domingo, 11 de mayo de 2014

La megacausa y la declaración sobre el asesinato de Múgica

El fantasma de la Triple A

El juez Oyarbide emitió una declaración en 2012 en la que establece que el asesinato fue realizado en 1974 por Fernando Almirón, por órdenes de la AAA. Los testimonios, cómo reconocieron al asesino, el marco de la megacausa.

 Por Irina Hauser

Todos los sábados al anochecer, Carlos Mugica daba misa en la iglesia San Francisco Solano de Villa Luro. Tenía la costumbre, previo a eso, de hacer una charla con las parejas que se estaban por casar en la que siempre les decía: “No es mirarse el uno al otro, sino mirar juntos en la misma dirección”. El 11 de mayo de 1974 repitió el ritual. Luego, cuando comenzó el oficio, en la última fila apareció un hombre que desentonaba con el lugar. Era un extraño en un barrio donde todos se conocían. Hubo vecinos y feligreses que lo describieron como una persona de facciones algo aindiadas, robusto, de pelo oscuro y bigote. Cuando Mugica estaba por salir de la iglesia lo llamó, “padre Carlos”, e inmediatamente comenzó a dispararle. Carlos Capelli, su amigo y colaborador, quien había ido a buscarlo para ir a un asado en la Villa 31, lo vio caer sentado contra una pared, mientras él mismo se desplomaba al recibir otros balazos.

La escena, nítida, surge de los relatos volcados en una resolución que firmó el juez Norberto Oyarbide el 12 de julio de 2012 en la que establece que “Rodolfo Eduardo Almirón fue el autor inmediato del homicidio de Carlos Francisco Sergio Mugica, en el marco del accionar delictivo de la Triple A”. En términos jurídicos es una declaración, no es una condena, porque Almirón había muerto tres años antes. El texto dice que, como el juzgado logró reunir las pruebas necesarias, decidió “declarar la verdad de lo que aconteció, y así brindar una respuesta a los familiares de la víctima y a la sociedad”.

Lo que determinó a Oyarbide a reactivar la causa penal fue que a fines de 2006 periodistas españoles encontraron a Almirón cerca de Valencia. El ex comisario llevaba 31 años allí. Había sido pilar de la organización terrorista que comandaba José López Rega desde el Ministerio de Bienestar Social durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Además, era custodio del Brujo. Fue extraditado en 2009 y estuvo preso hasta su muerte pocos meses después. La orden de captura original había sido librada en 1984, cuando fue procesado por asociación ilícita en concurso real con homicidio doblemente agravado. Ya se le adjudicaban los asesinatos del diputado Rodolfo Ortega Peña, del ex subjefe de la Policía Bonaerense, Julio Troxler, el de Silvio Frondizi y el de Mugica, unificados en el expediente sobre los crímenes de la Triple A, que sigue tramitando y llegó a sumar 680 hechos atribuidos a esa organización.

Capelli, quien tenía un vínculo de amistad con Mugica, colaboraba con él en sus actividades sociales en la Villa 31 y solía llevarlo y traerlo. Tanto su relato como el de otra amiga del cura, Helena Goñi, fueron centrales en el expediente judicial. Capelli tenía presente la cara de Almirón por haber acompañado a Mugica al Ministerio de Bienestar Social, donde hacía una suerte de asesoría ad honorem, ya que en algún momento había tenido la expectativa de poder hacer algo desde allí por los pobres. Goñi, en su testimonio, recordó que cuando el cura advirtió que en el organismo no existía el más mínimo interés por el tema, hizo una renuncia pública en la villa de Retiro ante una multitud, que fue transmitida por televisión. Allí explicó sus razones y pidió permiso para dar un paso al costado en nombre de ellos, los villeros. “Fue su sentencia de muerte”, dijo ella.

Los relatos de las personas más cercanas a Mugica en la causa reflejan que recibía amenazas de muerte por lo menos desde 1972. Llamados telefónicos (“sos boleta, te vamos a reventar”) y atentados, uno de ellos con una bomba en la casa familiar de la calle Gelly y Obes, donde en pisos distintos vivían sus padres y él. Desde sectores evidentemente cercanos al Ministerio de Bienestar Social y grupos de derecha se intentaba instalar la teoría de que lo amenazaba Montoneros, pero Mugica decía que tenía claro que era López Rega. Algo de esto se susurraba mientras lo velaban primero en la iglesia de San Francisco Solano y luego en la capilla Cristo Obrero de la Villa 31. Allí se habló hasta de Almirón. Por el terror que reinaba entonces, nadie se animó a señalarlo con nombre y apellido pero los relatos que hoy se asientan en el juzgado son coincidentes.

Capelli relató que ese sábado no había ido a la misa pero fue a buscar a Mugica para ir a Lanús y luego a un asado. Cuando abrió la puerta de la iglesia vio en la última fila a dos hombres, pero en el momento no advirtió quiénes eran. Cuando terminó la misa, entró a buscar al cura porque se les hacía tarde. Salió primero, y notó que alguien llamaba a Mugica. Caminó unos metros y escuchó la balacera. “A mí me tiraron del otro lado, yo caí mirando hacia el lado del padre Carlos, y conocí a la persona que estaba dentro de la iglesia. Esa persona continuaba disparándole. Lo conocí por la ropa. El padre Carlos quedó ahí sentado como fue cayendo, en el piso, y yo quedé a esa distancia, caído. A mí me dispararon de frente, es decir que fue otra la persona que me disparó. Supongo que era la persona que estaba con la anterior descripta en la iglesia, pero lo supongo porque no llegué a verlo. El que mató a Mugica fue Almirón”, testimonió Capelli.

Según varios testigos, los asesinos huyeron en un Chevy verde claro. A Capelli y Mugica los subieron a un Citroën, y el cura de la parroquia de Villa Luro, Jorge Vernazza, y una amiga de ellos, Carmen Artero, los llevaron al Hospital Salaberry. El médico de guardia dijo que Mugica había recibido cinco disparos en el abdomen, tórax y el brazo izquierdo, mientras que Capelli tenía uno en el tórax. Mugica murió allí. A Capelli lo llevaron al Rawson, donde tuvo catorce intervenciones en dos días.

Además de los testimonios más directos, el juez Oyarbide tuvo en cuenta dos relatos iniciales de la causa: el del ex militar Salvador Horacio Paino, quien trabajó con López Rega y exhibió una nómina del Ministerio de Bienestar Social de personas a ejecutar por la Triple A, entre ellas Mugica; y el del edecán de Presidencia Tomás Eduardo Medina, quien dijo que había escuchado a Miguel Angel Rovira y a Almirón decir sobre el cura “lo vamos a hacer boleta” días antes de que lo asesinaran.

Oyarbide declaró en marzo de 2008 que los crímenes de la Triple A son de lesa humanidad, lo que confirmó la Cámara Federal. El fiscal de lo que devino en megacausa es Eduardo Taiano. La declaración sobre el asesinato de Mugica es una ínfima parte. La investigación tardía tramita con las reglas de un viejo Código Penal, por eso no habrá un juicio oral propiamente dicho sino una etapa de plenario que estará a cargo de María Servini de Cubría. Están presos para terminar de ser juzgados Jorge Héctor Conti, Norberto Cozzani, Carlos Alejandro Gustavo Villone, Julio José Yessi y Rubén Arturo Pascuzzi. Además de Almirón, murieron su suegro, el ex comisario Juan Ramón Morales (también custodio de López Rega), y Felipe Romeo, quien dirigía El Caudillo, órgano de difusión de la Triple A.

jueves, 14 de febrero de 2013

Documentos de inteligencia: JSP de Moyano participaba de operativos con los militares



JSP de Moyano participaba de operativos con los militares

24 de mayo de 2012
• Documentos de inteligencia: JSP de Moyano participaba de operativos con los militares

Los 70: Documentos de Inteligencia revelan que miembros de la JSP de Moyano realizaban operativos conjuntos con las FFAA contra “Subversivos” en Mar del Plata (1975) y fueron protegidos por las FFAA el dia del golpe de 1976

Por Carlos Petroni
• Moyano, amigo y aliado de los militares del genocidio

Documentos de inteligencia de la Prefectura Naval y el Comando Naval de la zona de Mar del Plata, que obtuvimos en nuestras investigaciones y que publicamos con este artículo, muestran que miembros y cuadros de la Juventud Sindical Peronista (JSP), liderada en esa ciudad por el hoy Secretario General de la CGT, Hugo Moyano y Miguel Landín (que fue hace pocos años diputado provincial), Alejandro Alfredo Escobedo y otros, participaban y colaboraban en operativos “antisubversivos” por lo menos desde 1975. (Ver más abajo documento de Inteligencia de Prefectura del 21 de Febrero de 1975)

Otros documentos de inteligencia, también en nuestro poder, demuestran la continuidad de las relaciones entre la JSP y los militares que se ejemplifica en que el día del golpe de estado, el 24 de marzo de 1976, fueron detenidos varios miembros de la JSP, algunos como Escobedo a quien se identifica en los informes como “vinculado a los grupos armados de la JSP” liberado pocos días después “por falta de mérito.” (Ver documento de Inteligencia que da la lista de detenidos del 24 de marzo de 1976 y su destino posterior, algunos de cuyos extractos publicamos aquí).

Documentos de Inteligencia. Extractos con listas de detenidos el dia del golpe del 24 de marzo de 1976 muestran que algunos detenidos de la JSP ese día, incluyendo Escobedo fueron liberados en forma inmediata. Para ver una ampliación de estas imágenes clicke aquí, para leer como se informa que Escobedo fue rapidamente liberado a pesar de indicarse que pertenecia a "grupos armado de la JSP" junto a otro miembro de la la Juventud Sindical Peronista y aquí, donde se muestra la pronta liberacion del tesorero del gremio de Panaderos, uno de los participantes de operaciones conjuntas con miembros de las FFAA con anterioridad al golpe. Clicke aquí para leer la tapa del informe reservado

Otros detenidos de la JSP del 24 de Marzo de 1976, incluidos algunos de los que participaron en operativos como el que reseñamos en esta nota, que al momento de ser detenidos portaban armas de guerra, fueron inmediatamente dejados en libertad por los militares. Esa connivencia mutua se extendió durante la dictadura.

1975: El caso de la captura de Víctor Francisco Paz por los militares y la JSP

En uno de los documentos que publicamos junto a esta nota, un informe de inteligencia de Prefectura Naval fechado el 21 de febrero de 1975, y firmado por el Subprefecto Bernardino M. Nieto, Jefe de la Sección de Información, se narra como cinco miembros de la Juventud Sindical Peronista del gremio de panaderos, alineada con Moyano, Landín y Escobedo suministraron información sobre un supuesto colaborador del ERP y solicitaron y obtuvieron la autorización militar para participar de allanamientos y la detención del Cabo 2do. de Comunicaciones de la Armada Víctor Francisco Paz.

Documento de Inteligencia de Prefectura del 21 de Febrero de 1975 donde se indica la participacion de cinco miembros de la Juventud Sindical Peronista en un operativo de represion para capturar e interrogar a un sospechoso de ser "subversivo" y presunto colaborador del ERP. Clicke aquí para ver las imágenes ampliadas

Paz era presuntamente desertor de la Armada y planeaba – según la JSP y la Inteligencia – entregar documentación secreta de la Base Naval al Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP).

En los documentos de inteligencia, se describe como un militante del “Peronismo Ortodoxo” recomendó a un informante que se pusieran en contacto con la inteligencia militar y lo puso en contacto con la JSP para que interviniera en el asunto junto a los militares.

La operación, que consto de allanamientos a moradas de sospechosos, termino con la detención del Cabo Paz y otra persona.

Aparentemente la inteligencia militar, después de los interrogatorios de rigor, expreso dudas acerca del carácter de las actividades del Cabo Paz, de quien informan, además, que tiene varios procesos abiertos por mala conducta y hasta una violación que estaban siendo investigadas en la Armada.

Según el informe, el cabo Paz tenia 17 sanciones disciplinarias que totalizaban 157 días de arresto y en sus fojas había un pedido del oficial Páez pidiendo su baja de la Marina con fecha, 1973, dos anos antes de su detención. También se incluyen otros informes y sanciones a Paz del ano 1974 (firmado entre otros por el Jefe de Comunicaciones Manuel Riveriro).

Entre los efectos incautados al Cabo Paz se encontró una libreta de anotaciones con listas de equipo electrónico de la Base Naval, planos, listas de militares y de equipos de comunicación disponibles en la unidad.

Al ser detenido, indica el informe, se interrogo a Paz en el propio vehiculo de la Armada donde era transportado. No existen indicios posteriores de que paso con el sospechoso ni cual fue su destino final.

Los anales de la inteligencia militar y naval de la ciudad de Mar del Plata están repletos de información de este tenor. La colaboración de la JSP y otras organizaciones de ultra derecha con los militares en procedimientos, allanamientos, detenciones se prolongo durante por lo menos todo el periodo desde 1975 y posteriormente, bajo la dictadura instaurada en 1976.

Es por eso que resulta increíble que esa documentación no se haga publica y no se utilice en los casos de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, sino solo selectivamente. Esos archivos contienen nombres, apellidos y circunstancias de operativos militares y navales, así como de cuales organizaciones políticas y activistas, como en este caso, colaboraban activamente con la represión.

Una breve historia de relaciones peligrosas

Moyano era por entonces, 1975, no solo dirigente de la JSP, sino miembro de la Comisión Directiva de la CGT local (de la que seria mas tarde también su secretario general); Landín era Secretario Adjunto de la central sindical y Escobedo revistió, entre otros cargos, como Secretario de Prensa tanto de la JSP como de la CGT local.

Resultaría imposible que las actividades, narradas mas arriba donde participaban integrantes de su organización no estuvieran en el conocimiento de estos dirigentes, mas aun cuando se emitían comunicados precisamente alentando este tipo de “colaboración.” Y por el rígido verticalismo imbuido en esas organizaciones de ultraderecha,

La JSP local había sido fundada en Mar del Plata en 1971 por Moyano y Landín quienes además eran sus delegados a la dirección nacional de la organización creada por el entonces Secretario General de la CGT nacional, Ignacio Rucci. La JSP tenia como una de sus funciones principales el “identificar y detener Montoneros” en el ámbito fabril y laboral, que anunciaban como propósito en solicitadas y comunicados públicos. (Ver nota del Diario La Capital de Mar del Plata “La JSP se abocara a la Identificación y Captura de los Montoneros, 12 de Setiembre de 1974)

Diario La Capital de Mar del Plata “La JSP se abocará a la Identificación y Captura de los Montoneros, 12 de Setiembre de 1974. La JSP dirigida por Moyano hablaba publicamente de su tarea represiva.Clicke aquí para ver la imagen ampliada

A pesar de que en el sindicalismo marplatense de esos anos se enfrentaban dos facciones de dirigentes ortodoxos del Peronismo por cuestiones de poder, a la hora de realizar operativos contra la izquierda o la izquierda peronista, coordinaban los dos bandos sus acciones.

La otra tarea de la JSP era crear una corriente intersindical para neutralizar al neo-Vandorismo, dirigido por el metalúrgico Lorenzo Miguel, bajo ordenes del General Perón que desconfiaba de la lealtad de esa vertiente sindical desde que su fundador Augusto Timoteo Vandor postulara un “Peronismo sin Perón” en la década del 60.

Cualquier observador de la realidad nacional no puede dejar de advertir la similitud de esas tareas de la JSP de los 70 con las que desarrolla la reanimada JSP de estos días, creada por Pablo Moyano y el hijo de Ignacio Rucci, y hoy a cargo de Facundo Moyano, flamante diputado del Frente para la Victoria (FPV).

Vandor fue ejecutado en la sede de la UOM el 30 de junio de 1969 por un auto denominado “Ejercito Nacional Revolucionario” compuesto por activistas que luego serian parte de Montoneros.

Las vinculaciones entre la JSP y la CNU-Triple A

Sugestivamente, la JSP y la CGT marplatenses estaban estrechamente vinculadas a la Concentración Nacional Universitaria (CNU), una organización terrorista de ultra derecha que actuó como el brazo marplatense de la Triple A, reconocida por la justicia como ejecutores de crímenes de lesa humanidad.

El jefe de la CNU entre 1971 y 1974, ano en que fue asesinado por un comando guerrillero era el Dr. Ernesto Piantoni, que a su vez era el asesor letrado de Moyano y la propia CGT local. La JSP y la CNU locales actuaban en común acuerdo, publicaban solicitadas conjuntas y ejercitaban la violencia en forma coordinada.

Tanta era la coordinación entre la JSP y la CNU, además del Sindicato de Camioneros y otros, que en 1975 un grupo de ellos coparon la sede local de la CGT para dar un golpe de estado contra el secretario general de aquella época, el dirigente del SUPE Comaschi. El grupo armado puso provisoriamente a cargo de la central de trabajadores a una “Comisión de 10” sindicatos entre los que se encontraba el Sindicato de Camioneros dirigido por Moyano.

La disputa se centraba en relación a la verticalidad que había que sostener en relación al gobierno nacional de Isabel Perón que se hallaba en un enfrentamiento con el entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el metalúrgico Victorio Calabró, que para fines de 1975 promovía posiciones abiertamente golpistas contra el gobierno nacional.

La pelea entre los dirigentes locales de la CGT fue posteriormente resuelta mediante negociaciones entre los diferentes sectores de la burocracia sindical que abrió el paso para que el propio Moyano asumiera eventualmente la secretaria general de la CGT marplatense.

Según informes de inteligencia de la Prefectura Naval, el único que resistió el acuerdo fue el dirigente del gremio de viajantes, Mario Cámara, que había dirigido el copamiento armado de la central sindical. Cámara era reconocido como un hombre de acción, miembro y colaborador a la vez de la CNU y con estrechos lazos con la Alianza Libertadora Nacionalista (ALN). (Ver Informe Secreto – Memoria Anual 1975 – Sección Información de la Prefectura Naval Argentina – Fecha: 12-12-75)

Informe Secreto – Memoria Anual 1975 – Sección Información de la Prefectura Naval Argentina. En el capitulo destinado a hacer una sintesis de la situacion interna de la CGT dirigida ppor fracciones enfrentadas de la "ortodoxia" y la ultraderecha Peronista. Clicke aquí para ver las imágenes ampliadas del informe

Después de la muerte de Piantoni en 1974, le sucedió al mando de la CNU/Triple A, de acuerdo a fuentes judiciales, el Dr. Gustavo Demarchi, quien llego a ser Fiscal Federal de la ciudad, asesor de la Universidad local, abogado de la CGT y de Moyano y finalmente el candidato a Intendente del PJ en 1983 con el auspicio y apoyo del por entonces también Presidente del PJ local: Hugo Moyano.

La causa abierta por crímenes de terrorismo de estado en Mar del Plata

Demarchi y cerca de una docena de miembros de la CNU están siendo hoy procesados por crímenes de lesa humanidad por la Justicia Federal de Mar del Plata en la causa 13793. Casi todos los acusados en esta causa estuvieron estrechamente ligados a los ámbitos de la Universidad Provincial, que dirigían a partir de 1974, a los sindicatos y la CGT locales donde también actuaron con muchísima influencia y dirección entre 1971 y 1976 y a la Fiscalía Federal de la ciudad que era dirigida por el propio Demarchi.

Esta acción penal por Asociación Ilícita y Delitos de acción Publica fue abierta después que el juez Norberto Oyarbide se declarara incompetente para juzgar los crímenes de la CNU ya que reconoce el carácter de crímenes de lesa humanidad de la misma, pero no admite que estuviera subordinada a la Triple A, causa que se mantiene inactiva y a su cargo hace anos, a pesar de abundante evidencia en contrario.

Estos crímenes, asesinatos y secuestros que son investigados, solo comprende a los cometidos entre 1975 y 1976, que investiga el Juez Santiago Inchausti, son solo una muestra de los actos de terrorismo de estado cometidos en Mar del Plata por la Triple A.

Demarchi espera en una cárcel común de Colombia su inminente extradición, ya que al hacerle conocer fuentes judiciales de su inminente detención hace más de un ano, se fugo del país.

A pesar del creciente volumen de evidencia sobre las relaciones entre la CNU/Triple A, dirigentes y organizaciones gremiales de entonces y el aparato político del PJ local, y a pesar de existir indicaciones de la Cámara Federal de Mar del Plata en el sentido de al menos investigarlas, el juez Inchausti y el fiscal asignados a la causa 13793, parecen negarse a expandir la investigación que podría complicar a personajes poderosos del sindicalismo y la política actuales.

En ese sentido, la apertura publica de todos los informes de inteligencia militares y navales, de la Prefectura, PFA, SIPBA y otras agencias similares (que se mantienen intactos) ayudaría a dilucidar cientos de crímenes e imputar a muchos de sus responsables. Solo una decisión política de proteger a potenciales culpables puede explicar el secreto que rodea a esta documentación. ■

martes, 23 de octubre de 2012

Los Juárez y la Triple A


El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero le tomará mañana declaración testimonial en su domicilio a Mercedes "Nina" Aragonés de Juárez, en el marco del juicio que se le sigue a diez represores por delitos de lesa humanidad. La testigo deberá responder acerca de sus vínculos con José López Rega y el papel desempeñado por la Triple A en los grupos de tareas locales, ya que ella fue subsecretaria de Acción Social mientras su marido ejercía la gobernación entre 1973 y 1976.

La decisión se tomó porque la ex mandataria provincial (de 86 años) no se presentó la semana pasada para responder preguntas de los magistrados y de las partes, debido a que un médico certificó que padecía problemas de salud, básicamente de índole psicológicos.

Por esa razón, se optó por evitar su desplazamiento al Juzgado Federal desde "La Rosadita", ubicada en el barrio Centenario de esta capital, para cumplir con esa citación, que fue promovida por la defensa técnica de Musa Azar, exsubsecretario de Informaciones justamente durante el mandato de "Nina", y uno de los acusados por la desaparición forzada de 44 personas.
El plan represivo en Santiago del Estero comenzó a gestarse en el año 1972 y terminó de articularse en 1976. El plan de seguimiento y exterminio se hizo sentir en el año 1974. A lo largo de estos años fueron militares, policías y civiles quienes sembraron el terror en suelo santiagueño. Allí, precisamente, se encontraban los representantes de la Triple A, que recién a lo largo de muchos años y según varios testigos se llegó a conocer sus nombres: José Marino y Oscar “El Boxeador” Niss. 

Uno de los primeros en confirmar esa versión fue Juan José Velasco, ex delegado de la SIDE en Catamarca, quien declaró en el año 1984, en la causa abierta por el secuestro y desaparición del ingeniero Bugatti. 

“En Santiago del Estero existía un grupo encargado de control político, ideológico y hubo una planificación de las acciones para contrarrestar el ‘accionar subversivo‘. El grupo estaba dirigido por Marina Aragonés, Musa Azar y otros”. 

Guardaespaldas 
También agregó: “En ese grupo se encontraban dos personas, integrantes de la Policía Federal Ferroviaria, traídas por Carlos Juárez como guardaespaldas”. 
Este grupo fue el responsable de las amenazas de muerte que durante el año 1974, en el nombre de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), se realizaron contra personas.

Hubo varias amenazas
Algunas de las personas que habrían recibido amenazas de Marino y Niss, integrantes de la Triple A, fueron el doctor Ricardo Cheble o bien el ex diputado provincial Guillermo Miguel, actualmente desaparecido. 
Otra de las personas que aportó datos sobre el accionar de la Triple A fue precisamente Avila Otrera. Este hombre declaró en el juicio por la “Megacausa”. 

Fue perseguido 
En dicha ocasión, reveló que fue perseguido y amenazado por integrantes de la Triple A. 
Incluso, recordó un hecho particular dentro de un bar ubicado a pocos metros del Banco Nación, cuando dos personas ingresaron a pedir “datos” sobre Avila Otrera y luego se retiraron sin dar explicaciones. 
“A mí me siguió la Triple A”, expresó en el juicio por la “Megacausa”.

Aragonés de Juárez fue detenida el día en que se produjo el golpe militar, el 24 de marzo de 1976, y permaneció detenida en el Penal de Mujeres hasta diciembre de ese año. Cuando fue liberada, de inmediato viajó a España, país en el que se había exiliado su esposo.

domingo, 7 de octubre de 2012

Procesamiento firme para dos asesinos de la CNU


El indio Castillo y Pipi Pomares. Los jueces Julio Víctor Reboredo y Carlos Román Compareid confirmaron los procesamientos.

Se trata de Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio y Juan José Pomares (a) Pipi, imputados por secuestros y asesinatos cometidos al amparo del Estado.
Los asesinos Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio y Juan José Pomares (a) Pipi sufrieron un duro revés en sus intentos por evitar el castigo que merecen por los crímenes cometidos mientras formaban parte del grupo terrorista paraestatal Concentración Nacional Universitaria (CNU), entre mediados de 1974 y fines de abril de 1976. La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, con la firma de los jueces Carlos Román Compareid y Julio Víctor Reboredo, confirmó sus procesamientos por los secuestros y asesinatos de gremialistas y militantes populares cometidos en tres operativos parapoliciales realizados en febrero y abril de 1976.
En el fallo, los camaristas consideraron probada prima facie la participación de Castillo en los hechos que tuvieron como víctimas a Carlos Antonio Domínguez (secuestrado y asesinado), Roberto Fiandor (secuestrado que logró escapar), Leonardo Guillermo Miceli (secuestrado y asesinado), Néstor Hugo Dinotto (secuestrado, torturado y asesinado), Graciela Herminia Martini (secuestrada, torturada y asesinada), Daniel Hugo Pastorino y Adelaida Úrsula Barón (secuestrados, sometidos a un simulacro de fusilamiento y liberados). Pomares, por su parte, está procesado por los últimos cuatro casos.
Además, al confirmar el procesamiento, los jueces Reboredo y Compareid enmarcaron los crímenes cometidos por Castillo y Pomares –junto con otros integrantes de la CNU cuyos nombres ya han sido publicados por la investigación de Miradas al Sur– como delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. “Existen razones generadas por la prueba reunida en esta causa –a la cual se ha referido extensamente el señor juez de grado (se refieren a Arnaldo Corazza)– para pensar que integrantes de uno de estos grupos paraestatales ilegales, posiblemente de la CNU, tuvieron intervención en los delitos investigados, los cuales fueron cometidos de manera planificada y de acuerdo con una política de persecución y eliminación de personas alentada o tolerada por el propio Estado”, señalaron.
Las reconstrucciones de los tres operativos parapoliciales por los cuales los jueces confirmaron los procesamientos de Castillo y Pomares también han sido publicadas con anterioridad en Miradas al Sur por los autores de esta investigación.

Asesinato de un gremialista. Carlos Antonio Domínguez, presidente de la Agremiación de Empleados por Reunión del Hipódromo de La Plata, fue secuestrado por la CNU la madrugada del 12 de febrero de 1976 en su domicilio de la calle 12 N° 533, de esa ciudad (ver nota “Domínguez va a ser boleta”, del 19 de junio de 2011). Poco antes, el mismo grupo de tareas había irrumpido en la casa de Roberto Fiandor, vocal del gremio, quien luego de ser reducido por imperio de las armas fue encerrado en el baúl de uno de los dos Ford Falcon utilizados en el operativo.
Con sus dos víctimas a bordo, la caravana se dirigió a la ruta provincial que conduce a la localidad de Magdalena, ubicada al sur de La Plata. En un punto del trayecto, Fiandor logró forzar desde adentro la cerradura del baúl del segundo Ford Falcon y arrojarse al pavimento. Milagrosamente ileso, emprendió una rápida carrera a campo traviesa sin ser alcanzado por las balas disparadas por varios integrantes del grupo parapolicial. A partir de entonces, vivió oculto y atemorizado, sin hablar del hecho durante décadas. Domínguez, trasladado en el asiento trasero del primero de los autos, no tuvo oportunidad. Su cadáver fue hallado a las 11 de la mañana cerca del paraje conocido como “La Viruta”, a la vera de la ruta provincial 20, que une La Plata con Magdalena. Según pudo reconstruir Miradas al Sur, fue asesinado con un disparo de Itaka por la espalda realizado por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio. Luego, el resto de la banda descargó sus armas sobre el cuerpo ya inerte del gremialista. En la autopsia se señaló que había sido impactado por más de 50 balas.
Los autores de esta investigación han identificado a la mayoría de los participantes del operativo de la madrugada del 12 de febrero de 1976. Además de Castillo y Pomares, el grupo de tareas de la CNU estuvo integrado, entre otros, por Dardo Omar Quinteros, Antonio Agustín Jesús (a) Tony, Martín Osvaldo Sánchez (a) Pucho, Alfredo Ricardo Lozano (a) El Boxer, Ricardo Calvo (a) Richard y Gerardo Blas (a) El Flaco.
La participación de Castillo está además probada por un elemento material. Al secuestrar a Domínguez, la patota también robó una serie de bienes del gremialista, entre ellos una máquina de escribir marca Engadinne 44 de 90 espacios, número de serie C94874. El 30 de abril de 1976, esa máquina fue hallada por la policía en la quinta que habitaba El Indio en la zona sur de La Plata, durante un allanamiento realizado luego de que la banda de la CNU fuera desactivada y varios de sus miembros detenidos por orden del jefe del Área de Operaciones 113, coronel Roque Carlos Presti, a quien el accionar por momentos indisciplinado de Castillo y sus hombres dejó de convenirle.

Cuatro militantes secuestrados. Néstor Hugo Dinotto, Graciela Herminia Martini, Adelaida Úrsula Barón y Daniel Hugo Pastorino fueron secuestrados la madrugada del 4 de abril de 1976, cuando circulaban por Villa Elisa, al norte de La Plata, en un taxi conducido por el último de ellos (ver nota “Cayó Pipi”, del 10 de julio de 2011). El taxi fue interceptado por dos o tres autos, desde los cuales los integrantes de la CNU dispararon contra las cubiertas para detenerlo. Los cuatro militantes de la izquierda peronista fueron obligados a subir a uno de los automóviles, un Peugeot 504 robado, en el que los condujeron a la esquina del Camino Centenario y la calle 422, donde se los sometió a un simulacro de fusilamiento.
“Después de ello –describe el fallo de los camaristas–, fueron llevados hasta una zona rural, en donde los secuestradores los amenazaron y sometieron a torturas a Dinotto y Martini, a quienes interrogaron sobre sus actividades políticas.” La investigación de Miradas al Sur pudo determinar que la “zona rural” a la que se refieren los jueces era en realidad una de las casas operativas del grupo de tareas de la Concentración Nacional Universitaria, más precisamente la vivienda del padre de El Indio Castillo, ubicada en diagonal 113 y 65, contra los fondos de la Facultad de Agronomía. Se trataba de una construcción que todavía existe, rodeada por una suerte de parque arbolado, donde la banda tenía una casa rodante. A esa tráiler fueron llevados, sucesivamente, Dinotto y Martini para ser torturados, mientras Pastorino y Barón permanecían en uno de los autos, vigilados por sus secuestradores, aterrorizados por las armas que les apuntaban y los gritos de sus compañeros.
Daniel Hugo Pastorino y su mujer, Adelaida Úrsula Barón, no fueron torturados y salvaron sus vidas debido a la llegada al lugar un miembro de la CNU que no había participado del operativo de secuestro. Este sujeto reconoció a Úrsula Barón, con uno de cuyos familiares tenía relación. Se produjo, entonces, el siguiente diálogo:
–¿Qué relación tiene usted con la familia Barón?
–Soy la hija menor –responde Adelaida.
–Vos sos hermana de alguien que tiene altos valores morales, de una persona recta, de bien. ¿Cómo puede ser que estés con estos asesinos? –dice el sujeto y, sin esperar respuesta, se da vuelta y les habla a los otros:
–A estos dos chicos no los tocan.
Treinta y cinco años después, el sentido de la escena quedará revelado con una explicación de Daniel Pastorino en el Juicio por la Verdad. “El hermano de mi ex mujer era militante nazi, pertenecía a Tradición Familia y Propiedad, era amigo de este hombre”, dirá. Y agregará: “Este hombre también era nazi, tenía una librería muy conocida en la ciudad”. La investigación de Miradas al Sur identificó al “librero nazi”: Patricio Errecarte Pueyrredón, también integrante de la CNU, propietario de la desaparecida librería La Barca, de diagonal 79 entre 55 y 56.
Poco después, Pastorino y Barón fueron liberados en una esquina de La Plata. “De nuestras caras se olvidan, no hablen con nadie de esto porque son boleta”, los amenazó Castillo antes de dar la orden de que los soltaran. Los cadáveres acribillados de Dinotto y Martini fueron encontrados la mañana siguiente en un descampado de City Bell.
Daniel Hugo Pastorino reconoció a dos de sus secuestradores: Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio y Juan José Pomares (a)Pipi. Los autores de esta investigación han logrado confirmar la participación de otros cuatro integrantes del grupo de tareas de la CNU, además de Errecarte Pueyrredón: Antonio Agustín Jesús (a) Tony, Alfredo Ricardo Lozano (a) El Boxer, Martín Osvaldo Sánchez (a) Pucho y Ricardo Calvo (a) Richard.

El delegado de Limpiolux. Leonardo Guillermo Miceli –estudiante de Ingeniería Química, militante montonero y empleado de Limpiolux, empresa dedicada a la limpieza de las instalaciones de Propulsora Siderúrgica, del Grupo Techint– fue secuestrado de su vivienda, en la calle 122 N° 1891, de La Plata, la madrugada del 19 de abril de 1976, por un grupo de personas fuertemente armadas que actuaron a cara descubierta (ver nota “El secuestro de Leonardo Miceli y el triste cabaret del Flaco Vela”, del 8 de abril de 2012).
Ana María Bossio, la mujer de Leonardo Guillermo Miceli, estaba en el dormitorio con su pequeño hijo cuando vio que una luz muy potente iluminaba el frente de la casa. Escuchó gritos y órdenes antes de que la patota derribara a golpes la puerta de entrada. Leonardo Guillermo Miceli intentó llegar hasta el dormitorio, en un reflejo inútil por protegerlos, pero los invasores –más de una decena de hombres jóvenes, de civil– se lo impidieron.
Poco después, Ana María Bossio escuchó el ruido de armas al ser amartilladas y luego una voz, deformada por un Handy, que ordenaba: “Móvil uno a móvil dos, ¡tiren al bulto y retírense!”. Cerró los ojos esperando escuchar los disparos, pero éstos no llegaron. “¡Vamos!”, gritó alguien desde la otra habitación. “¡Nos vamos!”, repitió el hombre al que después identificará como El Indio Castillo dentro del dormitorio. Antes de salir, le dijo:
–Boludita, si querés saber algo de tu marido, andá mañana en horario de oficina al Regimiento 7 y preguntá por él.
Apenas salieron del dormitorio, Ana María Bossio se levantó de la cama y, venciendo el terror, miró por la ventana. Alcanzó a ver cómo el grupo se repartía para subir a tres autos grandes con los motores en marcha. En uno de ellos llevaban a su marido.
Esa misma noche, el grupo de tareas de la CNU comandado por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio secuestró también a Carlos Satich, compañero de Miceli en Limpiolux, y a Horacio Salvador Urrera, un militante gremial peronista a quien se la tenían jurada desde hacía años (ver nota “Crónica de un asesinato anunciado”, del 16 de octubre de 2011). Fracasarán, en cambio, al intentar el secuestro de Alberto Bossio, hermano de la mujer de Miceli y también militante de Montoneros.
Los cadáveres acribillados de Leonardo Miceli, Carlos Satich y Horacio Urrera fueron encontrados al día siguiente en aguas del arroyo Santo Domingo, en jurisdicción de Sarandí, una de las zonas liberadas de que disponía el grupo de tareas de la Concentración Nacional Universitaria para sembrar los cuerpos de sus víctimas.

Delitos de lesa humanidad. El fallo de los camaristas Carlos Román Compareid y Julio Víctor Reboredo es claro al definir como de “lesa humanidad” los crímenes por los que están procesados Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio y Juan José Pomares (a) Pipi. Se trata de un encuadramiento fundamental para que, finalmente, pueda hacerse justicia, ya que se trata de delitos imprescriptibles.
En los fundamentos, los jueces citan una serie de decretos del gobierno de María Estela Martínez de Perón –es decir, previos al golpe del 24 de marzo de 1976– que propiciaron el accionar de grupos paraestatales como la Triple A, el Comando Libertadores de América (que operó básicamente en la provincia de Córdoba) y la Concentración Nacional Universitaria (principalmente, en La Plata y en Mar del Plata). Entre ellos hay tres que resultan clave para identificar las operaciones de la CNU como parte del aparato terrorista de Estado durante el gobierno peronista. Se trata de los decretos 2770, 2771 y 2772 del 6 de octubre de 1975, que establecen expresamente que las Fuerzas Armadas podrán “ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”.
La investigación de Miradas al Sur pudo establecer que unos pocos días después de la firma de estos decretos la Concentración Nacional Universitaria pasó a depender operativamente del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército (ver nota “El día que la CNU recibió órdenes del Ejército”, del 13 de noviembre de 2011). Hasta entonces, el grupo de tareas de Carlos Ernesto Castillo había respondido a una cadena arbórea de mandos que incluían al gobernador de la provincia de Buenos Aires, el sindicalista de ultraderecha Victorio Calabró, y a la Triple A, a través de Aníbal Gordon. Sin embargo, tras la firma del decreto, en una reunión realizada en la sede del Sindicato de Papeleros de Bernal y relatada mucho después por uno de sus participantes, el suboficial de Inteligencia Omar Orestes Vaello, “el Ejército arregla directamente con los citados Miguel Angel Tarquini (jefe de la Zona Sur de la CNU) y Patricio Fernández Rivero (a) El Manco, jefe nacional de la CNU, la operativa militar de la organización bajo supervisión de Inteligencia del Ejército”. En otras palabras, el gobierno peronista le transfirió a las Fuerzas Armadas el comando de una de sus organizaciones terroristas que sostenía desde el aparato del Estado.
Volviendo al fallo de los camaristas, Reboredo y Compareid se explayan en las características del accionar de la CNU que muestran sin equívocos que forman parte de un aparato terrorista montado desde el Estado. “Cabe destacar que en los tres casos sometidos a la revisión de esta Alzada, los operativos fueron practicados por hombres vestidos de civil, fuertemente armados, que irrumpieron en las casas de las víctimas o interceptaron sus vehículos con la finalidad de llevarse a las personas previamente individualizadas, quienes a las pocas horas aparecieron muertas en lugares alejados de la ciudad. En los casos de Domínguez y de Fiandor se trató de un ataque conjunto practicado en la misma noche”, explican. Y agregan: “También se presentan en autos otras características comunes a este tipo de delitos, como son el gran número de hombres que intervienen en ellos, la utilización de varios automóviles y de poderosas armas de fuego, la garantía de impunidad dada por la liberación de zonas para actuar sin interferencia de las fuerzas de seguridad y la escasa actividad judicial”.
Además de confirmar los procesamientos de Pomares y Castillo, el fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata tiene, por extensión, una importancia que trasciende ampliamente los crímenes a los que se refiere de manera específica. Al caracterizar el accionar de la CNU como parte del aparato terrorista de Estado, antes y después del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976, define la imprescriptibilidad –por tratarse de delitos de lesa humanidad– de todos los crímenes cometidos por esa organización.
Por Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal  -  dcecchini@miradasalsur.com

martes, 14 de agosto de 2012

La impunidad y la responsabilidad de Oyarbide y el gobierno

Por Mesa de Investigacion y Accion contra la Triple A

 Esta declaración fue entregada en mano al nuevo Secretario de DDHH de la Nacion, Martin Fresneda, el 31 de julio del 2012, en la sede del Espacio para la Memoria, en el ex Centro de Torturas de la ESMA, durante el homenaje que se lleva a cabo todos los años al asesinado diputado nacional, Rodolfo Ortega Peña. Copias de la misma tambien fueron entregadas a los 150 personas presentes, muchos de ellos funcionarios del gobierno, abogados, juristas, compañeros, familiares y amigos de Ortega Peña. La actividad estuvo precedida por la proyección del documental “Parapolicial Negro” del director V.J. Diment. A la pelicula le siguió un panel de oradores. Hasta el dia de la fecha, esta declaración no ha tenido respuesta oficial.

“En 1974, algunos dirigentes se dedicaban a cazar zurdos. El archivo fotografico es implacable. Es implacable.” Cristina Fernandez de Kirchner

• Hay que terminar con la impunidad de los asesinos de Ortega Peña y otros 1.500 intelectuales, activistas sindicales, dirigentes políticos. La responsabilidad del juez Oyarbide y el Gobierno
 
Rodolfo Ortega Peña defendía presos políticos de la dictadura militar de Lanusse y de los gobiernos Peronistas que le sucedieron en 1973. Era un revolucionario que denunciaba el pacto social y el programa neodesarrollista que implementaba el gobierno en cuyas listas electorales había sido elegido diputado. No dudo en formar un bloque unipersonal. Era un hombre, un militante, que no dudo en romper con las exigencias de la verticalidad para hablar con la verdad sobre los responsables de las bandas fascistas de la Triple A.

El 30 de mayo de 1974, Ortega Peña hablo en el sepelio de los obreros socialistas fusilados en Pacheco por la Triple A y responsabilizo a la burocracia sindical y al gobierno por la actuación de esta. Ortega Peña sostenía que la izquierda, los activistas sindicales y los revolucionarios debían unirse para defenderse y vencer a las bandas fascistas. Eso le costaría la vida, pero era un hombre apegado a la verdad.

La Triple A lo asesino el 30 de Julio de 1974. Sus asesinos permanecen impunes hasta la fecha, como lo son los responsables de mas de 1.500 asesinatos y desapariciones del terrorismo de estado de los gobiernos Peronistas entre 1973-76, el que precedió al mas extenso y profundo terrorismo de la dictadura militar (1976-1982).

A pesar de contar con un expediente con mas de 60 cuerpos con múltiple evidencia contra centenares de asesinos, la Causa Triple A, en manos del juez Dr. Norberto Oyarbide esta detenida y siendo descuartizada judicialmente para evitar la investigación y castigo de todos los responsables, muchos de los cuales luego pasaron a revestir en los Grupos de Tareas de la dictadura militar.

¿A quien se defiende? ¿Que se defiende?

El juez Dr. Norberto Oyarbide escribió pedidos de extradición defectuosos que impidieron hasta ahora traer al país a Isabel Peron. Mantuvo inactivo los expedientes y cuando fue censurado en dos oportunidades por la Camara procedió primero a producir un centenar de “incidentes” repetitivos e innecesarios (como pedir de nuevo a los querellantes que ratificaran sus denuncias) para ganar tiempo y finalmente procuro la detención de siete sospechosos sexagenarios, entre ellos el ex “periodista” Jorge Conti y Julio Yessi, el ultimo yerno de Lopez Rega y cabeza de la JPRA, una de las ramas de la Triple A.

Sin embargo hay fundadas sospechas de que no intenta juzgarlos sino mantenerlos en el limbo judicial, tal vez excarcelaros a sus domicilios, como ya lo hizo con Almiron, Rovira y Morales quienes nunca fueron juzgados y murieron de viejos. Mucho menos esperan los cientos de querellantes en la causa que se juzgue a los centenares de responsables directos e indirectos de esos crímenes de lesa humanidad.

Oyarbide ha desmembrado a la Triple A pervirtiendo no solo la justicia sino tambien la historia. Si bien reconoce por escrito que la Concentracion Nacional Universitaria (CNU) o la Juventud Sindical Peronista (JSP) o la Juventud Peronista de la Republica Argentina (JPRA), y otras organizaciones de derecha semejantes, cometieron actos de terrorismo y crímenes de lesa humanidad las ha declarado arbitrariamente como “no tributarias” de la Triple A cuando es publico y notorio, y existe abundante evidencia en contrario, derivando las acusaciones sobre estas organizaciones a otras jurisdicciones deteniendo la justicia y dificultando las causas de los querellantes en grado extremo. Con este método, Oyarbide ha desechado testigos y querellantes arbitrariamente. Busca con esto que cunda el desanimo y los acusadores desistan de sus esfuerzos.

La Triple A era una confederación de grupos de derecha, politicos, sindicales, militares y policíales que incluía a la Concentracion Nacional Universitaria (CNU); la Juventud Sindical Peronista (JSP), la JPRA, el CdeO, COR y otros grupos, junto a matones sindicales y miembros de las policías y las FFAA que, como en el caso de Cordoba actuaban bajo el nombre de Comando Libertadores de America u otros similares.

Esta confederación de derecha usaba el titulo genérico de Triple A y era protegida, armada y dirigida desde el estado, desde varios ministerios, secretarias y otras instituciones del estado, así como por sindicatos, la propia CGT, gobernaciones e intendencias del país.

El grupo de asesinos comandados por los Comisarios Morales, Almiron y Rovira alrededor del entonces Ministro Lopez Rega era solo una unidad de esta confederación terrorista de estado que se ocupaba de los blancos “VIP” (Ortega Peña ; Silvio Frondizi,; el Padre Mujica; Troxler y otros). La Triple A también inauguró, antes de la dictadura militar, campos de concentración como Automotores Orletti y llevaba a cabo los primeros pasos del llamado “Plan Condor.”

Desde la Masacre de Ezeiza a la Masacre de Pasco; desde la Masacre por la muerte de Ernesto Piantoni en Mar del Plata a la Masacre de socialistas en La Plata y de esta a la Masacre durante el llamado “Navarrazo” en Cordoba o en Villa Constitucion contra los trabajadores metalúrgicos, la Triple A es la expresión del terrorismo de estado sobre la que se monto la posterior operación de genocidio de la dictadura.

Oyarbide intenta culpar solo a Lopez Rega y un circulo a su alrededor del ex Ministro de unas 20 personas por todos los crímenes de la Triple A. Como la mayoría de esta veintena de personas han muerto, o se espera su fallecimiento en cualquier momento como los que han sido arrestados hace poco, la impunidad reinara al final del proceso judicial que marcha a paso de tortuga.

Una somera revision de los hechos y pruebas acumuladas bastaria para observar que varios Presidentes del pais (Menem y Duhalde entre ellos), candidatos presidenciales, gobernadores, intendentes, ex Ministros, altos dirigentes sindicales y oficiales policiales y militares de alta jerarquia mantuvieron estrechas relaciones, participaron, colaboraron y/o protegieron a los asesinos de la Triple A y se beneficiaron de sus crimenes para avanzar sus carreras y asentamiento en el poder.

Oyarbide se ha negado a indagar a Hugo Moyano y muchos otros potenciales responsables con la excusa de que militaban en organizaciones que, aunque ejecutantes de actos terroristas de lesa humanidad, no era tributarias de la Triple A. Oyarbide de hecho ha actuado en relacion al dirigente sindical mas como defensor del mismo que como juez. Cualquier juez honesto, con la evidencia a la vista, hubiese investigado el caso de Moyano y el de muchos otros dirigentes sindicales comprometidos.

Le ha permitido Oyarbide a estos sospechados de crimenes de lesa humanidad plantar testigos falsos que, cometiendo perjurio, han embarrado la cancha judicial – incluso a contramano de la evidencia incontrastable en su poder Oyarbide ha apoyado esos testimonios apócrifos - y también ha pasado por alto Oyarbide – como es común intentarlo por las defensas en los juicios contra los militares del “Proceso”- que los acusados traten de bastardear evidencia y desprestigiar testigos de cargo. Todo esto lo ha hecho el juez de la causa rescribiendo una y otra vez la teoría ya rechazada judicialmente de los “Dos demonios”.

El juez Oyarbide se ha negado a proteger testigos y no ha cumplido casi ninguna de la líneas investigativas propuestas por la fiscalía en la Causa.

Muchos miembros de la Triple A tienen hoy puestos prominentes en la política y el sindicalismo y esto es lo que se protege el juez de la causa – que incluso se ha mostrado públicamente en funciones sociales con algunos de ellos y por estas razones debe ser desplazado de la causa y esta entregada a un juez probo, dispuesto a llegar hasta el final en la investigación y el castigo de los responsables.

De lo contrario se implementara en nuestro país una de las mayores denegaciones de justicia de nuestro país contra víctimas del terrorismo de estado.

Las responsabilidades del gobierno

El actual gobierno nacional ha hecho de los DDHH, según sus propias declaraciones, “una política de estado.” Esto ha permitido la sanción de leyes anulando los perdones, amnistías, punto final y obediencia debida y abierto el cauce del juzgamiento de algunos militares genocidas y a un numero limitado de civiles. En nombre del estado se ha pedido perdón a la sociedad Argentina por esos crímenes de lesa humanidad de las FFAA y sus cómplices.

En un discurso reciente, la Presidenta ha dicho: “En 1974, algunos dirigentes se dedicaban a cazar zurdos. El archivo fotografico es implacable. Es implacable.” Sabemos que se refiere a la responsabilidad de aquellos que formaron parte y colaboraron con la Triple A y sabemos del archivo fotografico porque nosotros lo hemos construido con nuestras investigaciones.

Una política integral de DDHH demanda un tratamiento de todos los crímenes de lesa humanidad, no solo aquellos que son convenientes políticamente. Los crímenes de la Triple A deben ser investigados y sus culpables castigados:

El gobierno debe pedir en nombre del estado, perdón por los crímenes de lesa humanidad del periodo 1973-76;

Debe asegurar que la causa Triple A se movilice y los responsables de los crímenes sean investigados aportando para ello las pruebas existentes en los archivos en poder del estado y Impulsar el reemplazo del Dr. Oyarbide la causa y reemplazarlo por un juez y fiscales dispuestos a terminar con la denegación de justicia y protección de los culpables que imperan hoy.

El gobierno tiene los mecanismos legales para hacerlo incluyendo la Procuraduria General, la Secretaria de DDHH de la Nacion y el Consejo de la Magistratura, así como también le asiste el derecho de integrarse a las causas como parte y en el caso especifico de la Triple A impulsar su investigación. El gobierno también posee los archivos de inteligencia de la DIPBA, Prefectura, la Armada, el Ejercito y la Aeronautica y otros en donde figuran muchos de los mencionados como autores materiales y lideres políticos responsables de los crímenes de lesa humanidad de la Triple A.

A los querellantes y testigos comprometidos con la verdad les faltan los medios materiales para enfrentar esta tarea cíclopea y es responsabilidad del estado garantizar que las pruebas e investigaciones que han realizado estos, y que están a disposición de la justicia para cuando esta se decida a actuar – tengan su apropiado curso en los estrados de la justicia.

Actuar con firmeza le significaría a Ortega Peña y a los centenares de víctimas de la Triple A el homenaje mas honesto y pertinente, el de que se haga justicia en sus casos. Nosotros expresamos nuestra disposición a hacer nuestra parte, la estamos haciendo, para que se impute por sus crímenes a los responsables.

jueves, 7 de junio de 2012

Detienen a siete ex miembros de la Triple A

Es por crímenes ocurridos entre 1973 y 1976.
Un secretario y un yerno de López Rega, apresados.

Siete exmiembros de la extrema derecha del peronismo y excolaboradores del fallecido ministro de Bienestar Social José López Rega fueron detenidos acusados de crímenes contra la humanidad perpetrados por la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) entre 1973 y 1976.

Fuentes judiciales revelaron que los detenidos son el periodista Jorge Conti, yerno de López Rega, que fue su secretario de prensa y además presentador del noticiero del entonces Canal 11, y Carlos Alejandro Villone, exsecretario privado de López Rega.

También arrestaron a Julio Yessi, exjefe de la Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA); Raúl Ricardo Arias, Carlos Jorge Duarte y Rubén Pascuzzi, policía federal retirado.

La detención también alcanzó al excabo bonaerense Norberto Cozzani, que cumple prisión preventiva en la "causa Camps".

El juez federal Norberto Oyarbide, con intervención de la secretaria Patricia Palmisano, los indagó como presuntos organizadores de la "asociación ilícita" que formaba la Triple A, que guardaba su arsenal de ametralladoras y fusiles en los sótanos del ministerio. El único que se negó a declarar fue Yessi, muy conocido en el partido bonaerense de Lanús, mientras la defensa de Conti pidió su excarcelación y la de Villone solicitó la detención domiciliaria. Por ahora todos están detenidos en el penal bonaerense de Marcos Paz.

En esta causa el juez pidió a España la extradición de la expresidenta María Estela Martínez de Perón, residente desde 1981 en Madrid y muy vinculada a la familia del fallecido dictador ibérico Francisco Franco, pero la Justicia española denegó esa solicitud. Los demás acusados fallecieron: López Rega, los policías federales Juan Ramón Morales y Rodolfo Almirón -sindicado como el autor material del asesinato del sacerdote Carlos Mugica en 1974-, Miguel Ángel Rovira y el periodista Felipe Romeo, exdirector de la revista "El Caudillo".

Entre los hechos que se investigan en esta causa figuran los homicidios del exdiputado Rodolfo Ortega Peña, del exsubjefe de la Policía Bonaerense Julio Troxler y del hijo de tan sólo seis meses de edad de Raúl Laguzzi, exdecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La Triple A se presentó en 1973 mediante un atentado con bomba al entonces senador radical Hipólito Solari Yrigoyen, que sufrió heridas en las piernas y salvó su vida de milagro, y a partir de allí ejecutó unos 700 atentados contra la oposición política y la guerrilla, además de amenazas a intelectuales y artistas. Muchos debieron exiliarse.

Esta causa judicial se inició hace 37 años a partir de una denuncia del abogado Miguel Radrizzani Goñi y en 1989 se cerró luego del fallecimiento de López Rega. El 2 de febrero de 2007 fue reabierta por Oyarbide a partir de anoticiarse de la presencia de Almirón en España, que fue extraditado.

miércoles, 8 de febrero de 2012

Lluvia de balas para un intendente que molestaba

El 14 de julio de 1975, la CNU asesinó al jefe comunal de La Plata, Rubén Cartier, por orden del gobernador Calabró.

Asesinado. El intendente Rubén Cartier, poco antes de ser asesinado por la CNU.

Poco a poco, la calefacción del Dodge Polara le ha devuelto el calor al cuerpo todavía vivo del intendente de La Plata, Rubén Cartier. El reloj que lleva en la muñeca izquierda marca las 20.45 y el frío de la noche del 14 de julio de 1975 es feroz. Los informes meteorológicos aseguran que forma parte de una ola que se prolongará por varios días. Cartier y sus acompañantes –su secretario privado, Alfredo Otero, y el director de Tránsito de la Comuna, Manuel Balverde– no hablan del frío, sino de un tema cada día más caliente: el enfrentamiento entre la ortodoxia política del Justicialismo, a la cual pertenece el intendente, con el gobierno bonaerense del sindicalista de ultraderecha Victorio Calabró, cuyos contactos con sectores golpistas ya son un secreto a voces. De eso tratará la reunión a la que Cartier tiene previsto concurrir en el Hotel República de la Capital Federal, donde lo espera el gobernador de una provincia del norte argentino, también enfrentado al sindicalismo y alineado con Isabel Perón.
El chofer Edgardo Villalba conduce con pericia, aunque un poco ausente. Es casi un reflejo que tiene para no distraerse con las conversaciones que el intendente suele mantener en el auto con sus ocasionales acompañantes. Ninguno de ellos sabe que esa tarde Alberto Bujía (a) el Negro, mano derecha de Calabró, ha salido con una orden precisa de la residencia donde el gobernador bonaerense se repone de una gripe. Tampoco que, por imperio de esa orden, un grupo de tareas integrado por culatas sindicales y miembros de la patota de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) que lidera Carlos Ernesto Castillo (a) el Indio ha abordado dos vehículos, una camioneta Chevrolet último modelo y un Ford Falcon 1974, para salir hacia Buenos Aires detrás del auto del intendente. La orden que han recibido es clara: tienen que hacerlo en el camino, lejos de La Plata.
Poco antes de las 21, el Dodge Polara ingresa a la avenida Mitre, última parte del trayecto a Buenos Aires. Entonces, los otros dos vehículos, que lo han seguido a más de cien metros mientras se desplazaban por el Camino Centenario, acortan la distancia. La camioneta –amarilla, con llamativas rayas rojas– encabeza la marcha, el Ford Falcon va atrás, como apoyo. Los asesinos no actúan todavía. Están esperando a que el auto del intendente entre en la jurisdicción de la comisaría de Sarandí, a la cual se le ha dado la orden de liberar la zona. No es una orden extraña para los policías, que se han acostumbrado a recoger los cadáveres acribillados que les deja la banda del Indio Castillo.
Faltan pocas cuadras para que el Dodge llegue al puente Sarandí cuando el conductor de la camioneta aprieta el acelerador y se pone a la par del auto del intendente. Nadie, dentro del Polara, presta atención a la maniobra. Villalba cree que la camioneta simplemente quiere adelantarse. Por eso, la lluvia de plomo que escupe la camioneta los sorprende. Son balas de ametralladora y de Itaka. Decenas de balas, que la CNU no acostumbra a economizar cuando se trata de matar. La mayoría se concentra en el asiento trasero del Dodge, donde están sentados Cartier y Balverde. El intendente muere instantáneamente; el director de Tránsito queda herido de gravedad y agonizará durante horas, antes de morir en el Hospital de Avellaneda. En el asiento delantero, Otero recibe heridas leves; el chofer Villalba demorará minutos en convencerse de que está milagrosamente ileso. El Dodge, perforado por las balas, queda detenido a un costado de la avenida Mitre. La camioneta y el Ford Falcon se pierden en dirección a Buenos Aires, con la misión cumplida.

Lavado de manos. Desde un primer momento, el gobierno de Victorio Calabró intentó endosarle el atentado a la izquierda peronista. La versión resultaba difícil de creer, ya que el intendente platense, aunque enrolado en la ortodoxia peronista e incondicional del gobierno nacional, no era un objetivo lógico para Montoneros. El gobernador, a través del secretario general de la gobernación, Juan De Stéfano, repudió el atentado. La CNU platense intentó despegarse del asesinato con un comunicado donde expresaba su “más enérgico repudio por este nuevo hecho de sangre que enluta al país y que, como muchos anteriores, forma parte de la estrategia del enemigo sinárquico, cuyos objetivos son la destrucción del Movimiento Nacional Justicialista y de la Nación Argentina”.
Como la versión del atentado por izquierda no cuajó, el gobierno bonaerense hizo llegar a periodistas de confianza otro rumor: que se trataba de un ajuste de cuentas por cuestiones de dinero y que, al ser asesinado, Cartier se dirigía a Buenos Aires llevando consigo una fuerte suma en pesos argentinos, dólares y pesos mexicanos con la intención de irse del país.
Esta versión también era completamente falsa. Cuando fue asesinado, Cartier iba a Buenos Aires para reunirse con el gobernador de La Rioja, Carlos Menem, quien se encontraba en la Capital Federal para participar de una reunión de gobernadores para elaborar un documento con dos ejes centrales: el apoyo a la gestión de Isabel Perón y un pedido de reorganización interna del Justicialismo. El documento –de más de mil palabras– fue dado a conocer el 15 de julio, con la firma de todos los gobernadores provinciales a excepción de uno: el bonaerense Victorio Calabró, quien según informaron los diarios del día siguiente, no había podido ser ubicado por sus colegas ni siquiera telefónicamente.
Muchos años después, en 2008, Carlos Menem confirmaría en una entrevista realizada por Pacho O’Donnell y publicada por la revista Gente, que Cartier iba a Buenos Aires para reunirse con él. “Eran tiempos de la ominosa Triple A. No tardaron en hacerme saber que me iban a matar. No le di mayor importancia –relató, canchereando, para luego seguir-. Había combinado una entrevista con el intendente de La Plata, Rubén Cartier, y lo esperé en mi habitación del Hotel República. Pero quienes llegaron fueron el gordo Gostanián y otros amigos, muy alterados, con la noticia de que a Cartier lo habían asesinado mientras se dirigía a nuestro encuentro. Entonces me trajeron a esta quinta (la de Gostanían, donde se realizó la entrevista con Pacho O’Donnell), tirado en el piso del auto, custodiado por algunos de la Federal que me eran leales y después, en cuanto se pudo, viajé a La Rioja, donde estaba más seguro.”

La ofensiva de Calabró. “El asesinato de Cartier fue consecuencia de la lucha política de la vieja ortodoxia justicialista con el sector gremial que había irrumpido en la dirección del Movimiento y que representaba a lo más rancio del viejo vandorismo. Calabró, además, ya estaba teniendo contactos con los militares golpistas. Cartier, que estaba alineado con Isabel, lo enfrentaba y lo resistía desde la intendencia de la capital provincial. Calabró utilizaba a la CNU para sacarse de encima a quienes lo enfrentaban; el atentado contra Cartier hay que leerlo en ese contexto”, dijo a Miradas al Sur un dirigente peronista que era concejal platense en 1975.
Muerto Rubén Cartier, la intendencia de La Plata quedó a cargo del presidente del Concejo Deliberante, Juan Pedro Brun, un dirigente del gremio platense del Turf. Desde que había asumido como gobernador –tras el desplazamiento de Oscar Bidegain-, Calabró había desplegado fuerzas en el Hipódromo de La Plata, que utilizaba para hacer caja. Como parte de esa ofensiva, había nombrado allí a varios notorios integrantes de la CNU. Como ya ha publicado Miradas al Sur, la CNU platense asesinó a varios delegados de los empleados del Hipódromo platense.
La primera directiva que el flamante intendente Brun recibió de Calabró fue casi una amenaza. De acuerdo con el reglamento, la presidencia del Concejo Deliberante debía quedar a cargo de su vicepresidente 1°, Babi Práxedes Molina, un dirigente que pertenecía a la izquierda peronista. “Si asume Molina, intervengo la intendencia”, le dijo Calabró a Brun. Para evitar la intervención, Molina renunció a la vicepresidencia del cuerpo y en su lugar asumió la concejal Centenari Heredia, afín al gobernador.

Por Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal