cual era ridículo. Después empezó a correrse la bola de que el secuestro y asesinato de las chicas tuvo que ver con un ajuste de cuentas de una patota sindical de Buenos Aires con la CNU platense, y que les habían pegado ahí, donde les podía doler”, explicó.
Miradas al Sur publicará los nombres de los dos integrantes de la CNU relacionados con las víctimas en un próximo artículo, dedicado exclusivamente al caso. Por ahora basta adelantar que, además de esa relación que conecta a las víctimas con miembros de la patota comandada por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, el lugar donde fueron encontrados los cadáveres era uno de los sitios que con más frecuencia utilizaba la CNU para ejecutar a sus víctimas.
La Justicia jamás investigó estos dos crímenes.

Listado

El 24 de diciembre pasado, los autores de esta investigación publicaron en Miradas al Sur un listado provisorio de 58 víctimas del grupo de tareas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) platense, comandado por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio. Hoy, menos de un mes después de la publicación, a aquella lista se deben agregar otros tres nombres. Y también es necesario aclarar el error cometido con una fecha.
Los nombres que se suman son los de Susana Aurora Zanandrea, de 17 años, alumna de quinto año del Liceo Víctor Mercante, y de Graciela René Astorga, de 20 años, estudiante del quinto año del Colegio Nacional Mixto de Ensenada . A ellos hay que agregarle el del por entonces intendente de la Ciudad de La Plata, profesor Rubén Cartier, asesinado el 14 de julio de 1975.
También, en la edición del 24 de diciembre pasado se decía que Luis Macor, militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) fue asesinado por la CNU en agosto de 1975, cuando en realidad su muerte fue perpetrada un año antes, en agosto de 1974. Con estas tres víctimas, la lista suma 61 muertos, pero aún dista mucho de estar completa.

Represores vigilantes

Fogelman. De sabueso de Duhalde a custodio.
 
Promediando febrero de 2010, la Legislatura porteña dispuso que para marzo los registros de los dueños y empleados de las agencias de seguridad privada y sus antecedentes, deberían ser publicados en internet, para escrutinio de la sociedad civil. Transparencia PRO. En marzo, cuando Miradas al Sur publicó una nota sobre represores reciclados en el rubro de la seguridad privada en la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, los registros todavía se estaban digitalizando. Lamentándose por la dilación administrativa, un funcionario muy cercano al ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, dijo al ser consultado sobre el tema: “Qué complicación es eso, porque yo no sé si el Gobierno de la Ciudad tiene poder de vetar a un tipo. Yo lo que sí sé es que la responsabilidad por la contratación de un ex represor (sic) en definitiva es de la empresa privada, yo no sé el Gobierno de la Ciudad cuánto puede hacer, ¿no es cierto?”.
No sabía nada. La Ley 1913, sancionada en diciembre de 2005, establece en su artículo 5 los requisitos para integrar las firmas. El inciso g dice: “No haber sido condenado ni indultado por delitos que configuren violación a los derechos humanos”. A un marco de por sí laxo, el posterior decreto reglamentario 446 lo hace de goma: la Dirección de Seguridad Privada debe, “de creerlo pertinente”, solicitar informes sobre los postulantes al Ministerio de Derechos Humanos y Sociales, cosa no muy frecuente. Por esos vacíos legales transitan, como si fueran jubilaciones de privilegio, represores procesados, presos y sometidos a juicio, firmes sospechosos y ex comisarios y militares que predican desde sitios apologéticos de la dictadura. Incluso así, algunos vigiladores que hoy velan –con habilitaciones irregulares– por la suerte de instituciones, empresas, comercios, espacios públicos y personas, han sido indultados por sublevarse a la patria.
En la provincia el panorama podría ser peor. Los nombres de policías privados y empresarios del miedo no se difunden, pero casi todos los casos oscuros detectados en la Ciudad tienen su correlato provincial; a pesar de que la ley específica proscribe también a los procesados, Secretaría de Derechos Humanos bonaerense advirtió –sólo hasta 2009–, cuarenta casos con antecedentes, sin ninguna eficacia. Las nóminas públicas abrieron la caja de Pandora.

Los casos. El subprefecto retirado Jorge Marcelo de los Santos tenía 10 años cuando los hombres de Videla asaltaron la Casa Rosada. Sus ideas se fueron moldeando con la dictadura militar. Cuando cumplió los 21 años participó de los alzamientos de Semana Santa en 1987. Fue indultado en octubre de 1989. Hoy figura como vigilador habilitado de SSP Servicios de Seguridad Privada, que tiene la habilitación 00030 del gobierno de Macri, aunque rastrillando la web se lo puede encontrar con el cargo de gerente. Su empresa le presta servicios nada menos que a la Defensoría del Pueblo de la Nación, a Osde, al consulado de Perú, entre otros.
El subteniente Oscar Darío Minguitti también se sublevó aquella Semana Santa. Con De los Santos no sólo comparten el indulto de Carlos Menem, también su afición a la seguridad privada. Con su experiencia, Minguitti ganó el privilegio de ser uno de los escasos vigiladores autorizados a portar armas dentro de su empresa, Resguard SA, que opera en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires. Minguitti tiene responsabilidades varias. Entre sus custodiados se encuentra La Razón y Radio 10, pero también Pérez Companc, el Grupo Camuzzi y Esso.
Un tercer carapintada refuerza la seguridad de los porteños. Luis Alberto Brun cobró cierta notoriedad como carapintada: “Si Seineldín llega a morir pasaremos a ejecutar acciones especiales hasta asesinar a todo aquel personal que se oponga. Tenemos todos los medios para hacer lo que decimos”. Lo extraño es que fue contratado en 2004 por el entonces ministro de Seguridad León Arslanian como director de Planeamiento y Gestión del Ministerio y luego asignado a la coordinación entre los foros y el Ministerio. Nunca abandonó su hobby: hoy es jefe de Seguridad de Cooperativa de Provisión de Servicios en Seguridad Privada y renovó la habilitación el 14 de junio.
Estos ejércitos al mejor postor ofrecen una gama de servicios que va desde la custodia de edificios hasta la “investigación prelaboral de personal doméstico para countries”, como dice la plataforma de Trident Investigative. La Correpi asegura que los guardias privados son responsables de 2% de los 3.393 asesinatos desde 1983 hasta hoy: 63 muertes.
Sabiéndolo, no es menor la desidia de los gobiernos estatales para fortalecer las regulaciones y hacer cumplir las que existen. Este diario había anticipado en marzo de 2010 que Víctor Fogelman, el sabueso predilecto de Eduardo Duhalde, procesado por su participación en la represión ilegal en Bahía Blanca, era socio de la empresa Siccurezza, que tiene clientes como Lacoste y el Exxel Group, entre otros. Nada cambió desde entonces.
Similar es el caso del coronel retirado Jorge Luis Toccalino, que está siendo juzgado en Mar del Plata por decenas de privaciones ilegales de la libertad, tormentos, y dos homicidios en los chupaderos conocidos como La Cueva y la comisaría 4ª. Toccalino es el apoderado de Servicio de Guardi y Custodia SA, una agencia que tiene la bendición del alcalde y el gobernador.
Roberto Armando Balmaceda, jefe de la Sección Central de Reunión del Destacamento 101, un hombre de inteligencia preso por sus crímenes en La Cacha, es el director técnico de Grupo Seguridad Norte SRL, también con sedes en ambas jurisdicciones y autorizados a portar armas. Sus socios son Alicia González, su esposa, y uno de sus hijo, Ricardo.
Otros dos casos oscuros son los de los comisarios retirados de la Federal Rolando Nerone y Cayetano Nacarato. Nerone fue uno de los federales que desenmascaró Rodolfo Walsh, integrante de la célula que persiguió y secuestró exiliados cuando mandaba la Triple A. Participó del secuestro de la uruguaya Victoria Lucía Grisonas y el asesinato de su esposo Roger Julien. Julien alcanzó a herirlo en la pierna, lo que poco después le costó el retiro. En el legajo personal de Nacarato, su camarada, fue hallado el informe del comisario Alberto Obregón donde exaltaba la necesidad de “neutralizar en forma satisfactoria la actividad de organizaciones de tipo subversivo”, que utilizó el juez Daniel Rafecas hace unas semanas para procesarlo.
Nerone fue el centro de una polémica, porque la empresa que lo contrató hasta junio pasado –Anselmi SRL– custodiaba la Secretaría de Cultura de la Nación. Nacarato, por ahora lejos del banquillo, se mantiene indemne en sus sedes de la ciudad de Buenos Aires y de La Plata –a pesar de que la Secretaría de DD.HH. los observó en 2003– al frente de Audiseg SA, una agencia que ni siquiera tiene web.

Por Laureano Barrera
lesahumanidad@miradasalsur.com